Plantean control de la inflación, fin del regimen de retenciones y permitir la exploración minera en todo el país derogando la legislación de siete provincias que la prohíben o limitan severamente, entre otras “correcciones” a la política minera vigente desde hace veinticinco años.
Fuente: Diario de Cuyo
Empresarios ligados a la minería elaboraron un petitorio de diez puntos para entregarle al candidato a presidente del Frente para la Victoria, a saber.
1. Revisión de las principales herramientas de la política económica. Entre ellas la paridad peso-dólar, la inflación, cepo cambiario, las remesas de divisas y dividendos, las DJAI, el aumento constante de las cargas tributarias, la distribución de las mismas (Nación-Provincia) y el sinceramiento de los costos internos.
2. El impacto de las importaciones mineras en la balanza comercial es magro comparado con la exportación del sector. Sustituir importaciones es una tarea permanente y debe alentarse, nunca con procedimientos que afecten los plazos de entrega, las calidades de los bienes que se requieren o precios que afecten la competitividad del sector.
3. Respeto a la ley madre de la actividad, el Código de Minería, trabajando para que esta industria lícita hoy prohibida en siete provincias, se pueda desarrollar en todo el país; y a la seguridad jurídica, instrumento imprescindible para una actividad que demanda tiempos en exploración y desarrollos que pueden requerir varias décadas.
4. Recuperación de la competitividad impositiva con respecto a otros países latinoamericanos y del mundo. Las retenciones, inexistentes en los países mineros restringieron la inversión; un solo proyecto de clase mundial de los que se detuvieron o no arrancaron por ese motivo, tributaría sólo por impuestos a las ganancias, más que todo lo que se recauda por retenciones. Devolución en tiempo y forma de los impuestos en la etapa exploratoria para posibilitar su reinversión y nuevos descubrimientos.
5. Redistribución equitativa de la recaudación de la industria minera a las provincias y municipios donde se desarrolla la actividad consolidando desarrollos sustentables.
6. Programas de gobierno claros, que expliciten las políticas públicas para la Industria Minera, incluyendo el fortalecimiento de controles de excelencia y participativos que despejen dudas en la población, sobre el aprovechamiento racional del recurso, la seguridad de los trabajadores y el estricto cuidado del medio ambiente.
7. Definición clara del rol del Estado Nacional y las provincias, cuando se desalienta la inversión minera, por sumar a sus funciones de regulación y control, la participación estatal empresaria compulsiva en el negocio minero y la adopción de impuestos y otros tributos de carácter marcadamente inconstitucional.
8. Difundir y promover ante la sociedad argentina los beneficios de la industria minera. Diagramar una política de difusión desde el gobierno, el ministerio de educación, cámaras, sindicatos del sector y empresas para desmitificar en la sociedad argentina los prejuicios que se tienen de la minería.
9. Fortalecimiento de un Acuerdo Federal Minero de amplio alcance, capaz de revertir la actual discriminación que la minería metalífera sufre en algunas provincias (Mendoza, Chubut, San Luis, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Tierra del Fuego), en abierta violación a la Constitución Nacional y al Código Minero.
10. Consagrar la industria minera como política de estado honrando su carácter de utilidad pública. Cumpliendo estas premisas, se podría triplicar exportaciones y pasar en un futuro mediato a darle al país más divisas que los que ingresan por toda la Pampa Húmeda. No existe ninguna otra actividad económica significativa que destine la mayor parte de sus ingresos por ventas en salarios y proveedores de bienes y servicios.
