La ciudad y el estado de San Luis Potosí deben su nombre a su riqueza minera que se localizó, entre otros sitios, en el cerro de San Pedro, ubicado en las goteras de la señorial capital del estado. Pese a que sus yacimientos se han agotado, la ambición y voracidad de la empresa canadiense Minera San Xavier consiguió una nueva concesión para sobreexplotarlo, no obstante que hoy constituye un ejido dedicado a siembras diversas y al pastoreo de ganado menor. Incluye el artículo: En Cerro de San Pedro las autoridades violan la Constitución para favorecer a MSX
Jesús González Schmal
México -06/06/09. Desde luego, en las laderas del cerro quedó el testimonio de lo rico que fueron las minas porque existe un hermoso pueblo del siglo XVII con todas sus construcciones coloniales y con un potencial turístico enorme, si se restauran algunas de sus edificaciones.
No obstante ello, la Semarnat otorgó un permiso para arrasar lomeríos y serranías para obtener algo de plata y oro que se supone existe, pero cuya extracción significa una depredación descomunal que, obviamente, no se justifica por los daños irreversibles que provoca para las actuales y futuras generaciones de potosinos.
Los ciudadanos responsables en la defensa de su patrimonio cultural y natural constituyeron la Asociación Pro-San Luis Ecológico que, después de diez años de lucha, acaban de ganar una queja contra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa lo obliga a que reconozca que la segunda autorización que Semarnat otorgó a la empresa minera canadiense Minera San Xavier es improcedente porque había quedado anulada la inicial y constituyó una burla el conceder una nueva, en idénticas condiciones que la anterior.
Es obvio que, como se podrá constatar, los daños ecológicos son irreparables pero, cada día que pasa, sin detener el avance de gigantescas explosiones y de máquinas arrasando cerros y planicies, los efectos fatales seguirán creciendo.
En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se está llevando a cabo en Cozumel, México no tendrá cara ante el mundo para hablar del tema.
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En Cerro de San Pedro las autoridades violan la Constitución para favorecer a MSX
El Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier denuncia:
La Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro está cometiendo una serie de ilícitos para favorecer a la Minera San Xavier. Además de permitir que trabaje sin permisos municipales, además de permitir que la MSX cerque el pueblo invadiendo predios particulares, hoy ella misma, violando la Constitución , está tapiando las entradas de las casas particulares de opositores a la MSX ; sólo como ejemplo:
El día 19 del presente mes, el Sr. Gabriel Muñiz Vega, dueño de la finca ubicada frente a la plaza principal de la cabecera municipal de Cerro de San Pedro se encontrara fuera del poblado, aprovechando que sólo dejo a unos trabajadores haciendo reparaciones en su finca, la Presidenta Municipal , Rosaura Loredo Loredo, se presentó en el inmueble citado acompañada de miembros de la policía municipal y sin justificación u oficio que avalara los hechos, ordenó a las personas que trabajaban en dicha finca que la desalojaran. Acto seguido dio instrucciones a dos personas más que la acompañaban que clausuran todos los accesos al inmueble con piedra y mezcla.
Cabe aclarar, que los trabajos que el Señor Gabriel Muñiz está realizando en su finca cuentan con todos los permisos correspondientes como son el de Obras Públicas y el del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).
El afectado Gabriel Muñiz ya interpuso una queja ante La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el INAH cuyo personal de las antedichas instituciones ya se trasladaron a Cerro de San Pedro para que dentro de sus respectivas áreas actúen en consecuencia. También presentará en breve la correspondiente demanda legal en contra de la Señora Rosaura Loredo por invasión y daño en propiedad privada, por abuso de autoridad, daño moral y lo que mas resulte.
Otro ejemplo es la finca enfrente de la casa ejidal, igualmente tapiada por trabajadores mandados por la presidencia municipal, además de cercar varios predios particulares aledaños a la casa ejidal mostrando de este modo el intento de desarticular la resistencia y acallar las manifestaciones de protesta pacífica que ejercen los pobladores, el núcleo agrario y el FAO dentro de Histórico pueblo de Cerro de San Pedro.
La Minera San Xavier necesita, para continuar con su proyecto, desalojar a los habitantes de Cerro de San Pedro y una vez logrado esto destruir el pueblo para sacar la riqueza de sus entrañas; todo parece indicar que la presidenta municipal trabaja para la Minera San Xavier.
En Cerro de San Pedro las autoridades violan la Constitución para favorecer a una empresa extranjera canadiense que contamina y daña el patrimonio cultural de los mexicanos y de la humanidad.
Por la clara intención de los hechos anteriores responsabilizamos a la Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro, al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y a la Minera San Xavier del clima de enfrentamiento que están propiciando. También exigimos que se respete la integridad fisíca de los opositores a la MSX.
San Luis Potosí 24 de Junio 2009
DENUNCIA ANTE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Lic. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES PRESIDENTE DE LA CEDH
Dr. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNANDEZ PRESIDENTE DE LA CNDH
DR. ESTUARDO MARIO BERMÚDEZ MOLINA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS SEGOB
LIC. EDUARDO MEDINA-MORA ICAZA PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
.LIC. MANLIO. FABIO BELTRONES RIVERA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE SENADORES
DIP. JAVIER GONZÁLEZ GARZA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
C. ALBERTO BRUN REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
NAVANETHEM PILLAY ALTA COMISIONADA DE LA ONU
SANTIAGO CANTÓN SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIDH
PRESENTES.
Habitantes y ejidatarios del poblado de Cerro de San Pedro del estado de San Luis Potosí, México, con domicilio para oír y recibir información en la calle de José María Flores No. 305 en el barrio de San Sebastián en la ciudad de San Luis Potosí. Solicitamos por este medio y de manera urgente, su intervención ante los actos de intimidación y agresión física de que estamos siendo objeto por parte de los paramilitares de la transnacional empresa canadiense Minera San Xavier S.A. de C.V. que operan apoyadas y con la complicidad de las autoridades estatales y municipales.
HECHOS
1.- Desde la llegada en 1996 de la empresa Minera San Xavier a Cerro de San Pedro, se han suscitado una serie de atentados y actos de terrorismo hacia los miembros de los grupos inconformes con el proyecto minero, que dicha empresa desarrolla por el sistema de tajo a cielo abierto y el uso de varias toneladas diarias de cianuro de sodio mezcladas con millones de litros de agua, mezcla que utiliza para sus procesos metalúrgicos. Actividad que ya de por si implica un peligro para la salud del millón y medio que habitamos la ciudad y su zona conurbada, dado que el citado proyecto se localiza a escasos 8 kilómetros de la ciudad capital, lo cual viola el derecho ciudadano a desarrollarse en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como el derecho a disfrutar del patrimonio histórico que está siendo afectado. Para mejor control, la empresa minera cercó con malla ciclónica todo el poblado, dejando solo una entrada. A la vez las patrullas de la empresa toman nota de las personas y vehículos que entran y salen.
Es importante señalar que la empresa en cuestión, está operando en la total ilegalidad, pues en octubre de 2004, La Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en respuesta a un juicio de nulidad interpuesto por Pro San Luis Ecológico A.C. resolvió la nulidad definitiva de la autorización que SEMARNAT le había otorgado para su operación. La resolución se dio en base a que esta se dio violando una serie de normas y leyes ambientales, pero en especial porque la zona donde se asienta el proyecto minero, es una zona decretada como de preservación de la vida silvestre por decreto publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 1993. Aún en esta situación la empresa está operando, lo cual no podría ser sino con la anuencia y complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
2.- El 20 de marzo de 1998 fue asesinado el presidente municipal Baltasar Reyes Loredo después que había denunciado la compra-venta ilegal de fincas por parte de la empresa Minera San Xavier en la que involucraba a autoridades municipales. A pesar de que hubo testimonios y se presentaron pruebas de los supuestos involucrados en el crimen, las autoridades correspondientes no actuaron quedando el crimen en la impunidad.
3.- En febrero 12 del 2002 un grupo de vecinos del municipio de Cerro de San Pedro, interpuso una demanda ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la mesa dos No. De Exp. 560/2001 para denunciar la arbitraria e ilegal cancelación por parte de la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V. de las servidumbres de paso que desde hace cientos de años sirvieron para comunicar la cabecera municipal con las comunidades de Cuesta de Campa y Portezuelo afectando a los habitantes de las dichas comunidades. El ministerio Público, nunca ha resuelto el caso.
4.- En marzo de 2006, los compañeros Lorena Gil Barba y el Lic. Enrique Rivera Sierra fueron brutalmente agredidos y golpeados por un grupo de paramilitares al servicio de la empresa Minera San Xavier por el hecho de estar repartiendo volantes que hablaban de los graves impactos de la minería. El Lic. Rivera sufrió tres heridas de 5 centímetros en el cráneo. Estos hechos fueron denunciados y se instauró una demanda penal ante las autoridades competentes con número de Exp. que no solo no fue atendida, sino que causó una reacción contraria de acoso de la policía estatal contra el agredido Enrique Rivera quien se vio obligado a pedir asilo político en Canadá donde hasta la fecha permanece.
5.- El día-22 de junio de 2007 la empresa Minera invadió las casas de los señores Pedro Rangel Mendoza y Marcos Rangel Mendoza metiendo una cerca dentro de sus casas y despojándolos de parte de sus propiedades, estas personas denunciaron los hechos ante el ministerio público en la cabecera municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y turnado a la PGJE con los números de expedientes 396/VII- 2007 y 397/ VII-2007. Hasta la fecha las autoridades no han hecho nada para sacar a la empresa invasora y que los afectados puedan recuperar sus propiedades. Cabe señalar que esta comisión estatal de Derechos Humanos conoció del caso y quedó asentado en el Exp. CEDH-Q 699/2007.
6.- El 18 de diciembre de 2007, los integrantes del núcleo agrario de Cerro de San Pedro interpusieron ante el agente del ministerio público de la PGR adscrito a la unidad especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente en la ciudad de México, la demanda con número de Exp. A.P.05/UEIDAPLE/DA/27/2008. Para lo anterior se ofreció un expediente cargado de pruebas documentales. Posteriormente se llamó a declarar a los denunciantes y el 31 de marzo de 2008 se presento una ampliación de denuncia, hasta el momento esta dependencia no ha actuado en consecuencia.
7.- En noviembre de 2008 los paramilitares al servicio de la empresa minera balearon la casa del Sr. Armando Mendoza Ponce y la camioneta de su hijo Joaquín Mendoza Rocha, una patrulla de la policía municipal que se encontraba cerca del lugar se negó a prestar ayuda a las víctimas, se hizo una denuncia de hechos ante el ministerio público sin que hasta la fecha haya prosperado.
8.- El 17 de julio de 2008 un grupo de personas trabajadores de la empresa minera San Xavier agredió con machetes y piedras al Ing. Mario Martínez Ramos quien acompañaba a dos periodistas franceses que tomaban fotografías de los daños que está causando la empresa minera en el poblado. Se presentó la demanda acompañada de un DVD que muestra el desarrollo de la agresión y se ve con toda claridad a los agresores. En la PGJE mesa de asuntos relevantes Exp. AP/PGJE/SLP/UEARM/1/57/VII/2008 quedó asentada la demanda. Aun con todas estas pruebas y evidencias las autoridades se han negado a actuar.
9.- El día de ayer 19 de junio aprovechando que el Sr. Gabriel Muñiz Vega se encontraba en la ciudad de México, y que dejó a unos albañiles haciendo trabajos de reparación a la finca de su propiedad, se presentó la presidenta municipal Rosaura Loredo Loredo acompañada de la policía y de otras personas y ordenó al albañil que se saliera de la finca; acto seguido dio ordenes a las personas que la acompañaban, supuestamente albañiles, que cerraran con piedra y mezcla todas las entradas (3) a la finca sin que para esto hubiera una orden judicial o justificación.
10.- En el año 2004, la Secretaría de la Defensa Nacional negó el permiso de explosivos por reconocer que causaba daños ambientales y alteraba la paz social al poner en peligro la vida de los habitantes del poblado, meses después en el mismo año otorgó el permiso para el de uso de 25 toneladas diarias de explosivos, que se está haciendo a 50 metros de las viviendas poniendo en peligro inminente la salud y la vida de los habitantes del poblado. De esto en repetidas ocasiones hemos interpuesto denuncias incluso a la Comisión Estatal de D.H. Nunca se han atendido nuestras quejas.
Es obvia la ausencia del estado y la desatención social de las autoridades en garantizar el respeto a los más elementales derechos humanos. Hay una total impunidad en este orden que está ocasionando daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del histórico pueblo de Cerro de San Pedro y sus habitantes que a diario exponen sus vidas a causa de las detonaciones de varias toneladas de explosivos que a diario lleva a cabo la empresa Minera San Xavier a 50 metros del poblado.
No es novedad que la justicia no funciona ante los grandes intereses, tampoco la grave corrupción de la justicia que premeditadamente actúa a favor de los criminales intereses de esta empresa minera que tiene la capacidad de silenciar y convertir a gobernantes de todos niveles, Secretarios de estado y medios de difusión en mercenarios a su servicio, los cuales criminalizan nuestro legítimo derecho a la defensa de nuestra supervivencia, de nuestra seguridad, de nuestros derechos fundamentales y los toman como pretexto para reprimir a las víctimas.
Estos son algunas de las tantas demandas que esta empresa en complicidad con las autoridades ha llevado a cabo, además de la campaña de terrorismo a base de intimidación y amenazas de las cuales la mayoría han sido denunciadas a esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos sin que tampoco haya pasado nada.
En atención a lo anteriormente expuesto, solicitamos a Ustedes de la manera más atenta su valiosa intervención ante quien corresponda para que previa investigación y de acuerdo a las facultades de cada una se actué en consecuencia en defensa de los intereses colectivos.
San Luis Potosí junio de 2009.
ATENTAMENTE
GABRIEL MUÑIZ VEGA
ARMANDO MENDOZA PONCE
MARCOS RANGEL MENDOZA
PEDRO RANGEL MENDOZA
MANUELA GOMEZ TRISTAN
MARIO MARTINEZ RAMOS
ANA MARIA ALVARADO GARCIA
JESUS BARBOSA MATA
ENRIQUE RIVERA SIERRA (Exiliado en Quebec)
LORENA GIL BARBA
