San Juan Sacatepéquez , Guatemala – 06/06/08. • Pobladores de San Juan Sacatepéquez reafirman su oposición a proyectos de cementera • FOCAL: «La falta de una consulta libre… con las comunidades indígenas es una de las causas primarias de conflictos relacionados con la minería» • Consultas comunitarias sin ser validadas; se siguen otorgando licencias mineras
Fuente: Inforpress
Ratificando su oposición a los proyectos mineros de Cementos Progreso, miles de pobladores del municipio de San Juan Sacatepéquez marcharon el 31 de mayo, hasta la sede de la municipalidad para exigir la anulación de un convenio vigente desde diciembre de 2007, en el que la municipalidad autorizó las operaciones de la cementera. Ese mismo día estaba programada una reunión entre representantes de la compañía, autoridades municipales y del gobierno central, así como líderes comunitarios, pero la ausencia de estos últimos frustró el plan de Cementos Progreso para tratar de convencer a los pobladores de los beneficios de los proyectos para que acepten la instalación de la planta de producción de cemento, proyecto que respalda el gobierno.
Este caso de oposición minera se suma al creciente malestar contra esa actividad extractiva manifestada en las consultas comunitarias así como en estudios elaborados al respecto, dados a conocer recientemente. Mientras tanto, la cartera de Energía y Minas continúa autorizando licencias mineras.
>«NUESTROS ABUELOS NOS DIJERON QUE ESTA TIERRA ES NUESTRA» .Ésta fue una de las principales consignas que llevaron miles de pobladores provenientes de diferentes aldeas de San Juan Sacatepéquez durante la manifestación frente a la sede municipal, realizada el 31 de mayo.
Los pobladores, en su mayoría campesinos que cultivan flores, expresaron su rechazo a la construcción de la planta de producción de cemento de la empresa Cementos Progreso, en la finca San Gabriel Buena Vista, localizada en medio de las comunidades de Loma Alta, Santa Fe Ocaña, Pilar I, Pilar II, Cruz Blanca, Cruz Ayapán, Lo de Ramos, Las Trojes I, Las Trojes II y Los Pajoques de donde provenían los manifestantes.
La protesta exigió principalmente la anulación del «convenio de cooperación interinstitucional» firmado, el 18 de diciembre de 2007, entre Cementos Progreso, la Municipalidad de San Juan, y personas que se autonombraron representantes de las comunidades, sin contar con el respaldo de las mismas, según denunciaron los líderes de la protesta. El convenio incluye, entre otros asuntos, negociaciones sobre tributos a la municipalidad y derechos de construcción a favor de la cementera.
La creciente oposición se originó desde 2006, y en junio de 2007, se realizó una consulta comunitaria cuyos resultados fueron de rechazo al proyecto minero de Cementos Progreso, a la instalación de la planta de producción y la construcción de una carretera proyectos a realizarse por empresas vinculadas directa o indirectamente a esa compañía (Inforpress 1741). *
La manifestación contra la cementera ocurrió el mismo día en la que se daría una reunión entre autoridades municipales, de la cementera, del gobierno central y líderes comunitarios en la sede de la municipalidad. La reunión ya no se dio debido a la inasistencia de los líderes, quienes prefirieron manifestar pacíficamente.
A la marcha fue invitado Anders Kompass , representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( OACNUDH ), quien asistió como testigo de honor.
La posición y demandas de los pobladores se dieron a conocer a través de un memorial que le fue presentado a la alcaldesa Marta Sicán.
El documento, que recoge el historial del conflicto, pide a Sicán , entre otras cosas, desconocer el convenio de 2007 firmado por las anteriores autoridades, por ser «ilegal, ilegítimo, e inmoral» , a la vez que le pide fijar posición al respecto. También exige que se tomen en cuenta los resultados de la consulta comunitaria, desfavorables a la cementera.
UN PULSO QUE SE COMPLICA Entre los asistentes a la reunión estuvieron Jorge Lemcke , gerente general de Cementos Progreso; Eduardo Aguirre , gerente de Desarrollo Sostenible y Luis Velásquez , delegado del gobierno. ** Si bien la reunión se había programado desde el 21 de abril y tenía como propósito convencer a los comunitarios para que acepten el proyecto, al final los pobladores no se presentaron.
Según los pobladores éstos serán los efectos a futuro en las comunidades que se verán al momento de empezar a instalar la cementera en el área:
– Desalojos de las comunidades adyacentes a la finca (Las Trojes I y Las Trojes II), ofreciéndoles tierras en lugares que también sufren problemas del mismo tipo.
– La contaminación por el polvo causado por la extracción de materiales.
– El uso de 900,000 litros de agua diarios, lo que utilizan todas las comunidades en un mes.
– Tala inmoderada del bosque causará la desertificación del área y la escasez del agua.
– La transformación de las tierras cultivables en una cantera, en beneficio de la empresa.
– La contaminación del aire causada por la fábrica y los camiones que transportarán los materiales extraídos.
– La ampliación de las carreteras y el crecimiento del tráfico pesado en el área, que actualmente no existen.
– La transformación de floricultores a mano de obra barata y explotada en servicio de la empresa, o sea la desaparición de cooperativas y microempresas dedicadas a la floricultura.
– Junto con la creación de esta cementera se espera el ingreso de cinco empresas mineras transnacionales que esperan extraer más de veinte materiales diferentes.
Según Lemcke , a la empresa le interesa establecer un diálogo con las comunidades para elaborar un plan de desarrollo que se financiará con las regalías provenientes de la explotación de la piedra caliza, estimadas en Q2.5 millones anuales ( Siglo Veintiuno , 1/6/08).
Para Aguirre , los pobladores están «mal informados» , porque «el agua no la vamos a usar para fabricar cemento, en cambio proponemos desarrollo y diálogo.» ( Diario de Centroamérica , 2/6/08).
A la demanda de que se acepte el resultado de la consulta comunitaria de 2007, el delegado presidencial Luis Velásquez dijo que «Sí debemos atender al Convenio 169 que establece que se debe consultar a la población indígena, pero las comunidades no tienen opción de veto».
Según Velásquez «Las consultas populares que hicieron son ilegales, porque las comunidades no tienen opción al veto. La empresa está en ley y pueden empezar a construir.»
Las declaraciones de Velásquez contrastan con lo dicho días antes por el director de Minería, del Ministerio de Energía y Minas ( MEM ), Óscar Rosal , quien justifica la entrega de licencias mineras en el país en cumplimiento de la ley, «pero quienes deciden si dejan o no que se haga la exploración, son los pobladores.»
Sin embargo, Rosal agrega, el derecho de la propiedad es constitucional, por lo que la exploración no puede darse sin el permiso de la población o de los dueños de la tierra. ( Diario de Centroamérica , 20/5/08).
El malestar contra la minería fue puesto de manifiesto en dos estudios sobre la industria minera en Guatemala y Perú, en los que se destaca que «La industria minera ha recibido varias garantías de protección a sus inversiones sobre cambios en el régimen fiscal y en la legislación; sin embargo, las comunidades no tienen la garantía mínima de que los sectores público y privado respetarán su derecho a consulta» . ***
En el contexto de esos estudios, la agencia Cerigua (3/6/08) señaló que «Las comunidades indígenas de Guatemala no son tomadas en cuenta por el Estado para socializar propuestas de instalación de mineras o cementeras, situación que genera descontento, inseguridad e ingobernabilidad en los poblados.»
* La empresa que construirá la carretera es Constructora Nacional, S.A. ( CONALSA ), una de las principales proveedoras del Estado. Fue fundada por el reconocido arquitecto Carlos Enrique Tejada Wyld (ya fallecido), cuya familia está emparentada con los propietarios de Cementos Progreso, la familia Novella . La empresa es dirigida actualmente por su hijo Jorge Tejada y Hugo Mayorga .
** Eduardo Aguirre ocupó los cargos de gerente de la vicepresidencia y de la presidencia de la República, durante el gobierno de Óscar Berger. Sin embargo, Aguirre destacó en el cargo de Coordinador General de Reconstrucción, durante 2006 y 2007. En ese puesto estuvo al frente del programa de reconstrucción por los daños provocados por el huracán Stan, proyecto seriamente cuestionado hoy en día por corrupción y bajos niveles de ejecución presupuestaria, algo que el actual gobierno calificó de «inmoral» ( La Hora y Prensa Libre 3/6/08, y elPeriódico , 4/6/08). En el caso de Luis Velásquez , es asesor de la presidencia de la República, se desempeña como mediador en conflictos sociales y está a cargo del diseño del Plan Estratégico de Gobernabilidad.
*** En el marco del programa «Gobernabilidad indígena en las Américas,» la Fundación Canadiense para las Américas ( FOCAL ) realizó dos talleres sobre Oportunidades Económicas y el Desarrollo Indígena en febrero de 2008, en Perú y Guatemala. El resultado fueron dos estudios publicados en mayo y dados a conocer esta semana, titulados «Indigenous Governance Indicators for Corporate Social Responsibility» y «Oportunidades Económicas y el Desarrollo Indígena» , elaborados por Omaira Mindiola y Jean Pierre Chabot .
