Por primera vez en muchos años, la minería retrocede en América Latina. A la caída de los precios internacionales y al aumento de los costos de producción, con la consiguiente disminución de las ganancias, se le suma la creciente resistencia de la sociedad por los impactos ambientales y sociales. Es posible que la crisis de la minería sea una oportunidad para los pueblos, si se consiguen sentar las bases para un modelo económico diferente.
Por Raúl Zibechi publicado por Cipamericas
“El modelo extractivo minero es un problema de poder y por tanto político”, dice en su último informe el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)[1]. A pesar de la caída de los precios internacionales de los minerales, la región sigue recibiendo la mayor parte de la inversión en exploración minera a nivel mundial.
El informe agrega: “El extractivismo minero es un problema de derechos humanos”, ya que las grandes empresas multinacionales aprovechan la desatención de las obligaciones del Estado “para promover una imagen de responsabilidad social que satisface necesidades de la población”.
El OCMAL llega a esta conclusión luego de constatar que “es falso que las empresas mineras desarrollen infraestructura para las comunidades, ya que hacen obras para que transiten los equipos y el personal de las empresas mineras; que atiendan el derecho a la salud o educación de las comunidades, cuando lo que hacen es mercadeo con la pobreza, deducible de impuestos, contaminando el ambiente y desmejorando a corto, mediano y largo plazo la salud y las condiciones de vida de la gente”[2].
El 15 de octubre de 2015 la CEPAL informaba que la región latinoamericana ha visto descender las entradas de inversión extranjera directa en un 21% en el primer semestre del año, por “la caída de las inversiones en minería y en hidrocarburos por la reducción de los precios internacionales, la desaceleración de China y el crecimiento económico negativo de la región”[3].
La inversión extranjera ya había caído en 2014 un 16%, lo que muestra que no se trata de un descenso coyuntural sino que el tipo de inversiones centradas en la extracción de materias primas tiende a deteriorarse. Por países, Brasil concentra el mayor descenso, una caída del 36%, en gran medida por la crisis que afecta el mercado interno. En Chile, Colombia y Perú la caída se concentró especialmente en el sector minero.
Tres son las razones que explican esta caída: la consistente baja de los precios internacionales de los minerales, el aumento de los costos de explotación y la fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades indígenas y campesinas, que está llevando a los gobiernos a ser más exigentes con las multinacionales del sector.
¿Un paso atrás?
Muchos gobernantes y analistas lamentan el retroceso en las inversiones mineras, pero en realidad se trata de una nueva oportunidad para alcanzar un crecimiento sostenible. El informe anual de la CEPAL sobre inversión extranjera señala que la caída de los precios de los minerales comenzó en 2012, dos años antes que la caída del petróleo y que eso se refleja en menores inversiones a partir de 2014.
El índice del precio de las commodities elaborado por Bloomberg, que incluye oro, petróleo y soya, ha caído a la mitad desde su máximo histórico del primer semestre de 2011. La multinacional Glencore-Xstrata, que controla la mayor parte de la producción de minerales y de granos en el mundo, registró pérdidas en la Bolsa de Londres superiores al 30% a fines de setiembre, totalizando una caída del 74% en lo que va de este año[4].
No es el único caso. “En la misma tendencia estuvieron, entre otras transnacionales, AngloAmerican, con pérdidas del 10% en septiembre y de 60% en el año, BHP Billiton con caídas del 40% anual y Antofagasta Minerals con bajas del 33%”[5]. La crisis del sector minero implica cierre de minas para reducir la producción con el objetivo de recuperar los precios, y masivas pérdidas de puestos de trabajo.
En octubre el grupo Goldman Sachs informó que los precios de los minerales seguirán bajando. En el caso del cobre, la principal producción mineral latinoamericana, en agosto el precio cayó a 4.968 dólares la tonelada, el mínimo en varios años, pero se espera que a fines de 2016 sea de apenas 4.200 dólares. Según los especialistas, los precios de mercado se acercan cada vez más al precio de producción (4.000 dólares la tonelada en el caso del cobre) pero las empresas no están pudiendo frenar la caída[6].
“Los presupuestos de prospección experimentaron una reducción del 26% entre 2013 y 2014, y del 47% respecto a 2012”[7]. Otros datos del mismo informe, confirman la caída: en 2010 se había alcanzado 389 “hitos mineros” mundiales, como la apertura de nuevas minas, pero en 2014 sólo se produjeron 96 hitos.
Por otro lado, los costos de producción en el mundo se vienen incrementando. El costo medio mundial de extraer una libra de cobre creció de 1,37 dólares en 2009 a 2,11 dólares en 2012[8]. Se trata de un aumento del 54% en los costos, lo que sumado a la caída de los precios provoca una situación de crisis. Ambos datos confirman que no estamos ante un descenso coyuntural, sino ante un ciclo a la baja de precios, inversiones y producción.
América Latina casi triplica la media mundial de inversiones mineras. El porcentaje de inversión extranjera directa que llega a los recursos naturales del mundo no pasa del 10%, pero en la región es del 26% y en países como Bolivia y Chile supera el 50%. Cuanto más industrializado es un país, menos inversión llega a los recursos naturales.
En Bolivia, de las 17 empresas privadas registradas en trabajos mineros, sólo tres tienen utilidades, según el analista Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo, mientras que la minería en general tuvo una caída del 50% en sus ganancias en ese país[9]. En Chile, la estatal Codelco hizo este año sus menores aportes en décadas a las arcas del Estado, siendo la mitad que los de año 2014.
Un mar de conflictos
Pero la crisis del sector minero no se debe solamente a la caída de los precios. Un factor decisivo son las resistencias de las poblaciones que muchas veces consiguen cerrar o frenar las minas. Según la CEPAL, los conflictos mineros se producen en todo el mundo, “pero América latina concentra una cantidad desproporcionada”[10].
En cada país los conflictos se procesan de modos diferentes. En Uruguay y Chile, por ejemplo, suelen canalizarse a través de la justicia. En abril de 2013 la canadiense Barrick Gold debió suspender indefinidamente la explotación de la mina de oro Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, por un fallo judicial que recogió la demanda de las comunidades indígenas que acusaron a la empresa de perjudicar su acceso al agua.
Es el mayor proyecto minero suspendido en el continente, que supuso pérdidas para la empresa de 5.000 millones de dólares. En Colombia el gobierno paralizó las exportaciones de carbón de Drummond, de los Estados Unidos, por contaminación marina, mientras otros proyectos fueron retrasados por las protestas. En Uruguay sucedió algo similar con el proyecto de mineral de hierro de la india Zamin.
En Perú las comunidades han debido apelar a la acción directa, que ha conseguido paralizar la mina Yanacocha, así como otros proyectos en el norte y el sur del país. Este país se ha convertido en el epicentro de la conflictividad minera. Regiones enteras, con decenas de alcaldes involucrados y miles de campesinos, han sido arrastradas a graves conflictos con un rosario de heridos y muertos.
El fuerte crecimiento de las inversiones y la multiplicación de los proyectos no alcanzan para explicar el aumento vertiginoso de la conflictividad. Hay tres razones adicionales.
La primera es que las comunidades afectadas tienen mayor acceso a información y muestran una renovada capacidad para hacer escuchar sus voces. Campesinos e indígenas han tejido redes de solidaridad con ONGs ambientalistas y organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, y cuentan con apoyos institucionales en organismos de derechos humanos, alcaldes afines y autoridades estatales de todos los niveles, así como con medios de comunicación.
La segunda, es el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), un importante instrumento legal aprobado por 15 países de la región, que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando los proyectos afecten a las comunidades[11]. Casi todos los pueblos indígenas apelan a este mecanismo en su proceso de empoderamiento ante los gobiernos.
La tercera se relaciona con la percepción de fuertes daños ambientales en los lugares donde ya existen emprendimientos mineros y la certeza de que las multinacionales del sector tienen enormes ganancias. Por un lado, están los fuertes pasivos ambientales y la grave contaminación de las aguas. Por otro, las industrias extractivas consumen mucha energía. Hay un “uso más intensivo de la energía porque los yacimientos en explotación tienen cada vez menos cantidad de mineral por volumen de material extraído”[12].
Las Bambas: el último gran conflicto
Cuando aún no se han apagado los ecos del conflicto entre la población de la sureña región de Arequipa y la minera Tía María (Perú), con su secuela de muertos y heridos, con la ocupación militar de pueblos y ciudades, en la región de Apurímac, en el centro-sur andino, se produjo una nueva masacre con la muerte de cuatro personas en medio de un paro de protesta contra la mina Las Bambas.
Los hechos sucedieron en la tarde el 28 de setiembre, cuando la policía reprimió a balazos a los pobladores de la provincia de Cotabambas, donde se registraron además doce heridos de bala.
Las Bambas es el mayor proyecto minero del país, con una inversión de 10.000 millones de dólares que a partir de enero de 2016 producirá 400 mil toneladas de cobre al año. Sólo la producción de esa mina elevará el PIB anual del país en 1,5%. El 60% de las exportaciones peruanas provienen de la minería que es la principal fuente de ingresos del Estado. Los numerosos emprendimiento mineros se localizan en las regiones más pobres del país, habitualmente en la sierra andina. En la región de Apurímac la pobreza supera el 40% de la población.
La mina Las Bambas fue comprada en abril de 2014 por el consorcio chino-australiano MMG a Glencore-Xstrata por 6,5 mil millones de euros, una de las transacciones más importantes en la historia del Perú. El complejo minero comenzó a construirse hace diez años con la promesa de mejorar las condiciones de vida de la población local. Durante la construcción de este colosal complejo, se necesitaron 10 mil trabajadores que ahora quedarán cesantes, ya que el funcionamiento de la mina necesita dos mil empleados de elevada calificación.
Pero la vida de la población no mejoró. Un informe de la página Lamula.pe destaca que luego de una década “la mitad de la población no puede cubrir sus bienes y servicios esenciales, la tasa de analfabetismo alcanza al 24%, el 40% de los niños menores de 5 años tiene anemia y la desnutrición crónica afecta al 27%, según datos oficiales”[13].
Pero la rabia de la población se disparó por un grave incumplimiento de la empresa. El estudio de impacto ambiental consultado con la población y aprobado por ésta, preveía la construcción de mineroducto bajo tierra de 206 kilómetros que trasladaría el cobre hasta la vecina provincia de Cusco, donde Xstrata tiene un complejo de procesamiento. Pero al ser vendida a MMG, ésta decidió cancelar el ducto y construir un planta procesadora en las proximidades de la mina Las Bambas.
Esta decisión no fue consultada con las poblaciones afectadas. El problema es que cada año circularán camiones trasladando miles de toneladas de cobre por carreteras que atraviesan decenas de comunidades campesinas, generando impactos que no estaban previstos en el estudio original. Además la mina consumirá 800 litros de agua por segundo del río Chalhuahuacho. Las comunidades se sintieron burladas y lanzaron la protesta.
La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia, como lo ha hecho decenas de veces ante conflictos mineros, lo que supone la militarización de provincias enteras. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recuerda que ya son 49 muertos en los cuatro años de gobierno de Ollanta Humala en la represión de conflictos sociales. Desde 2006 son ya 125 civiles muertos, la inmensa mayoría en conflictos mineros.
El “Informe Anual 2014-2015” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, difundido en agosto pasado, asegura que “el 95% de las víctimas fallecieron por impacto de proyectil de arma de fuego”, lo que le permite asegurar que “nos encontramos por lo tanto ante una práctica de carácter sistemático, que involucra responsabilidades al más alto nivel del Estado”[14].
Alguna de las conclusiones del capítulo dedicado a la criminalización de la protesta social, revelan un patrón común: “El gobierno de Ollanta Humala ha desplegado una estrategia frente a la conflictividad social que combina la criminalización de la protesta social, junto con otra estrategia llamada de “diálogo”, pero que está orientada a disminuir el nivel de movilización de los ciudadanos, sin dar una salida de fondo a los problemas estructurales, esto es, la vulneración de derechos”[15].
Durante la presentación del informe, la entonces secretaria ejecutiva de la Coordinadora, Rocío Santisteban Manrique, aseguró que en todo el continente “se sigue usando el derecho penal para desmovilizar a los sectores de vanguardia, deteniendo a los dirigentes, hostigando y desprestigiando a los defensores de derechos humanos y defensores ambientales”.
Es posible que la crisis de la minería sea una oportunidad para los pueblos, si se consiguen sentar las bases para un modelo económico diferente: menos volcado a las exportaciones de commodities y más inclinado hacia el mercado interno y regional; menos agresivo con la naturaleza y las comunidades; con más trabajo especializado involucrado en la elaboración de productos de alta calidad.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
Notas:
[1] “Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014”, OCMAL, abril de 2015, p. 7.
[2] OCMAL, p. 7.
[3] “Inversión extranjera directa en América Latina disminuye 21% en el primer semestre de 2015”, CEPAL, 15 de octubre de 2015.
[4] El Economista, 28 de setiembre de 2015.
[5] Paul Walder, “Crisis del cobre golpea a los trabajadores”, Rebelion, 12 de octubre de 2015.
[6] The Wall Street Journal, 15 de octubre de 2015 en http://www.wsj.com/articles/glencore-plans-more-debt-cuts-to-help-win-upgrade-in-credit-rating-1444932487
[7] “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2015”, CEPAL, p. 24.
[8] “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2013”, CEPAL, p. 27.
[9] Sputniknews.com, 7 de octubre de 2015.
[10] “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2015”, CEPAL, p. 120.
[11] “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2013”, CEPAL, p. 27.
[12] “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2015”, CEPAL, p. 119.
[13] Lamula.pe, 30 de setiembre de 2015.
[14] “Informe Anual 2014-2015”, p. 41 en http://derechoshumanos.pe/2015/08/informe-anual-2014-2015/
[15] Idem, p. 39.
