Cuestionan a Pedro Eugenio Simón, candidato a fiscal en Santiago del Estero. Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a la policía. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Cuestionado por el Mocase, la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad que recomendaron rechazar su pliego.
Por Diego Martínez para diario Página/12
Santiago del Estero, Argentina – 19/06/09. Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras.
Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes, Pedro Eugenio Simón se postuló para fiscal federal de Santiago del Estero. Fue cuestionado por el Mocase, entre otras organizaciones, y quedó último en el concurso de la Procuración General. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional propuso su designación y pidió acuerdo al Senado.
Ahora la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad solicitaron a la Cámara baja realizar audiencias públicas para evaluar su idoneidad moral y recomendaron rechazar su pliego para garantizar “un Poder Judicial democrático e independiente” en Santiago del Estero.
Según los abogados Rodolfo Yanzón y Luis Santucho, de la Fundación LADH, Simón “representa legal y políticamente a terratenientes y empresarios vinculados a corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, “que en tiempos de los Juárez y hasta la fecha se especializa en desalojar campesinos de sus tierras”, apuntan. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario de apellido Sartor y del escribano Edmundo Gómez por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo”, sostiene el escrito.
Como diputado provincial por el peronista Bloque Lealtad Popular, Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recuerdan que el candidato era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideran “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”.
Luego de que su proyecto se convirtiera en ley, Simón participó en persona del desalojo de la familia Guzmán junto a un grupo de elite de la policía de Santiago (Getoar). Hubo intentos de expulsarlo de Diputados, pero logró mantenerse en el cargo. “Existen fundadas sospechas respecto de la falta de compromiso del candidato con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”, afirman el Cels y Copadi, y como “la Presidenta no hizo claras las razones por las cuales eligió a un candidato tan mal calificado y tan seriamente cuestionado” como Simón, solicitan al Senado que contribuya a conformar “una justicia federal democrática e independiente”.
