Derivación de la matanza en la amazonía. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI y la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería- CONACAMI, le entregaron a James Anaya, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas, un extenso documento con las demandas y propuestas de los pueblos indígenas peruanos. Señalan que “además de velar por la continuidad y expansión de las actividades mineras y petroleras, la política de tierras del Estado peruano se está orientando a la reconcentración de la propiedad rural en manos de grandes inversionistas, a efectos de aprovechar el creciente mercado de agrocombustibles”.
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Por Coordinación General CAOI
Lima, Perú – 17/06/09. James Anaya, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, anunció hoy en Perú que estará atento al desenvolvimiento de la Mesa de Diálogo con las organizaciones indígenas. Fue durante la reunión que sostuvo con dirigentes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, y la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú.
La delegación, encabezada por Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI, y Mario Palacios Panez, presidente de CONACAMI, entregó al Relator Especial un informe que resume el diagnóstico y las propuestas de nuestras organizaciones en relación a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, y un anexo de documentos que sustentan y explican las mismas.
El documento formula tres pedidos al Relator Especial:
• Identificar y proponer correctivos al racismo y etnocidio que se facilita desde el Estado, a través de un profundo Estudio Integral (social, jurídico, cultural, comunicacional) sobre los Pueblos Indígenas en el Perú.
• Presentar el estudio del caso Perú ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para el debido análisis de la comunidad internacional.
• Denunciar ante el Comité de Derechos Humanos de ONU y demás instancias del sistema universal las vulneraciones a los derechos indígenas que se identifiquen.
El diagnóstico señala que “como en toda Latinoamérica, el racismo y la exclusión social/cultural se manifiestan en diversos campos, como negación, estigmatización del otro o alienación cultural. Pero en el caso peruano hemos entrado peligrosamente a un periodo en el que existe una voluntad política expresa de confrontar en diversos terrenos con lo indígena: como forma de vida, como organización de la propiedad rural, como realidad social, histórica y jurídica”.
Advierte que “si el etnocidio implica la creación de condiciones que impiden la reproducción social integral de un pueblo indígena, podemos decir con gran pena que esa parece ser la intención que está en marcha en el país”.
El documento pone énfasis en el “sometimiento de las comunidades indígenas del Perú a condiciones que ponen en riesgo su continuidad transgeneracional; mediante políticas de promoción de industrias extractivas”.
Con respecto a la vulneración sistemática de la territorialidad indígena, el informe preparado por la CAOI hace un recuento de los cambios institucionales implementados a partir de la Constitución de 1993, promulgada por la dictadura de Alberto Fujimori, para luego señalar que en la actualidad, “además de velar por la continuidad y expansión de las actividades mineras y petroleras, la política de tierras del Estado peruano se está orientando a la reconcentración de la propiedad rural en manos de grandes inversionistas, a efectos de aprovechar el creciente mercado de agrocombustibles (fomento a las plantaciones de caña en la costa y palma aceitera o soya en la selva)”.
Subraya que “el escenario en el que nos encontramos -un gobierno que desarrolla una política de rechazo y confrontación con lo indígena como identidad y como sujetos de derecho- responde entonces a una visión de país y modelo de desarrollo que asume la expansión de las fronteras mineras, petroleras y forestales como la alternativa privilegiada de desarrollo del Perú. Este modelo no incluye a las comunidades y las percibe más bien como un obstáculo, una rémora, un problema pendiente para el proceso de modernización del país”.
El Informe resume también las propuestas de las organizaciones indígenas. Las principales son:
1. Derogatoria de los decretos legislativos que agreden los derechos indígenas y de aquellos que criminalizan la protesta social.
2. Saneamiento territorial antes de cualquier inversión.
3. Establecimiento como Ley Nacional de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
4. Promulgación de una ley que dé fuerza vinculante a los procesos de consulta y consentimiento previo a las comunidades afectadas, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Lima, 17 de Junio de 2009.
