Organizaciones no gubernamentales, intermediación social y negocios. (…) El papel de las ONG no debe reducirse a pedir el cumplimiento de los acuerdos voluntarios y de los códigos de conducta definidos por las propias empresas transnacionales. Al fin y al cabo, dar por buena la RSC implica aceptar un modelo asimétrico, en el que, mientras se refuerzan una y otra vez sus derechos para hacer negocios por todo el mundo, las obligaciones de las empresas transnacionales se dejan en manos de la ética.” Nota del editor: RSC sigla de “Responsabilidad Social Corporativa” equivalente a RSE o “Responsabilidad Social Empresaria”
Sobre las relaciones de las ONG con las multinacionales en el marco de la RSC
Pedro Ramiro y Luis Nieto
Publicado en el Nº 36 de la Revista Pueblos, marzo de 2009.
¿Cómo ha de ser la relación de las ONG con las empresas multinacionales? ¿Tienen que apoyar a las empresas que afirman actuar éticamente y de forma responsable? Para luchar contra la pobreza, ¿es necesario tejer una alianza entre el sector privado y el mundo de la cooperación al desarrollo? En estos momentos, las Organizaciones No Gubernamentales se enfrentan a preguntas como éstas en el marco de un debate crucial: ¿cuál es el papel de las ONG en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa?
En la última década, las corporaciones transnacionales, las facultades de administración de empresas y las escuelas de negocios han venido impulsando el que se ha convertido en el nuevo paradigma de comportamiento de las empresas transnacionales en la era de la globalización: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) [1]. Sobre esta idea se ha teorizado mucho en decenas de encuentros empresariales y foros académicos, mientras que en el sector de la cooperación al desarrollo no se ha producido un debate con tanta profundidad. A pesar de que algunas organizaciones sociales están empezando a construir un discurso alternativo al de la RSC, que sirva para caracterizarla y desenmascararla [2], no parece que se estén cuestionando demasiado los pasos que se están dando últimamente para avanzar en una alianza estratégica entre las grandes corporaciones y las ONG. En este sentido, creemos conveniente poner sobre la mesa algunos elementos para analizar las repercusiones que todo esto puede tener para las ONG.
Del marketing solidario al capitalismo inclusivo
Tampoco es algo novedoso el que las ONG y las empresas transnacionales lleven a cabo actividades de forma conjunta [3]. Y es que no se pueden olvidar las discusiones que, a finales de los años noventa, tuvieron lugar en el seno de las organizaciones españolas de cooperación al desarrollo a raíz del uso del marketing solidario en campañas como, por ejemplo, Juntos por África, promovida por Coca-Cola con la participación de Cruz Roja, Intermón Oxfam y Médicos sin Fronteras [4]; Fortuna 0,7, en la que colaboraron el MPDL, Acción Contra el Hambre y Codespa; así como el spot navideño de Pepsi con Médicos sin Fronteras que terminaba afirmando que “algunos creen que colaborar sólo sirve para lavar conciencias, otros creemos que lo importante es colaborar”. Avivado asimismo con la polémica generada entonces por los anuncios publicitarios de Anesvad, aquel debate trajo mucha cola, y sirvió para que en la CONGDE se llegara a un acuerdo –difícil de ser llevado a la práctica– para definir los criterios de colaboración con las empresas privadas [5].
En la actualidad, el marketing con causa sigue funcionando –”si envías un SMS hoy, muchos recibirán un mañana”, dice la campaña que hace Manos Unidas con Vodafone, mientras Caja Madrid e Intermón Oxfam nos llaman a utilizar “la tarjeta que convierte tus compras en ayuda”– pero no es, ni mucho menos, la única línea de actuación de las ONG con las empresas trasnacionales: el patrocinio de actividades, las campañas conjuntas de captación de fondos, el apoyo a través de fundaciones, y los avales de ONG a los códigos de conducta de multinacionales, entre muchas otras iniciativas, conforman el amplio abanico de posibilidades que entran dentro de la RSC.
En este modelo de empresa responsable, a los grupos de interés [6] que ya formaban parte del núcleo de gestión empresarial –empleados, accionistas y propietarios– se les suman otros actores que también han de ser tenidos en cuenta: consumidores, clientes, proveedores, comunidades locales, administraciones públicas y, naturalmente, ONG. Como dice Ignasi Carreras, “las ONG son un actor fundamental para que la responsabilidad social empresarial avance” [7], y es que ya no sólo se trata de emplear la filantropía y el asistencialismo: ahora además entran en juego todo lo que el presidente del BBVA denomina “oportunidades sociales de negocio, es decir, productos, servicios y actividades con beneficio social o medioambiental relevante y de alto valor para el cliente” [8].
En palabras del director de Reputación Corporativa de Telefónica, “hay que pasar de acciones de patrocinio con ONG y asociaciones del tercer sector a buscar nuevos modelos de negocio junto con estas asociaciones”, o sea, que se trata de “buscar nuevas fórmulas de negocio inclusivas que ayuden a convertir en verdaderos clientes a colectivos en riesgo de exclusión (mayores, discapacitados, personas de bajos recursos, menores, etc)” [9]. Es el capitalismo inclusivo, “un modelo de negocio rentable, que sirve a las comunidades más pobres” [10], con el que se pretende llegar a un enorme mercado compuesto por los más de 4.000 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día.
Las multinacionales y la lucha contra la pobreza
Un reciente seminario organizado por la Fundación Codespa se iniciaba con la pregunta “¿Cómo convertir los riesgos ocasionados por la pobreza y la desigualdad en oportunidades?” [11]. No en vano, como dice Naomi Klein, aprovechar las crisis y los desastres ha venido siendo, desde mediados del siglo pasado, la tónica para ir implantando las políticas neoliberales por todo el globo [12]. En este sentido, se trata de empezar a tomar en cuenta a los sectores empobrecidos como potenciales consumidores. Francisco Luzón, vicepresidente para América Latina del Banco Santander, piensa que se acerca “la ‘revolución de las clases medias emergentes’. Y estamos convencidos de que esa revolución va a ser muy buena para los ciudadanos, algunos de los cuales ya son o van a convertirse en nuestros clientes” [13]. Y es que, para las empresas transnacionales, el reclamo de la ética y la responsabilidad es también una palanca para acceder a amplias capas de la sociedad que hasta ahora estaban al margen de su negocio. Por poner un ejemplo: en América Latina, donde se estima que un 60 por ciento de la población no tiene trato alguno con los bancos, las entidades financieras están desarrollando una ambiciosa estrategia para captar clientes en ese inmenso nicho de mercado. Para ello, qué mejor que poner en marcha microcréditos, fundaciones y convenios con universidades, todo con el argumento de contribuir a la lucha contra la pobreza: “la forma más determinante de contribuir al progreso y a la mejora del futuro de la población de América Latina por parte del BBVA –sostiene el consejero delegado del banco–, y en general del sector financiero, es precisamente contribuyendo a su bancarización” [14].
Las multinacionales necesitan, para completar esta estrategia, ganar peso en legitimación social, y por eso han ido recabando el apoyo tanto de las instituciones multilaterales como de las propias ONG. Justo acaban de cumplirse diez años de la puesta en marcha del Global Compact (o Pacto Mundial), una iniciativa de Naciones Unidas que fue presentada por Kofi Annan en el Foro Económico Mundial de Davos para crear una “alianza creativa entre Naciones Unidas y el sector privado” y supuso el aldabonazo definitivo para impulsar a nivel mundial, con el visto bueno de la ONU, el paradigma de la Responsabilidad Social Corporativa [15]. Además, las corporaciones transnacionales han comprendido que no se puede emprender la privatización de los servicios públicos que todavía quedan en manos del Estado –sobre todo, en los países donde han hecho estragos las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa– sin construir un entendimiento previo con las administraciones y las ONG. Por eso, han promovido un consenso internacional que considere a las empresas multinacionales como un actor más dentro de las estrategias de cooperación al desarrollo, fundamentalmente mediante las alianzas público-privadas, “un instrumento de cooperación voluntaria entre el sector público, el privado empresarial y el privado no lucrativo” [16].
Retos y perspectivas de futuro
El Plan Director de la AECID para el periodo 2009-2012, pendiente del último trámite para su aprobación definitiva, incluye menciones expresas a las alianzas público-privadas y a la colaboración con el sector empresarial “alrededor de objetivos compartidos de lucha contra la pobreza y desarrollo humano y sostenible”. En este contexto, se antoja urgente que las ONG definan de una forma más clara su posicionamiento en torno a la relación con las empresas transnacionales. Para empezar, es posible que un buen número de ONG compartan un diagnóstico de partida similar a éste: en los países donde han realizado sus inversiones, las empresas transnacionales apenas han contribuido a solucionar las desigualdades, han tenido considerables impactos sociales, ambientales y culturales, y se han aprovechado de la depredación de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos y la desregulación del mercado laboral. Pero, a continuación, van a surgir otras cuestiones que pueden evidenciar una falta de acuerdo frente al reto de aceptar el marco de la RSC o no, porque, dirán algunas ONG, ¿no es un avance que las multinacionales lleven a cabo sus operaciones en el marco de las buenas prácticas? ¿Qué problema hay en que las empresas ganen mucho dinero con la RSC si con eso también sale beneficiada la población? Justamente porque tiene demasiado de marketing y poco de realidad, ¿no deberíamos exigir el cumplimiento de lo estipulado en los códigos de conducta y en la RSC?
En nuestra opinión, para analizar la RSC hay que tener en cuenta que este paradigma se ha concebido en el marco de un modelo socio-económico y es inseparable del mismo. Dicho de otro modo: no es suficiente con llevar a cabo buenas prácticas empresariales si no se producen cambios en las relaciones sociales y en el modelo de desarrollo. Porque no es cierto que con la RSC salga ganando todo el mundo: sobre todo, siguen ganando los mismos de siempre. Si bien es verdad que, en algunos casos, determinados programas de RSC han podido servir para introducir mejoras puntuales en las condiciones de vida de ciertas poblaciones, una perspectiva global de la situación nos debe llevar a cuestionar radicalmente las implicaciones de la Responsabilidad Social Corporativa: es una adaptación de las grandes corporaciones a las críticas que se les hacen desde la sociedad civil y un potente instrumento para el lavado de cara empresarial. Además, sirve para potenciar la búsqueda de nuevos nichos de mercado, el valor de marca, la fidelización de los clientes y la despolitización de los diferentes actores sociales, continúa con la lógica neoliberal de reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, supone renunciar a la exigencia de un control público efectivo que obligue a las empresas multinacionales a responder por los efectos de sus actividades –porque todo se basa en la autorregulación– y, por lo tanto, se encamina de nuevo en una única dirección: incrementar los beneficios y el poder de las compañías multinacionales.
Por todo ello, pensamos que el papel de las ONG no debe reducirse a pedir el cumplimiento de los acuerdos voluntarios y de los códigos de conducta definidos por las propias empresas transnacionales. Al fin y al cabo, dar por buena la RSC implica aceptar un modelo asimétrico, en el que, mientras se refuerzan una y otra vez sus derechos para hacer negocios por todo el mundo, las obligaciones de las empresas transnacionales se dejan en manos de la ética. Más bien, sería mejor que respetaran las actuales legislaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y que los Estados velaran por ese cumplimiento. Además, habría de crearse un código normativo internacional que delimitase las responsabilidades legales de las grandes corporaciones por las consecuencias de sus actividades por todo el mundo. Y, en lugar de partir de la RSC, para ejercer un control efectivo sobre las operaciones de estas compañías sería mucho más adecuado establecer un Centro de Estudios y Análisis sobre empresas transnacionales en el seno de Naciones Unidas y un Tribunal Penal Internacional para las multinacionales. Sólo así podríamos entrar a valorar de forma real, con todos los elementos en la mano, si el discurso de las buenas prácticas se está traduciendo o no en mejoras significativas para las poblaciones más desfavorecidas del planeta.
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Pedro Ramiro es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), y Luis Nieto es coordinador de la Asociación Paz con Dignidad. Este artículo ha sido publicado originalmente en el nº 36 de la Revista Pueblos, marzo de 2009.
Notas
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[1] Para un revisión de las características fundamentales de este concepto, véase: Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, “La Responsabilidad Social Corporativa: de la ética a la rentabilidad”, Pueblos, nº 34, septiembre de 2008.
[2] Existen diversos estudios que contraponen la RSC de las multinacionales con la realidad de sus operaciones sobre el terreno. Por ejemplo, véanse: Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro Pulido, La energía que apaga Colombia, Icaria-Paz con Dignidad, 2007; Jesús Carrión y Marc Gavaldà, Repsol YPF: un discurso socialmente irresponsable, Àgora Nord Sud y ODG, 2007; ACSUR-Las Segovias y CEDIB, Responsabilidad social corporativa o derechos sociales. Un análisis de la ’nacionalización’ de los hidrocarburos en Bolivia, 2008.
[3] Gómez Gil, Carlos (2005): Las ONG en España. De la apariencia a la realidad, Madrid, Libros de la Catarata.
[4] Castillo Navarro, José y Rueda López, Ramón: “El marketing con causa, el marketing social y la campaña Juntos por África”, en Nieto, Luis (coord.), La ética de las ONGD y la lógica mercantil, Icaria – Paz con Dignidad, 2002.
[5] Romero, Miguel, “La ‘solidaridad’ de mercado”, en Nieto, Luis (coord.), op. cit., 2002.
[6] Los grupos de interés (o stakeholders) se definen como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa”.
[7] Entrevista a Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade, Responsables.biz, nº 187, 22 de enero de 2008.
[8] Entrevista a Francisco González, presidente del BBVA, publicada en la revista Corresponsables, nº 9, abril de 2008.
[9] Entrevista a Alberto Andreu, director de Reputación Corporativa de Telefónica, “Hay que pasar de comunicar la RSE a gestionar la RSE”, Diario Responsable, 14 de julio de 2008.
[10] C.K. Prahalad (2005): La oportunidad de negocios en la base de la pirámide, Norma.
[11] Conferencia “Empresa y desarrollo: La contribución empresarial a la lucha contra la pobreza”, organizada por la Fundación Codespa, Madrid, 27 de noviembre de 2008.
[12] Klein, Naomi (2007): La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Barcelona, Paidós.
[13] Luzón, Francisco: “Santander y su proyecto América 2010: Un compromiso con el desarrollo de América Latina y la bancarización de sus clases medias emergentes”, en Casilda Béjar, Ramón (ed.) (2008): La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América Latina: Análisis de los protagonistas, Barcelona, Granica.
[14] José Ignacio Goirigolzarri: “BBVA: Huellas y perspectivas en América Latina”, en Casilda Béjar, Ramón (ed.) (2008), op. cit.
[15] Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro: “Diez años del ‘Pacto Mundial’”, Público, 8 de febrero de 2009.
[16] Fernando Casado Cañeque (2007): Las alianzas público-privadas para el desarrollo, Fundación Carolina.
