Guatemala – 17/08/08- El Proyecto Marlín, mina de oro a cielo abierto en San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, es la propiedad de Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc. Desde el inicio de la explotación en 2005, la conflictividad en las comunidades afectadas sigue aumentando por problemas de medio ambiente, de casas rajadas, pozos secos y de enfermedades de piel. Nunca se realizo una Consulta conciente y informada en respeto a este tipo de “desarrollo” en San Miguel.
Fuente: Indymedia Guatemala
Mientras comunidades de San Miguel Ixtahuacán están preparándose – sin recursos – para ejercer su derecho democrático a ser consultados al respeto de la mina a cielo abierto, la mina Marlín, propiedad de Montana Exploradora, gasta miles de quetzales en campos pagados para responsabilizar de actos delincuenciales al movimiento de resistencia frente a la explotación de oro a cielo abierto.
Los días 27 y 28 de julio pasado, Montana publico una página completa en todos los medios escritos y saco unos spot radiales para denunciar supuestos crímenes de robo y asalto de vehículo, de bloqueos y agresiones físicas, de ataques con armas de fuego, y mas recientemente, del secuestro de dos trabajadores de la mina.
Se entiende que quieren justificar el preludio de la militarización y represión en San Miguel, pretendiendo que la presencia de la PNC y del Ejército de Guatemala sea la única respuesta para resolver el descontento comunitario.
La MONTANA expresa: que los esfuerzos de PNC, el Ejército y el Ministerio Publico fueron clave para la ubicación y el retorno de las personas secuestradas. Pero: ¿por que sacar a la luz pública esos supuestos delitos de manera tan agresiva, acusando a organizaciones nacionales e internacionales de llevar a cabo “actividades de manipulación y desinformación en las comunidades” , si ya intervinieron las instituciones públicas encargadas de investigar tales delitos?
En San Miguel Ixtahuacán, el día 30 de abril, la Casa del Pueblo – que es una institución maya tradicional dónde se reúnen los alcaldes indígenas de las 59 comunidades del municipio – resolvió unánimemente realizar la consulta comunitaria de buena fe.
Por lo que se puede entender que las Acusaciones de MONTANA son parte de su estrategia para generar ambiente de inseguridad y represión que obstaculice dicho proceso de Consulta Comunitaria. Hay que recordar que en este municipio nunca se realizó una consulta conciente e informada y que la mina Marlín esta operando desde hace 2 años sin el acuerdo de las comunidades afectadas, violando juntamente con el Gobierno central, al convenio 169 de la OIT y lo que establece la constitución guatemalteca.