Asociados a la caída de la actividad minera, en el último año, se perdieron miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Desde los sectores financierons, mineros y la oposición se quejan de que el gobierno nacional es responsable por el cambio de reglas de juego. Sin embargo, el régimen legal que beneficia al sector minero desde los año ’90 sigue intacto. Lo que no revelan estos actores es el creciente rechazo social, la prohibición de la actividad por leyes en siete provincias y cómo estos factores desalientan o impiden las pretensiones de saqueo.
Fuente: Clarín
Desde el sector financiero lo atribuyen al cambio de reglas de juego jurídicas y las condiciones macroeconómicas.
Por su parte, desde la oposici{on señalan como responsablea a una política “desacertada” que “produjo miles de despidos” por el freno de los proyectos como Potasio Río Colorado en Mendoza, Don Nicolás y Cerro Negro en Santa Cruz, y otros tantos en La Rioja y Catamarca. Pero los masivas bajas se sintieron en la provincia de San Juan por la paralización del proyecto binacional Pascua Lama, que destapó el conflicto de la crisis minera.
Desde las empresas mineras, señalan que las inversiones cayeron por el contexto internacional, por los bajos precios de los metales, por los mayores costos de las operaciones y la cuestión financiera. Y aseguran que “han tratado de no hacer grandes ajustes a través del empleo”, señalaron en la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). En el caso de Pascua Lama, al paralizarse las obras por una cuestión regulatoria en Chile, afectó a unas 11 mil personas ligadas a la construcción pero no eran de la planta permanente de las mineras sino contratistas, a los que no se les renovaron los contratos en forma gradual”, explicaron en la canadiense Barrick Gold.
