Sucede en Colombia pero no es un relato de realismo mágico de Gabriel García Márquez. Compartimos tres artículos que informan sobre la situación creada en la zona de la Cordillera Central de Colombia por la presencia de las mineras Anglo Gold Ashanti, San Lucas Gold y Uragoldcorp. Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. Los planes de explotación auríferas chocan con el interés de agricultores, activistas y autoridades ambientales de preservar bosques y recursos hídricos; las fuerzas armadas, guerrilleras y parapoliciales también actúan en la región.

Vista de Cajamarca en Colombia, a 5,5km se ubica Con frecuencia, en regiones como el Magdalena Medio el oro se vuelve plomo
Revista semana
Colombia – 28 Julio 2009.

INVESTIGACIÓN. En la zona de influencia de la Serranía de San Lucas vino la gran minería, se reforzó el Ejército, y en lugar de tranquilidad, hubo mayor tensión. Las sospechosas muertes de dos líderes así lo demuestran.
Investigación especial de Semana.com.

Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas.

Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp.

También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro). No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos.

Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión. Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores.

E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada).

Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual.

Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones.

Los mineros artesanales Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos.

Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse.

En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos.

Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece.

Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas. Fusilado y sin registro Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños.

Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol. Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo.

El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados.

Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony.

“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares. Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército.

Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región.

La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo.

Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado. Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar.

La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso. Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido.

La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar). Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”.

Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe) Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona.

Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado.

El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados. En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla.

Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola. La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.

Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Además, según explicaron voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas. La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar.

Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país. La AngloGold no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia. Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente.

Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación.

Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región. El caso García Unos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc). El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras. El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar.

El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones.

Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc. La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro.

Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación. Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío.

Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario.

Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias. Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47. Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”.

Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto. Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó.

Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército). Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles.

Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando.

La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles. A juzgar por los hechos aquí descritos, hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región.

Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo.

Conflicto aurífero en la Cordillera Central
Por Helda Martínez enviada de IPS
Ibagué, Colombia – 12/08/09.

En una zona protegida de la Cordillera Central de Colombia chocan planes de explotación aurífera con el interés de agricultores, activistas y autoridades ambientales de preservar bosques y recursos hídricos.

Un movimiento conformado por 25 organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y locales reclama al Estado que ponga freno a las tareas de exploración que desarrolla la empresa minera trasnacional AngloGold Ashanti, con sede en Sudáfrica.

La compañía, que trabaja en la zona desde 2006, espera la autorización para concluir las exploraciones de un yacimiento situado en el municipio de Cajamarca, en el centro-occidental departamento de Tolima, enclavado en la Reserva Forestal Central.

La Ley Segunda de 1959 demarcó esta reserva con el fin de garantizar la protección de una franja de 1,5 millones de hectáreas que discurre de norte a sur en el centro-oeste de Colombia, pasando por 10 departamentos, entre ellos Tolima.

En esta área se encuentran recursos acuíferos claves, como la llamada estrella hídrica del Tolima, una zona de 160 nacientes de agua, y la cuenca del río Coello, así como los ecosistemas que los sustentan: páramos, bosques de niebla y zonas forestales protectoras y productoras, según la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), máxima autoridad ambiental del departamento.

En la última década, la empresa obtuvo autorizaciones para explorar en 27 sitios del Tolima, 15 en la zona rural de Cajamarca, otorgadas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería del Ministerio de Minas y Energía. En 2006, descubrió el yacimiento.

En diciembre de 2007, la corporación anunció que la riqueza explorada en La Colosa –estimada inicialmente en 12,3 millones de onzas de oro– la convertían en uno de los 10 mayores yacimientos auríferos del mundo.

En enero de 2008 la empresa contrató a 400 trabajadores e intensificó las tareas de exploración, tomando muestras de agua y tierra con 74 perforaciones de “hasta 700 metros de profundidad”, dijo a Tierramérica el activista Evelio Campos, coordinador de la organización no gubernamental Ecotierra de Cajamarca. En febrero de ese año, la directora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, solicitó la intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que ordenara la suspensión del proyecto.

Por ley, la cartera ambiental debe conceder un permiso a las actividades productivas en zonas protegidas, llamado “sustracción de área”, que consiste en delimitar un terreno donde no haya más que pastos y rastrojos para trabajos básicos que no afecten las especies protegidas, explicó Bonilla. Ese permiso no había sido solicitado por la empresa, así que la petición de Bonilla fue aceptada.

“En febrero de 2008 se suspendieron los trabajos por orden del ministerio”, dijo a Tierramérica el estudiante de economía Cristian Frasser, de la Universidad del Tolima y miembro de la no gubernamental Conciencia Ambiental. Pero en mayo de este año la compañía formalizó un pedido para operar en 515 hectáreas con el fin de determinar la viabilidad económica y ambiental del proyecto, y el Ministerio de Ambiente se lo concedió sólo para una superficie de 6,4 hectáreas.

La contratación de trabajadores se ha reducido a no más de 30, pero es imposible obtener datos precisos porque la información sobre el proyecto está restringida y el acceso a la mina permanece resguardado por el ejército. La Colosa se encuentra a 5,5 kilómetros en línea recta del casco urbano de Cajamarca, y a 35 kilómetros al oeste de Ibagué, la capital departamental.

En Cajamarca viven unas 25.000 personas, la mayoría campesinas. Unos pocos se dedican al comercio, instalado en torno de la plaza central del casco urbano, paso obligado entre el centro y el oeste del país, por su proximidad con la carretera Panamericana.

La zona rural es de algo más de 500 kilómetros cuadrados y abarca todos los pisos térmicos de la montaña, en los que prosperan, según las temperaturas, cultivos de café, frutas y hortalizas como la arracacha (Arracacia xanthorriza), una especie de tubérculo comestible apto para suelos fríos. Ese desarrollo agrícola corre peligro si las autoridades dan luz verde a la actividad minera, afirman los críticos.

A la campaña contra La Colosa se sumaron la organización católica Pax Christi Holanda, y parlamentarios de diferentes tendencias políticas, la Procuraduría General de la Nación y el procurador ambiental y agrario de Ibagué, Diego Alvarado. En una audiencia pública celebrada en febrero, Alvarado sostuvo que “el oro de La Colosa se encuentra diseminado en las rocas, en concentraciones de pocos gramos por tonelada, lo que exige que la explotación sea intensiva y a cielo abierto, con graves perjuicios para la región”.

Ese modo de producción consiste en extraer enormes cantidades de roca, que deben ser luego sometidas a un proceso químico conocido como lixiviación, que precipita el oro, separándolo del resto de los minerales. “Para la lixiviación se utilizará cianuro, por lo que es imposible creer que esta actividad sea compatible con el uso del suelo en zonas de reserva forestal, si el cianuro contamina el agua del subsuelo”, observó Alvarado.

Un estudio ejecutado por el hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, contratado por Pax Christi, estimó que se necesitaría “un metro cúbico de agua por tonelada de mineral procesado por segundo” para lavar el oro. “Si estiman procesar entre 20 y 30 millones de toneladas de mineral al año, significaría entre 630 y 950 millones de metros cúbicos de agua por año. O entre nueve y 24 billones de metros cúbicos durante la vida de la mina, que se calcula entre 15 y 25 años”, anotó Moran en su informe.

Ese consumo acabaría con el agua que alimenta “el acueducto de los cultivos, con 400 kilómetros de canales que riegan arroz, sorgo y algodón en el centro y el sur del departamento, y que provee a cinco acueductos municipales”, dijo a Tierramérica la activista Paola Robayo, estudiante de ingeniera forestal en la Universidad del Tolima.

Las autoridades deberían decidir entre suspender la autorización de exploración, y por consiguiente cerrar el paso a la explotación futura, o cambiar la denominación de la reserva forestal de modo que se permitiera intervenir el área sin restricciones. “Sabemos de la influencia de la AngloGold Ashanti en países de alta corrupción como Colombia, por lo que no nos extrañaría que acabaran por cambiar la legislación”, dijo el activista Campos.

El mes pasado, el presidente de la filial en Colombia, Rafael Hertz, dijo a la prensa que en julio se conocería la decisión del ministerio. Mientras tanto, la empresa lleva a cabo en la zona inversiones de carácter social. “Pintan casas, pavimentan calles y hacen donaciones a escuelas y colegios”, dijo Campos.

También patrocinó el Festival Folclórico de Ibagué, que se celebra durante dos semanas en el mes de junio. Paradójicamente, esa fiesta popular sirvió de ámbito para que los críticos distribuyeran folletos y expusieran pancartas contra La Colosa. Este artículo fue publicado originalmente el 4 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

El oro no brilla para las mujeres de Tolima
Por Helda Martínez enviada de IPS
Ibagué, Colombia – 12/08/09.
Entre la vulnerabilidad y el coraje oscila estos días la población femenina de los municipios de Cajamarca e Ibagué, en el andino departamento colombiano de Tolima, por la posible explotación de una mina de oro, que alteraría la forma de vida de toda la zona.

Las emociones contrapuestas son en este caso comunes, pese a la diferencia socioeconómica de las mujeres de los dos municipios, distantes entre sí 35 kilómetros y unidos por la carretera Panamericana.

Todo comenzó en 2006, cuando la sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) descubrió una veta de oro a apenas cinco kilómetros de Cajamarca, una población de 25.000 habitantes que en más de 90 por ciento viven de la agricultura y la ganadería.

La transnacional tenía permiso del Ministerio de Minas para explorar en 15 áreas del municipio y en otras 12 en el resto del departamento. Al comenzar las actividades de exploración en la mina llamada La Colosa, la tranquilidad de la zona se alteró rápidamente y, apagada la euforia inicial por el espejismo de oportunidades derivadas del yacimiento, la población pasó a organizarse para enfrentar una actividad que modificaría su ecosistema y forma de vida, y no para bien.

En Ibagué, la capital del departamento centro-occidental, con más de medio millón de habitantes y nueve universidades, las estudiantes asumieron un papel protagónico en la movilización.

De hecho, cifras del Ministerio de Educación indican que las mujeres superan en dos puntos porcentuales a los varones en las universidades de la capital de Tolima, que vive del comercio y de actividades derivadas de la producción agropecuaria y de su naturaleza.

En Cajamarca, donde no hay centros de educación superior, también hay más mujeres universitarias que varones. De los 463 habitantes que en 2005 realizaban estudios superiores, 58,3 por ciento eran mujeres, según el censo nacional de ese año. Pero en la región la discriminación no sabe de estudios, y a la hora del empleo son las mujeres de Ibagué y sobre todo de Cajamarca las que tienen más dificultades de inserción. También la pobreza las afecta más a ellas, explicó a IPS la estudiante de economía de la Universidad de Tolima, Diana Ávila, que realiza su tesis sobre el problema.

“La ocupación para muchas mujeres son los trabajos domésticos y sin condiciones apropiadas”, explicó Ávila. La comunicadora María Alexandra Herrán añadió que la situación socioeconómica también provoca que en Cajamarca “niñas y jóvenes ejerzan la prostitución, incluso impulsadas por miembros de su propia familia”.

“Cajamarca es un sitio de paso permanente, de tránsito de camiones, por ejemplo, lo que incide en los índices de prostitución y altos niveles de enfermedades por contagio sexual”, explicó a IPS. LA COLOSA,

EL RECHAZO QUE UNE
Con este contexto, el movimiento contra La Colosa se consolidó cuando AGA anunció en diciembre de 2007 que las exploraciones confirmaban que se trataba de uno de los 10 mayores yacimientos de oro del mundo. El activismo anti-minero generó un movimiento social en torno a 28 organizaciones no gubernamentales, casi todas creadas el último año, algunas este mismo mes, y siempre con destacada participación femenina.

“En número estamos equilibrados hombres y mujeres, pero nosotras no paramos”, explicó Ávila, activista de la no gubernamental Conciencia Ambiental. Su compañero de economía, Cristian Frasser, dijo a IPS que “es inmenso el trabajo de las mujeres en esta resistencia”, tanto universitarias como campesinas.

También calificó como “valerosas las acciones desarrolladas por Carmen Sofía Bonilla”, directora de la estatal Corporación Autónoma Regional de Tolima (Cortolima). Bonilla es la heroína de los opositores a La Colosa, porque pese a las presiones se apertrechó en reglamentos y argumentos técnicos para primero reducir el terreno en que AGA podía explorar y después impulsar su paralización.

Otra mujer de Tolima, la legisladora liberal Rossmery Martínez, convocó un debate en la nacional Cámara de Representantes sobre la ilegalidad de la exploración en una reserva forestal y logró sumar a la causa a la izquierdista senadora Gloria Inés Ramírez. Las acciones de Bonilla, el debate legislativo y las posteriores audiencias públicas en Ibagué y Bogotá decidieron al Ministerio del Ambiente a suspender las actividades en La Colosa, en febrero de 2008, mientras se analiza si la mina puede convivir con las normas y limitaciones de uso de la reserva forestal y del enclave de riqueza hídrica donde se ubica.

Desde entonces, las estudiantes universitarias, en especial las de las facultades de ingeniería forestal y economía, aumentaron su participación en el movimiento contra el yacimiento, conscientes de que la paralización es, al menos por ahora, solo temporal. Los activistas se miran en el espejo de Ataco, una población del sur de Tolima, donde la movilización social logro cerrar 27 años atrás otra explotación aurífera, en una acción comandada por las mujeres de la zona.

Entonces, la afectada fue una empresa colombiana. Los opositores a La Colosa también promovieron la incorporación a la lucha de mujeres de espacios y sectores directamente afectados, en especial campesinas, con jornadas conjuntas de reflexión, a una de las cuales asistió IPS. “Apoyamos el trabajo de difusión y sensibilización con llamados sobre los impactos que la explotación dejará, como escasez de agua y contaminación masiva, lo que afectará especialmente la salud de niños, ancianos y madres gestantes”, explicó Herrán.

“Como mujeres trasmitimos mensajes a otras mujeres”, agregó, al explicar que las jornadas se realizan en Ibagué, Cajamarca y municipios de la zona llana del departamento, en donde hay extensos cultivos de arroz, algodón y sorgo. A los talleres se sumó una campaña por Internet, que obtuvo numerosos apoyos. Ávila destacó un mensaje que decía: “Estoy con ustedes porque mi hijo bebe agua y no toma oro”.

“Me impactó porque sinteriza claramente lo que pasaría con la explotación”, dijo la estudiante. Los mensajes también motivan a las mujeres de Cajamarca. Aura María Díaz, habitante de esa población, reconoció a IPS la falta de oportunidades que tienen la mayoría de mujeres en la región, más allá del trabajo en el campo. “He tenido dudas sobre las ventajas de la mina, pero ahora sí empiezo a creer que eso acabaría con la agricultura y la tranquilidad del pueblo porque ya hay ladrones y atracadores, y tenemos miedo de salir de noche”, dijo.

El número de prostitutas se elevó considerablemente cuando la trasnacional empezó los trabajos ahora suspendidos, agregó. En la etapa inicial, fueron contratados 400 obreros, por lo que llegaron muchos forasteros y se creó la ilusión de una bonanza que triplicó el costo de los arriendos y el precio de venta de casas y fincas.

También se produjo la contratación de algunas mujeres. “No fueron muchas, porque el trabajo minero es para obreros rasos y hay pocas labores para mujeres, aparte de la cocina”, anotó Ávila. “Los taladros son gigantescos y hay que subir por una montaña con pendientes de hasta 45 grados. Podría haber mujeres en rangos ejecutivos, pero no lo sabemos con precisión”, agregó Frasser.

También trascendió que las condiciones laborales para las mujeres “no fueron las mejores, aunque no es posible conocer cifras precisas porque AGA esconde información”, dijo a IPS Evelio Campos, natural de Cajamarca y coordinador de Ecotierra.

“Estamos recopilando información y sabemos que a varias les dieron la oportunidad de estar en la mina, incluso como supervisoras de las perforaciones, pero las despidieron cuando algunas quedaron embarazadas”, agregó.

“La historia minera confirma que en los lugares donde se desarrolla la minería se acrecientan la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo”, puntualizó Frasser. Olivia Gil, habitante de Cajamarca y frontal opositora a la mina, está convencida de que eso pasaría allí si se abre La Colosa.

“Siempre escuché que allá donde se hace minería quedan en la ruina después de la intervención, aunque al principio haya abundancia”, dijo a IPS. “Ahora no vivimos en la abundancia, pero tenemos como vivir tranquilas, que es lo que quiero para mis nietas”, anotó.

Ella no pierde la esperanza de que el día en que sus nietas, hoy niñas, sean grandes, tengan mayores opciones que las actuales en Cajamarca. “Quiero algo distinto a las poco creíbles fantasías de algunos estos días y que la diversión no sea sólo bailar y beber, para después embarazarse.

No deseo eso para mis nietas”, agregó. Por eso, su hija vive en Ibagué, donde hay mayores posibilidades para las mujeres, “con todo lo que hace falta para que el futuro de mis nietas sea mejor que el de su madre y el mío”, concluyó.