Filipinas – 05/09/08. El pueblo de la provincia de Nueva Vizcaya pide su apoyo a la resistencia frente al proyecto de cobre y oro Didipio, en Filipinas. El desplazamiento forzado de comunidades, la violación a los derechos humanos, desastre ambiental e irresponsabilidad corporativa son algunos de los señalamientos de las comunidades afectadas. Parte de su campaña consiste en presionar a las instituciones que proveen financiamiento a la propietaria del proyecto de Oceana Gold Corporation, para que retiren sus fondos. Abajo encontrarán una solicitud a los bancos ANZ y HSBC para que retiren su apoyo financiero al proyecto y un link para firmar en la web.
Por Kalikasan People’s Network for the Environment y otras organizaciones
PETICIÓN a los bancos internacionales ANZ y HSBC a que RETIREN APOYO FINANCIERO AL PROYECTO DE COBRE Y ORO DIDIPIO, EN NUEVA VIZCAYA, FILIPINAS
31 de agosto, 2008
Nosotros, los residentes en comunidades afectadas por la minería de Nueva Vizcaya, junto a organizaciones como Defend Patrimony!, Didipio Earth Savers Movement (DESAMA), Kasibu Inter-Tribal Response for Ecological Development (KIRED), Runruno Landowners Association (RULANAS), y Save the Valley, Serve the People Alliance for the Environment (SVSP), pueblos indígenas, campesinos, miembros de la iglesia, gobiernos locales, profesionales, académicos, organizaciones de jóvenes, y otras organizaciones y ciudadanos, en Filipinas y en la comunidad internacional, llamamos a quienes aportan financiamiento al proyecto minero de oro y cobre Didipio a retirar inmediatamente su apoyo al proyecto.
Solicitamos al Australian New Zealand Bank (ANZ), el cuarto banco más importante de Australia, y a HSBC, una de las organizaciones bancarias y de servicios financierons más grandes del mundo, a que retiren su financiamiento del proyecto Didipio, en la municipalidad de Kasibu, provincia de Nueva Vizcaya, Filipinas. El proyecto es propiedad de OceanaGold Corporation, una empresa minera que cotiza en las bolsas de valores de Canadá, Australia y Nueva Zelanda bajo el símbolo “OGC”.
ANZ y HSBC han otorgado préstamos millonarios para el desarrollo del proyecto minero de OGC en Didipio. Los dos bancos han adoptado políticas como los Principios de Ecuador, y por lo tanto alegan adherir a normas bancarias de responsabilidad ambiental. Sin embargo, su apoyo al proyecto minero de OGC constituye una clara violación a esas normas, poniendo en cuestión la sinceridad de los compromisos asumidos.
OGC ha causado desplazamientos de población masivos, violaciones a los derechos humanos, devastación ambiental y disputas sociales en los pueblos indígenas de Kasibu, como ilustran los siguientes puntos:
1. Desplazamientos de comunidades
– Desde diciembre de 2007, tierras agrícolas ancestrales han sido arrazadas, y propiedades residenciales ubicadas en las 425 hectáreas propuestas por la empresa como área de impacto primario han sido demolidas. Esta zona es hogar de pueblos indígenas que han migrado históricamente a Nueva Vizcaya, provenientes de otras áreas afectadas por la minería en el norte de Filipinas, para establecer sus hogares y modo de vida propios.
– A la fecha, OGC ha demolido un total de 200 casas en el área perteneciente a pueblos indígenas residentes. La destrucción de casas se realizó sin el consentimiento de algunos propietarios, que rechazaron el dinero ofrecido por OGC como compensación. Un ejemplo de esto es el caso de Romeo Guimbangan, un residente de larga data en Kasibu, cuya casa fue destruida por el equipo de demoliciones de OGC a pesar de haber rechazado el dinero de la empresa.
– El acceso a caminos públicos y agua potable ha sido bloqueado por OGC a los residentes. No se permite a la población local utilizar el camino construido por la empresa sin un permiso previo. Una parte de la represa comunitaria en el área afectada, ha quedado dentro de una barricada de OGC, lo que limita el acceso a los residentes a fuentes de agua potable de la comunidad.
– La empresa no cuenta con el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades indígenas residentes en la zona. OGC afirma que no tienen responsabilidad alguna en la obtención de dicho consentimiento.
2. Violaciones a los derechos humanos
– Persecusión y violaciones a los derechos humanos están siendo cometidas por militares y fuerzas de seguridad privadas, encargadas de proveer seguridad a las operaciones mineras de OGC.
– El 23 de marzo de 2008, los líderes locales Kagawad Edwardo Ananayo y Ramires Dayawon, mientras retornaban de un piquete en contra del proyecto minero, furon detenidos por el oficial de policía SPO4 Noel Valdez, quien amenazó y golpeó a Ananayo sin mediar explicación alguna, luego de que se presentara como consejero comunal y fuera identificado por el policía como participante en el piquete.
– El 24 de marzo de 2008, durante una confrontación entre el equipo de demolición de la empresa minera y algunos residentes, Emilio Pumihic recibió un disparo en el brazo por parte de uno de los guardias de seguridad. El conflicto ocurrió durante la resistencia activa de la comunidad ante los intentos de los empleados de la empresa a ingresar en su villa y demoler sus casas. Pumihic, afortunadamente, sobrevivió a las heridas.
– La entrada de OGC en Didipio a generado inseguridad y provocado discordia y desunión entre la población. Paul Baguilat, por entonces jefe comunal de Didipio, fue asesinado el 30 de mayo de 2008 durante una disputa aparentemente relacionada con el conflicto minero.
3. Devastación ambiental
– El proyecto minero se localiza en una zona de nacientes de agua. Cientos de hectáreas de bosques han sido limpiadas, y tierras fértiles para agricultura han sido convertidas en zonas mineras, provocando daños ambientales en las comunidades cercanas. Las operaciones mineras han contribuido con la deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación de fuentes de agua.
– Cuerpos de agua, en particular el río Cagayan, el más largo de Filipinas, serán contaminados con metales pesados una vez que la etapa de producción comercial de la mina alcance plena capacidad. Un estudio de impacto ambiental confirmó que también será afectada la calidad y cantidad de las aguas de los ríos Diduyonr, Camgat y Addalam, por las operaciones mineras.
4. Falta de responsabilidad social
– El proyecto minero, que viene siendo promovido por el gobierno central, enfrenta la oposición de los gobiernos locales. En agosto de 2005, en consejo municipal de Kasibu resolvió no apoyar la explotación de oro y cobre, que en aquel entonces proponía la empresa Climax Arimco Mining Corporation. Los funcionarios de Kasibu elevaron entonces una petición a la Corte Suprema de Justicia de Filipinas buscando una orden de restricción temporal.
– En mayo de 2008, se instaló un piquete para detener las actividades mineras liderado por el governador de Nueva Vizcaya, otras autoridades locales y pobladores, como una forma de disidencia ante las falsas promesas económicas de OGC. La empresa se negó a pagar impuestos y tasas requeridas por los gobiernos locales y provincial, argumentando que el gobierno nacional no le requería hacerlo.
– Cada vez más gobiernos locales responden al llamado de sus pares y sus comunidades para lograr la clausura del proyecto. En junio de 2008, el gobierno provincial de Nueva Vizcaya finalmente aprobó una resolución retirando formalmente su apoyo al proyecto minero de OGC en Didipio.
Esta letanía de agravios y cuestionamientos levantados contra OGC ha llamado la atención de diversos sectores de la sociedad filipina, incluyendo agencias del gobierno como la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, organizaciones religiosas como la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, e integrantes de la Cámara de Representantes de la Nación. Sin embargo, el departamento de Medioambiente y Recursos Naturales, bajo la actual administración del secretario Lito Atienza continuamente a desoído el constante clamor para que se detenga el proyecto minero de oro y cobre Didipio.
Considerando todas estas circunstancias, los bancos internacionales ANZ y HSBC tienen la responsabilidad de tomar acciones y hacer lo que les corresponde para asegurar que OGC respeta los derechos de las comunidades locales y la protección del medioambiente.
En base a las experiencias de Didipio, OGC ha fracasado en poner en práctica una responsabilidad social y ambiental. Por lo tanto, los bancos deben inmediatamente llamar a la suspensión de las actividades mineras de OGC en la zona, y retirar su apoyo al proyecto Didipio hasta tanto las cuestiones detalladas anteriormente sean resueltas. De continuar con su apoyo financiero a OGC, será evidente que ANZ y HSBC toleran y aprueban las ofensas de OGC contra los pueblos indígenas en Kasibu, Nueva Vizcaya.
Para firmar la solicitud ingresar a:
http://www.kalikasan.org/kalikasan-cms-new/
y completar el breve formulario en el pie de página.
Muchas gracias!!
