Lima, Perú – 18/03/09. Fiscales peruanos acusaron a la policía de torturar a manifestantes en un proyecto minero en el 2005 pero absolvieron a sus dueños, una compañía minera china británica, Zijin Mining Group, y a su firma de seguridad, Forza, de haber actuado de forma ilícita, señaló el miércoles un grupo de derechos humanos. Asimismo, se identificó en febrero de este año que la empresa de seguridad privada Business Track (BTR), formada por ex oficiales navales expertos en contrainteligencia, espiaba en Perú a ong's, ecologistas, movimientos populares y de oposición a pedido del gobierno.
Fuente: Reuters e IPS Inter Press Service
El caso ha sido seguido de cerca en Perú, uno de los principales exportadores de minerales a nivel mundial, donde los intereses de las compañías mineras extranjeras y los residentes de los pueblos andinos se enfrentan frecuentemente.
Una investigación del Gobierno en la nortina región de Piura encontró que más de 20 personas fueron secuestradas y golpeadas tras protestar contra el proyecto cuprífero Río Blanco, de 1.400 millones de dólares, en agosto del 2005.
En la pesquisa se concluyó que un grupo de policías peruanos era responsable de las torturas.
La investigación no encontró evidencias contra la firma propietaria del proyecto, la británica Monterrico Metals, y su compañía matriz que la compró hace dos años, Zijin Mining Group, la segunda mayor minera aurífera de China.
Forza, la empresa privada de seguridad contratada para vigilar el campamento y propiedad de la compañía sueca Securitas, también fue exonerada.
Los fiscales abrieron la investigación el año pasado, luego de que un grupo de derechos humanos emitiera una queja contra los dueños del proyecto, Forza y la policía.
Las acusaciones de tortura fueron confirmadas por fotografías, publicadas por el Comité Coordinador Nacional por los Derechos Humanos, en las que se veía a los manifestantes en Río Blanco bañados en sangre, con sus manos atadas a la espalda y bolsas plásticas sobre sus cabezas.
Ahora queda en manos del juez el someter a juicio a los policías, desechar el caso o pedir mayores evidencias a los fiscales.
Los abogados de Fedepaz, el grupo que presentó la queja junto con el Comité Coordinador Nacional, calificó a la pesquisa de incompleta.
El grupo dijo que los fiscales decidieron culpar a algunos de los oficiales identificados como autores directos de lo que pasó, pero no a aquellos que ordenaron la tortura.
(Editado en español por Ricardo Figueroa)
Empresa privada espiaba a movimientos sociales críticos del gobierno peruano
Fuente: IPS Inter Press Service
Lima, Perú – 27/02/09. La empresa de seguridad privada Business Track (BTR), formada por ex oficiales navales expertos en contrainteligencia, espiaba en Perú a ong's, ecologistas, movimientos populares y de oposición a pedido del gobierno.
Su propietario, Manuel Ponce, declara haber espiado para varios ministros y para el mismo presidente Alan García, a quien según declara, “trató de convencer” de que había un plan para derribarlo, financiado por el presidente Chávez a través de las “Casas del ALBA”. En realidad se trataba de un “complot” montado por el propio gobierno peruano.
Pero el exceso de espionaje de esta empresa causó su caída. Al parecer, además de su tarea principal de espiar a organizaciones sociales, unos ministros la utilizaban para espiar a otros, los ricos se espiaban entre sí y los militares utilizaban al espionaje privado para espiar a los propios servicios de espionaje…
Cuando en enero la policía detuvo a directivos y sobre todo a empleados de BTR, acusados de dedicarse por encargo a escuchar conversaciones telefónicas, hallaron en poder de los implicados informes sobre políticos, organizaciones de izquierda y agrupaciones críticas del gobierno.
Los detenidos también guardaban archivos con grabaciones telefónicas, correos electrónicos interceptados y filmaciones de seguimientos, informaron las fuentes consultadas, que tienen acceso a la documentación incautada.
De acuerdo con las pesquisas, sorprendentemente rápidas, de la fiscalía y la policía, el propietario de BTR, Manuel Ponce, un capitán de navío retirado, entregaba la información obtenida por el personal de su empresa -agentes de inteligencia activos y retirados de la marina de guerra-, a altos funcionarios del gobierno.
La actividad “fachada” de BTR eran los servicios de contraespionaje o de seguridad de la información, como limpieza de líneas telefónicas y sistemas informáticos, desmontaje de micrófonos inalámbricos y neutralización de intrusión de correos electrónicos.
En la página web de BTR -ahora fuera de servicio-, figuraba una cartera de clientes conformada por empresas petroleras, mineras y gasíferas y firmas de seguridad privada, como Forza y Orus.
Forza y Orus, servicios al capital
Estas dos empresas son contratistas de compañías mineras que han protagonizado conflictos con comunidades locales. Las dos dijeron desconocer las actividades ilícitas de BTR y haberle solicitado sólo servicios de “seguridad de la información”.
Forza ha trabajado para la corporación Newmont, que explota el yacimiento aurífero de Yanacocha, en la región norteña de Cajamarca, epicentro de numerosos incidentes con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y movimientos populares.
La empresa minera Majaz, que fue propiedad de la británica Monterrico Metals y luego de la china Xiamen Zijin Tongguan Development Consortium, también recurrió a los servicios de Forza en los yacimientos de cobre y molibdeno de Río Blanco, en la provincia andina de Huancabamba, norte del país.
En enero, la Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) publicó fotografías entregadas por una fuente anónima que registran el tratamiento brutal de la policía y de personal de Forza a campesinos que protestaban pacíficamente contra la empresa en 2005. (ver imágen)
En las imágenes se ve a los campesinos con los ojos vendados o las cabezas cubiertas con bolsas negras y las manos atadas a la espalda. En ese episodio hubo capturas y torturas cometidas por policías y agentes de Forza, según la denuncia de Fedepaz. La compañía ni siquiera ha desmentido la acusación.
Legisladores opositores anunciaron, ahora que es rentable políticamente, que investigarán la participación de Forza en la represión a campesinos. Meses después de que todo el Perú lo supiera.
La firma Orus tiene entre sus clientes a las mineras y metalúrgicas Miski Mayo, Doe Run Perú, Oro Candente, Buenaventura y BHP Billiton Tintaya.
Poblaciones aledañas a los yacimientos que explotan estas compañías han protestado contra esas actividades por no haber sido consultadas previamente sobre ellas, como establecen las normas, o por daños ambientales causados por la extracción o exploración de minerales.
“Actividades de grupos antisistema”
El vicepresidente primero Luis Giampietri reconoció que BTR le había entregado datos por intermedio de una de sus funcionarias, actualmente en prisión.
“Recibí una información de inteligencia, a principios de mi función (en julio de 2006), en la cual se hablaba de las casas del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y de los grupos bolivarianos”, dijo Giampietri al diario Expreso el 13 de enero.
La prensa reveló que entre julio de 2006 y julio de 2007, cuando se desempeñaba como presidenta del Congreso legislativo, la legisladora Mercedes Cabanillas, del gobernante Partido Aprista Peruano, contrató a BTR para una supuesta “limpieza electrónica” de su despacho.
Cabanillas admitió que conocía y era amiga de Ponce y que éste le “alcanzó y trató información conmigo respecto a las actividades de grupos antisistema”.
Para la jerga del espionaje militar, los “grupos antisistema” son las organizaciones que fomentan protestas contra violaciones de derechos fundamentales como el de recibir un salario digno, el de tener condiciones de trabajo mejores que las de los esclavos. O también el de protestar contra medidas arbitrarias de gobiernos que favorecen a los empresarios, o contra actividades extractivas que causan contaminación, dijeron fuentes policiales y militares consultadas.
Esta preocupación de los políticos y militares por los “antisistemas” aumentó al mismo ritmo que la movilización social en los últimos años, donde campesinos y maestros por un lado, y comunidades que es oponen al expolio minero por otro, han protagonizado importantes protestas que no permitieron el normal desarrollo de los negocios capitalistas.
El mismo material -filmaciones, datos sobre movimientos migratorios, correos electrónicos interceptados, y seguimientos a “grupos antisistema”-, llegó a manos de Giampietri, al comando de las Fuerzas Armadas y al ahora ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz.
Había que para la movilización social
Con esos presuntos informes, las autoridades encargaron a Ponce que monte la típica historia del “complot”, tantas veces utilizada por gobernantes latinoamericanos para desviar la atención cuando la movilización social excede ciertos límites y se piensa reprimir con fiereza.
Ponce hizo correr la voz de la existencia de un plan para crear el caos y derribarlas, con presunto financiamiento del gobierno del presidente Hugo Chávez, por intermedio de la Coordinadora Continental Bolivariana, una plataforma de agrupaciones de izquierda.
El supuesto plan incluía el renacer de la extinguida guerrilla Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). BTR había espiado a algunos de sus antiguos integrantes.
BTR “filtró” la información a los medios de comunicación -con la connivencia de sus propietarios-, advirtiendo de presuntas acciones violentas para boicotear reuniones internacionales que se celebraron en Perú el año pasado, como la cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea y la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Por supuesto, ninguno de esos pronósticos resultó cierto, aunque se logró el objetivo de distraer la atención de amplios sectores de la clase media.
“Soy amigo de Giampietri, como de todo el mundo, y también me refiero al presidente (Alan) García. Los he servido a todos con información que requerían. Si tenía algo que les interesaba, se los hacía llegar. Les informaba, y gratis. Todos me han consultado, hasta el presidente García”, dijo Ponce en una entrevista que concedió en la cárcel al diario limeño La República, publicada el 8 de este mes.
Además de los cargos por estas actividades, Ponce estaba procesado por violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas cuando revistaba en la Dirección de Inteligencia Naval, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
