El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, manifestó que no firmará el Acuerdo Federal Minero y que Chubut no aceptará este tipo de industria extractiva, prohibida por ley luego de un plebiscito en la Comarca Andina (Esquel, 2003) y considera que el texto se entromete en asuntos que le son propios de las provincias y que soslaya la cuestión ambiental. Desde fines del año 2002 los vecinos de la provincia se movilizan contra el extractivismo minero y demandan un modelo con producciones para la vida. Por el mecanismo constitucional de Iniciativa Popular, las asambleas chubutenses promueven una ley que amplíe los alcances de la prohibición vigente que solo abarca la minería de metales a cielo abierto e impulsan impedir la minería de radioactivos e incluír la minería subterránea.
Ver también:
- Macri envía al Congreso su “Acuerdo Federal Minero”: regalías miserables y “pedagogía” para quebrar la resistencia social
- Un acuerdo federal minero a medida de las empresas: Sin trabajadores ni proveedores locales, pero más saqueo y contaminación
- ¿Cuáles son las ventajas o incentivos impositivos, aduaneros y arancelarias que tienen las mineras que operan en Argentina?
Fuentes. El Patagónico, El Esquiú y Télam
“Nosotros de ninguna manera vamos a firmar ese acuerdo así como está”, sostuvo el gobernador Mario Das Neves al ser consultado sobre el Acuerdo Federal Minero. El plan es coordinado por el Ministerio de Energía de la Nación y lleva avanzados consensos con provincias con tradición minera.
Las provincias que integran el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), junto con la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero. El documento será remitido al presidente Mauricio Macri y a los gobernadores para su consideración final y firma.
“El acuerdo no se terminó, hay un borrador que fue observado por nosotros, no tiene nada novedoso y dejando de lado todo el tema de contaminación que es el capítulo para nosotros importante”, explicó Das Neves. Así ratificó que Chubut no aceptará este tipo de industria extractiva, prohibida luego de un plebiscito en la Comarca Andina.
“Para mí, en los aspectos económicos hay una intromisión del Gobierno nacional que creo que tendrá rechazo en general, porque el dueño de los recursos de la tierra, de acuerdo a la Constitución, son las provincias. Entonces no tiene por qué fijar tope de regalías el Estado Nacional”, afirmó Das Neves.
Nueva plataforma para el saqueo
La redacción del acuerdo fue concluida esta semana, tras reuniones mensuales realizadas durante un año, de las que participaron autoridades mineras de las provincias que integran el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y de la Secretaría de Minería de la Nación, según informó esta dependencia en un comunicado.
El texto del acuerdo todavía es confidencial y si bien el mismo es competencia del Estado (y de los estados provinciales), las empresas mineras también sumaron sus puntos de vista.
Sobretodo porque el nuevo pacto plantea diferencias en cuanto a la distribución de la renta minera respecto de la ley anterior. Actualmente ssas regalías son del 3% del valor “boca mina” pero el acuerdo contemplaría que tendrían un mínimo incremento ya que “las provincias que deseen aplicar regalías se comprometen a cobrar hasta el tres por ciento sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero, por todo concepto y sin deducción de suma alguna”.
Además, crea un fondo de desarrollo local que se les cobra a las mineras e implica un 1% de la facturación de las empresas. Otro aspecto que se resalta en el nuevo acuerdo, es un nuevo equipo consultivo en cuestiones de Medioambiente.
El último encuentro, el jueves pasado, fueron invitados a participar la Cámara Argentina de Empresarios Mineros; el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra –el también dirigente petrolero–; el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren; y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
El Acuerdo Federal Minero, explican desde el Ministerio de Aranguren, busca homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos.
El principal interés de Nación es ofrecerles a los inversores las garantías de confianza y previsibilidad a través de marcos legales sólidos. Desde el Gobierno de Macri consideran que una minería responsable es posible y que puede traducirse en el desarrollo de las comunidades, siempre que se establezcan instrumentos de política y gestión ambiental.
