Cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.
Por Laura Alvarez Huwiler * publicado en Página/12
Con la cordillera nevada detrás y frente a varios gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a este sector.
¿Qué hay detrás de una medida que, lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación (retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional, pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.
Según se argumenta en el decreto macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami, representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los países mencionados por Macri.
Hace dos décadas que en nuestro país rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.
El aumento de las retenciones decidido por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin efecto aquella disposición para varias empresas.
Pero dicho aumento no sólo fue cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores, en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.
Se premia así a un sector que no tiene mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que, recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Pero mientras se sigue debatiendo en torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.
¿No es hora de que, además del árbol, se discuta el bosque?
* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y del CCC.
