El Gobierno de Argentina está buscando impulsar un nuevo marco regulatorio nacional para la actividad minera, en momentos en que siete provincias del país austral aplican prohibiciones diversas para el sector, lo que desalienta las inversiones. La gestión del presidente Mauricio Macri, que asumió con la promesa de atraer las inversiones necesarias para reactivar la estancada economía del país, apunta a que su plan pueda entrar en vigencia el año próximo y está organizando reuniones mensuales con funcionarios de los mayores distritos mineros.
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Fuente: Reuters
“La decisión que hemos tomado ahora es invitar a las provincias a que vuelvan al sistema. Se va a tratar de abrir el acuerdo federal”, dijo a Reuters Daniel Meilán, secretario de Minería de la nación sudamericana.
La actividad minera en Argentina está golpeada desde el 2010 por las políticas intervencionistas del Gobierno de la ex presidenta de centroizquierda Cristina Fernández, que dejó el poder en diciembre.
El sector comenzó a reactivarse este año, luego de que Macri eliminó la prohibición del giro de regalías al exterior y quitó los impuestos sobre las exportaciones mineras.
De hecho, en mayo la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) anticipó que en los próximos cinco años el sector recibirá 20.000 millones de dólares en inversiones.
Pero, en la actualidad, siete provincias del país restringen la actividad minera, en especial la modalidad de explotación a cielo abierto y el uso de cianuro. Y como las restricciones de cada distrito divergen entre sí, la negociación no es sencilla.
“No estamos viendo avances, el marco sigue siendo este, cada provincia con su postura particular”, dijo una fuente del sector empresarial, bajo condición de anonimato.
Las leyes provinicales que impiden la minería metalífera en Córdoba y Mendoza, fueron consideradas constitucionales por los respectivos máximos tribunales, lo cual avala la plena vigencia de las facultades que cada jurisdicción posee para delimitar o hasta prohibir la actividad. Otras provincias con legislación de ese tipo son Chubut, Tucumán, Tierra del Fuego y La Pampa.
“En los rankings internacionales hoy, que son mundialmente aceptados, Argentina está dividido en provincias. Entonces te dice: ‘San Juan está en el puesto 26’, ‘Salta en el 24’ y ‘Mendoza en el 148’. No puede ser, es una cosa ilógica, somos un país federal, no nos pueden clasificar como zonas”, dijo Ricardo Martínez, presidente de la consultora en minería Viento Andino.
El experto señaló que países como Perú y Chile recibirán en los próximos cinco años inversiones por entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, mucho más de lo esperado en Argentina.
De acuerdo con Hugo Nielson, secretario general del Organismo Latinoamericano de Minería, entre las provincias argentinas que tienen prohibiciones para la minería, Mendoza es la única que está dando señales de cambio para un acuerdo federal.
La ausencia de un marco regulatorio nacional “es quizás la única traba seria para que las inversiones en minería se produzcan”, dijo Nielson.
La mayoría de las 23 provincias que integran Argentina tiene -en distintos grados- potencial para la explotación minera, pero el desarrollo del sector en el país austral es muy limitado.
Meilán indicó que espera que el nuevo acuerdo federal minero esté listo para ingresar al Congreso a principios del 2017. Tras lograr el acuerdo, el Gobierno debería contar con el apoyo suficiente de los legisladores provinciales como para que ambas cámaras aprueben el proyecto sin problemas.
“Una vez consensuado con el Cofemin (Consejo Federal de Minería) nos sentaremos con los gobernadores y lo hablaremos con ellos y una vez que estemos de acuerdo con el producto que hemos hecho lo vamos a mandar al Congreso”, dijo el funcionario.
Según analistas, Argentina es un país nuevo para la actividad minera, y de acuerdo con un reporte de Martínez, la nación austral alberga unos 10.000 millones de toneladas en recursos mineros ya identificados, lo que equivaldría a unos 400.000 millones de dólares a valor de mercado.
