Las empresas mineras siguen discutiendo con Jorge Capitanich los principales lineamientos de un acuerdo sectorial que establece metas de supuestos crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años. El primero y más claro acuerdo es que no tocarán la diversidad de beneficios tributarios, arancelarios y territoriales que desde la década del ’90 rigen las condiciones de la entrega.
Fuente: El Inversor Energético y Minero
El Inversor Online tuvo acceso al borrador del convenio marco que discuten representantes de la Cámara de Empresarios Mineros (Caem) con funcionarios del jefe de Ministros. El proyecto -que está en consonancia con acuerdos similares que el Gobierno aspira a firmar con casi 40 sectores productivos- contempla metas cuantitativas diferenciales cuyo cumplimiento será revisado de forma semestral.
El punto 1 del borrador establece las ‘Metas 2014-2015′ en las áreas de empleo, producción productividad, exportación y sustitución de importaciones. En tanto que el artículo 2 fija los instrumentos que utilizará el Estado nacional para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
“Las empresas de la cadena también podrán acceder a los mecanismos de fortalecimiento del comercio exterior del Estado, tales como las acciones que se ejecuten en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx)”, propone el borrador que está siendo evaluado por la Caem, presidida por Martín Dedeu.
Existen, desde la óptica de las empresas, tres puntos de importancia estratégica. El primero apunta a vigorizar los trámites de importación de insumos y equipos, uno de los aspectos que en el pasado inmediato afectó a las mineras por la demora de la Aduana para habilitar los cargamentos. “El Estado Nacional se compromete a agilizar los mecanismos implementados por la Secretaría de Comercio Interior y el Banco Central de la República Argentina para la importación de aquellos insumos, equipos, maquinarias y repuestos no disponibles en el país”, señala el documento.
El segundo ítem está ligado a la promoción de nuevas inversiones. En esa dirección, el Gobierno se obliga a “cumplir acabadamente con los plazos de devolución del IVA de construcción para los nuevos proyectos”. “De igual modo se propenderá la aceleración de los reintegros del IVA a las empresas en operación dentro de los 60 días de la fecha del respectivo reclamo, a fin de colaborar en el incremento de fondos a reinvertir en capital de trabajo, producción y exploración. Asimismo, impulsara la devolución del IVA de exploración en plazos cercanos a la finalización de las respectivas campañas”, continúa el convenio marco promovido por Capitanich.
El tercer punto que interesa de forma sustancial a los privados es la ratificación de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. En esa dirección, el borrador suscita “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Se trata de un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria.
El objetivo del Gobierno era realizar un gran anuncio público con la presencia de la Presidenta en abril, pero por ahora varios representantes mineros consultados precisaron que el convenio está bajo análisis y que antes de firmarlo harán propuestas de cambios. En algunas empresas incluso señalaron que el tratamiento de la iniciativa es incipiente. “La idea surgió a fines de febrero, pero aún no cobró el impulso necesario para materializarse. Parece que va para largo”, admitieron en una de los mayores productores metalíferos del país.
