No presentó el “plan de cierre autorizado” en relación al cese de operaciones pero en los próximos días estaría abandonando el país. Estudios demostraron una constante contaminación con metales pesados, especialmente arsénico y mercurio, así como cianuro. Una comisión interinstitucional se conformó para vigilar el cumplimiento del plan de cierre de la minera Entremares. Cuestionan que no aborda cómo tratar los daños a la salud, drenaje ácido de las aguas, el tema contable de la empresa y la reforestación con frutas, entre otras.
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Fuentes: diarios La Tribuna y El Heraldo
Tegucigalpa, 23/04/09. La Fiscalía Especial del Ambiente denunció que la empresa minera Entre Mares, no ha entregado la información autorizada en relación al plan de cierre de operaciones, a pesar de que en los próximos días estaría abandonando el país luego de haber operado por años, dejando graves daños en la salud de los habitantes del Valle de Siria. Atendiendo una petición de los pobladores del municipio de San Ignacio, Francisco Morazan, se efectuó una reunión en el Ministerio Público entre representantes de distintos sectores para discutir los alcances del cierre de la minera.
“Esta empresa está por retirarse del país y para todo retiro la Ley y las diferentes normas ambientales nacionales e internacionales exigen la implementación obligatoria de un plan de cierre que debe ser previamente revisado y autorizado por el Estado hondureño, a través de sus instituciones; este plan debe tener toda la información para poder retirarse del país”, informó el fiscal especial del Ambiente, Aldo Santos.
“Por ejemplo, se habla de que en el plan de cierre no se agotó en lo absoluto los daños a la salud, de igual manera hay problemas y no les han dado seguimiento sobre el drenaje ácido de las aguas que afectan el medio ambiente y podrían ocasionar daños a la salud; no se objetó ni se señala cuáles han sido las ganancias, también se está dando la reforestación con frutas y no con plantas del lugar, con lo que no están conformes los pobladores”, expresó.
Los moradores del Valle de Siria han manifestado que no han sido tomadas en cuenta muchas observaciones importantes, antes de que la empresa se retire del país; así como los resultados de las denuncias por contaminación en perjuicio de la salud de los nativos. El área concesionada a Entre Mares (de la canadiense Gold Corp.) consiste en 23,000 hectáreas en el Valle de Siria, que comprende las jurisdicciones de San Ignacio, El Porvenir y Cedros.
Santos lamentó también que, según lo analizado por los técnicos, no se recuperaría en un cien por ciento la zona de Palo Alto, como había sido propuesto por la minera antes de iniciar operaciones.
Reiteró que el plan de cierre de la empresa no ha sido autorizado por el Estado hondureño, por ende, cualquier actividad que se esté efectuando en el lugar debe de contar con la autorización de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través de su órgano técnico, que es la Dirección de Evaluación y Control Ambiental.
Ante tal situación se conformó ayer una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio Público, Serna, Secretaría de Salud, Procuraduría del Ambiente, Procuraduría General, Comité Ambientalista del Valle de Siria y organizaciones ambientalistas.
Se tiene previsto que para la próxima semana los representantes de esta comisión se desplazarán al valle de Siria con el fin de constatar las observaciones desde el punto de vista técnico, social y económico para que sean agregadas al plan de cierre, las que serán vigiladas su cumplimiento a través de un monitoreo permanente, puntualizó el fiscal.
CONTAMINACIÓN
El Comité Ambientalista del Valle de Siria presentó el 25 de enero del 2000 una denuncia por delito forestal, daño ambiental y contaminación de aguas ante la Fiscalía Especial del Ambiente. Con base en las observaciones de un equipo de investigación interinstitucional, el 30 de octubre del 2000 la Fiscalía solicitó una investigación judicial contra la empresa Minerales Entre Mares, por delitos ambientales, forestales y usurpación de agua.
El proceso judicial aún no se ha terminado. Ante una nueva denuncia del Comité del Valle de Siria, en junio de 2002, la Fiscalía pidió la suspensión temporal de las actividades de Entre Mares. A partir del 2003, se realizaron múltiples investigaciones y monitoreos en aguas superficiales, sedimentos y pozos, algunos en conjunto con la empresa y con diferentes organismos estatales. Estos estudios han demostrado una constante contaminación con metales pesados, especialmente arsénico y mercurio, así como cianuro.
En múltiples ocasiones los niveles han superado los estándares de Estados Unidos (USEPA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, existen indicios de altos niveles de plomo y arsénico en la sangre de los vecinos de las comunidades del Valle de Siria. En el 2004, la Fiscalía abrió un expediente de investigación por contaminación de aguas.
En septiembre del 2006, la ministra de Recursos Naturales y Ambiente ratificó la contaminación del Valle de Siria. El 25 de julio del 2007, la SERNA penalizó a la Sociedad Minerales Entre Mares de Honduras, S.A. de C.V. al pago de una multa de un millón de lempiras por medio de la resolución administrativa 30-R 2007, por contaminar el medio ambiente.
Hoy, el Ministerio Público espera que el reporte de cierre de la empresa llegue con los resultados de los estudios de los laboratorios sobre los daños ocasionados al medio ambiente y principalmente a la salud de los residentes del Valle de Siria.
