Ecuador – 14/11/08. El pasado 6 de noviembre la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) presentó denuncias ante la Defensoría del Pueblo en Quito. Los argumentos tienen que ver con violación de derechos de comunidades y personas, así como el incumplimiento de leyes y normas que perjudican a los afectados por los proyectos mineros. También se hace mención a la persecución judicial maliciosa que se hace contra dirigentes y personas que libremente y pacíficamente se expresan contra los megaproyectos mineros.
Por Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS)
En este sentido el AB. Fernando Gutiérrez actual Defensor del Pueblo del Ecuador a convenido para el martes 18 de noviembre recibir a una delegación de CNDVS para que en forma personal y como afectados expongan la situación de cada sitio de conflicto. (Ver documento presentado a continuación y el original firmado en archivo adjunto)
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR
Los que firmamos esta petición manifestamos lo siguiente:
Reciba un saludo cordial de las comunidades y organizaciones afectadas por megaproyectos mineros de empresas transnacionales; de aquellas afectadas por mineras que han causado graves impactos sociales y ambientales en distintos puntos del país, en especial la contaminación de fuentes de agua, quienes hemos conformado una coalición desde el 26 de enero de 2007 denominada COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA (CNDVS); y, de instituciones y ciudadanos (as) preocupados por los graves impactos de la actividad extractiva.
Desde hace varios años, comunidades venían resistiendo a la intromisión ilegal e ilegítima de empresas mineras en su territorio, es el caso de las comunidades de Intag, en la provincia de Imbabura. De igual manera en la parte sur de la Amazonía, en Morona Santiago, iniciándose en el año 2005-2006, movilizaciones en toda la provincia que llevaron a la suspensión de las actividades mineras, incluso en el proyecto Mirador de la empresa Corriente Resources-Ecuacorriente-ECSA, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. También en la provincia de Azuay, se registraron acciones en contra de las transnacionales IAMGOLD, ubicada en la parroquia Victoria del Portete, y en la parroquia Molleturo las comunidades protestaban contra IMC y su proyecto Río Blanco. Toda esta trayectoria de lucha en defensa de los derechos de las comunidades y la naturaleza, llevó a la conformación de la Coordinadora Nacional, con el objetivo de unificar una gran resistencia nacional contra las transnacionales mineras. A través de esta coalición nacional se han llevado adelante diferentes movilizaciones pacíficas, en demanda de que Ecuador sea declarado LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA, entre las que se destacan el Levantamiento contra las Mineras iniciado el 5 de junio de 2007, y el proceso de DIALOGO POR LA VIDA, que inició en Cuenca el 9 de agosto de 2007, realizándose 17 jornadas en los principales puntos de conflicto minero en el país. A través de los Diálogo por la Vida las comunidades elaboraron un documento que fue presentado el 16 de enero en la Asamblea Nacional Constituyente, para su consideración en la nueva Constitución, el mismo que adjuntamos al presente.
Una de las estrategias de las empresas mineras para hacer frente a la legítima protesta popular ha sido la persecución a las y los defensores de derechos y la criminalización de nuestra lucha, a través de falsas denuncias en las fiscalías y juicios penales, es por ello que en la Asamblea Constituyente habían cientos de casos de compañeras y compañeros injustamente acusados y con amenazas de varios años de prisión, e incluso amenazados de muerte. Frente a las demandas de la Coordinadora Nacional de que se ponga fin a la persecución y enjuiciamientos de los defensores de derechos, que también fue realizada por otras organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientalistas, la Asamblea emitió las AMNISTÍAS, que sobre todo fue el reconocimiento a la justa defensa de los patrimonios naturales, sociales de nuestro país. Sin embargo, y a pesar de las mencionadas amnistías, continúa la persecución hacia miembros de la Coordinadora Nacional, lo que se evidencia en las indagaciones previas que sigue la Fiscalía de Gualaquiza por denuncias en contra de Lina Solano, Fernando Mejía y Vicente Zhuñio, miembros de nuestra organización, por falsas acusaciones de tipo penal presentadas en mayo del 2007, a raíz de la movilización general de la población en toda la provincia de Morona Santiago, en contra de las transnacionales mineras y la II Fase del Proyecto Hidroeléctrico Hidroabanico, por lo que se lleva adelante la indagación previa No. 55-2007, desde el año pasado.
De igual manera, el 18 de abril de 2008 se aprueba el Mandato Minero, luego de que se tuviera que realizar un paro preventivo el 2 de abril de 2008, en exigencia de dicho Mandato ofrecido desde enero. La Asamblea Constituyente aceleró su aprobación a fin de evitar una nueva paralización anunciada para el 21 de abril, disponiendo al Ministerio de Minas y Petróleos la extinción de concesiones por varias causales y la suspensión de las actividades en las concesiones mineras. Sin embargo, este Mandato nunca se ha hecho efectivo, en especial en lo referente al Art. 1 con respecto a la extinción por el incumplimiento del proceso de Consulta Previa, exigido en el Art. 88 de la Constitución anterior; lo que constituye un abierto desacato, nada menos que a la Asamblea Constituyente de “plenos poderes”, desacato señalado en el numeral 2 del Art. 215 de la Nueva Constitución del 2008; y tampoco lo referente a la extinción de concesiones que están dentro de bosques protectores, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento (Art. 3), así como las que afecten fuentes de agua. Hasta la presente fecha el Ministro de Minas y Petróleos no ha dado cumplimiento al Mandato Minero, en especial en las concesiones de las grandes empresas transnacionales como son IAMGOLD e IMC, las que se encuentran dentro del Bosque Protector Irquis-Yanuncay y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas, respectivamente; en el mismo sentido se han dejado intocadas las concesiones realizadas a favor de Corriente Resources-Ecuacorriente-ECSA y Aurelian-Kinross, que se hallan en la zona de la Cordillera de El Cóndor y Cuenca del Río Zamora, poniendo en riesgo enormes extensiones de cuencas hídricas y frágiles ecosistemas amazónicos en donde habitan comunidades del pueblo Shuar y campesinos, que jamás fueron consultados sobre esta entrega anticonstitucional de sus territorios. Hacemos hincapié en el caso de los ríos Chico, Gala, Tenguel y Río Siete, de los cuales se cuenta con un estudio reciente que demuestra la gravísima contaminación por metales pesados y químicos producto de la actividad minera en la zona de San Gerardo, provincia del Azuay, a pesar de lo cual no se ha procedido a extinguir dichas concesiones.
Luego de que la nueva Carta Constitucional ha declarado el Derecho Humano al Agua (Art. 12) como fundamental e irrenunciable, y ha consagrado los Derecho de la Naturaleza (Capítulo 7) en especial el Art. 73 que en su parte pertinente dice: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”, y, a más de ello, en el Título referido al Régimen de Desarrollo se estipula que la SOBERANÍA ALIMENTARIA constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado, es totalmente atentatorio a los preceptos constitucionales, pretender aprobar un proyecto de ley de minería elaborado por el Ministerio de Minas y Petróleos, publicado en su página web, que en la práctica permite continuar la entrega del territorio nacional a las transnacionales mineras para la explotación a gran escala, atentando contra los derechos constitucionales anotados anteriormente como son el derecho al Agua, de la Naturaleza, de la Soberanía Alimentaria, así como el de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la Salud, ente otros, que son garantía del Buen Vivir, además, sin que existan las leyes que den cuerpo a lo establecido en la Constitución en cuanto a los derechos a los que hemos hecho referencia, en especial la Ley de Agua.
Por todo lo expuesto señor Defensor del Pueblo, en uso de las atribuciones que le faculta la Constitución, en particular en el Art. 215, solicitamos:
1. Su intervención a fin de que se cumpla el Mandato Minero expedido por la Asamblea Constituyente el 18 de abril de 2008, en especial con las concesiones de las grandes transnacionales mineras, y de empresas nacionales cuya actividad de explotación ha causado contaminación en fuentes de agua, cuencas y subcuencas hídricas, que deben ser protegidas en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
2. Exhorte a la Comisión Legislativa y de Fiscalización, a ser consecuente con el Mandato Constituyente, no permitiendo que se apruebe el proyecto de ley minera que va en contra los intereses del país y de su pueblo, y proceda a archivarse el proyecto elaborado del que responsabilizamos al Ministerio de Minas y Petróleos, porque atenta contra los derechos consagradas en la Nueva Constitución, entre ellos, el derecho al agua, a la salud, de la Naturaleza y la Soberanía Alimentaria, entre otros; ya que la explotación de minerales, en especial la metálica a gran escala, peor aún a cielo abierto, produce destrucción de los ecosistemas, provoca la extinción de especies y altera permanentemente los ciclos naturales, sobre todo por la afectación a cuencas y subcuencas hídricas, trayendo consecuencias para la salud y la vida de las comunidades y sus formas de subsistencia basadas en actividades realmente sustentables como por ejemplo las agropecuarias, principalmente de las pequeñas unidades productivas, que son la garantía para la Soberanía Alimentaria. Por todo lo señalado, expresamos nuestra confianza en que el Defensor del Pueblo está en capacidad de ordenar la suspensión del trámite, elaboración y aprobación del proyecto de nueva ley de minería porque de concretarse se estaría violando la normativa de la Constitución
3. Inste la suspensión de los procesos judiciales que tratan de criminalizar nuestra lucha como es el caso de los iniciados contra la compañera Lina Solano, miembro del Directorio de nuestra organización y los compañeros Fernando Mejía Presidente de la Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago, Kleber Lituma anterior representante de la Coordinadora Cantonal por la Defensa de la Vida y la Soberanía de Gualaquiza, Milton Reinoso actual Presidente de la Coordinador de Gualaquiza, todos miembros de nuestra organización, y el señor Alcalde de Gualaquiza Ing. Franklin Mejía, quienes han sido requeridos en la Fiscalía de esa ciudad por supuestos incidentes que ellos habrían liderado y propiciado el día 28 de agosto del año que transcurre, durante una marcha que fue realizada luego de la Asamblea Popular contra las transnacionales mineras convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía CONFENIAE y la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, ya que en forma espontánea los más de 2.000 participantes quisieron expresar su protesta en forma pacífica por la presencia de las transnacionales mineras, el incumplimiento del Mandato Minero dado por la Asamblea Constituyente y la pretendida aprobación del proyecto de nueva ley de minería en la Comisión Legislativa y de Fiscalización.
La fiscalía está actuando de oficio y ha iniciado una indagación previa No.125-2008, por un parte policial presentado por el Dr. Juan Pablo Calva, Teniente de Policía, el cual adjuntamos para su conocimiento. En dicho parte se ve claramente la intención de incriminar la compañero Fernando Mejía y al Alcalde de Gualaquiza. También adjuntamos un pasquín que se hizo circular días después de la Asamblea Popular, en donde a más del compañero Fernando Mejía y al Alcalde de Gualaquiza, se señala a la compañera Lina Solano, a Kleber Lituma y Milton Reinoso, entre otros, tildándoles con todo tipo de insultos y acusaciones calumniosas e infundadas. Es claro que ese pasquín fue escrito por quienes están en defensa de la minera. No contentos con eso, personajes ligados con Corriente-Ecuacorriente-ECSA, estuvieron en la ciudad de Cuenca visitando todos los medios de comunicación para acusar a nuestros compañeros, en un afán de desprestigiarlos ante la opinión pública, como podrá usted constatar en el artículo de diario El Tiempo del 3 de septiembre de 2008, y en las grabaciones de audio y video.
A más de ello señor Defensor los compañeros Lina Solano, Fernando Mejía y Vicente Zhuñio, como lo expresamos anteriormente, han sido llamados a comparecer en la indagación previa No. 55-2007, acusados de encabezar un grupo armado que en noviembre-diciembre de 2006 supuestamente habría atacado el campamento de la minera Corriente en Pananza (Rosa de Oro), cantón San Juan Bosco de la provincia de Morona Santiago, ingresando al campamento, según la denuncia, por la fuerza, haciendo disparos, por lo que los trabajadores habrían salido huyendo para salvar sus vidas; además, robo y destrucción de muestras de alto valor, causando enormes perjuicios económicos a la empresa minera. Esta acusación la presenta un abogado de la ciudad de Loja de nombre Rafael Cuenca, en el mes de mayo de 2007. Cabe señalar que los hechos que se imputan son totalmente falsos y que buscan únicamente causar daño a nuestros compañeros, tanto es así que se señala a la compañera Lina Solano cuando ella no estuvo presente en los lugares y fechas mencionadas.
Para nosotros esto no es más que una vil persecución en contra de nuestros compañeros por parte de las empresas mineras transnacionales, secundada lamentablemente por el gobierno y el Estado. Hemos documentando todo un historial de amenazas, intimidación, represión policial, privación injusta de la libertad y otras violaciones a nuestros derechos, que muestran claramente como se ha venido criminalizando nuestra lucha y tratando de amedrentar a los nuestros compañeros, documentos que hacemos entrega conjuntamente con esta comunicación.
4. Se investigue sobre las agresiones de las empresas transnacionales, a las comunidades, por medio de empresas filiales o contratadas, con paramilitares y guardias armados, como el caso de Intag, la empresa Ascendant Copper; las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y trabajadores de la empresa Corriente Resoruces a pobladores de Zamora Chinchipe y Morona Santiago; las agresiones sufridas por las comunidades de Victoria del Portete, Molleturo y otras por parte de miembros de la Policía Nacional; y el amedentramiento, intimidación y amenazas de muerte que están sufriendo compañeras y compañeros en distintos puntos del país, hechos que son de dominio público por hacer frente a los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales mineras, en defensa del agua, los ecosistemas, en fin, la vida, lo que debería ser obligación de todos los ecuatorianos. Adjuntamos varios videos, escritos, recortes de prensa, y la documentación del caso de la compañera Lina Solano, como muestra de la grave situación que estamos viviendo y estamos dispuestos a probar todo lo denunciado.
5. Por lo expuesto, al amparo en los Arts. 14 y 15 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, vigente, que garantiza y reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, especialmente el uso de tecnologías ambientales limpias y DE ENERGÉTICAS NO CONTAMINANTES; sin embargo, pese a la disposición legal antes referida las empresas extranjeras siguen afectando y contaminando a los habitantes de nuestra comunidad, por lo que es urgente que su Autoridad intervenga a fin de remediar la contaminación ambiental, de lo contrario se estaría una vez más violando flagrantemente la Constitución vigente.
6. Pedimos de la forma más comedida ser recibidos en comisión lo más pronto que sea posible, para exponer personalmente estos problemas.
Por todos los antecedentes expuestos, y estando en juego la vida y la soberanía de los ecuatorianos, esperamos una favorable acogida a nuestra solicitud, y anticipamos nuestro agradecimiento.
7. Las notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero judicial Nº 3934, que corresponde al Doctor RAMIRO ROMAN MÁRQUEZ, profesional de derecho a quien faculto y autorizo para que a nuestro nombre y representación suscriba los escritos que fueren necesarios en protección de nuestros derechos en este caso. La presente denuncia es contra el Ministro de Minas y Petróleos, Ministro de Gobierno y Ministro de Defensa, y al Arq. Fernando Cordero Presidente de la Comisión Legislativa.
Firmamos con nuestro Abogado defensor.-
Doctor RAMIRO ROMAN MÁRQUEZ ABOGADO – Mat. 2319 – C. A. P.
LINA SOLANO por el DIRECTORIO DE LA COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA
