El sector minero y petrolero canadiense ha multiplicado sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, pero también se enfrenta a graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con gobiernos por sus prácticas laborales, sociales y medioambientales.
Fuente: EFE
En Chile, las autoridades judiciales han paralizado las obras de construcción de la gigantesca mina Pascua-Lama, un megaproyecto de Barrick Gold, el mayor productor del mundo de oro, situado en la frontera entre Argentina y Chile por problemas medioambientales.
En Bolivia, South American Silver Corporation (SASC), inició ayer un arbitraje internacional contra el Gobierno de Bolivia por la anulación de su concesión en una mina de plata e indio en la región andina de Potosí.
En Perú, la empresa petrolífera Talisman se retiró en septiembre de 2012 de la región amazónica del país tras años de protestas y enfrentamientos con los indígenas achuar que se oponen a la explotación de pozos petrolíferos en su territorio tradicional.
En marzo de este año, por primera vez en la historia judicial de Canadá, un tribunal de Toronto celebró una vista para determinar si se juzga en el país a la minera canadiense Hudbay por violaciones de los derechos humanos en Guatemala.
Y desde ayer, el Gobierno guatemalteco ha decretado el estado de sitio en cuatro municipios del este del país para controlar la violencia desatada por las protestas relacionadas con las operaciones de una mina propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources.
Para Jamie Kneen, portavoz de la organización sin ánimo de lucro Mining Watch, que desde 1999 sigue las actividades del sector minero canadiense en el exterior, todos estos casos son sólo la punta de un iceberg de malas prácticas por arte de las compañías del país.
“La situación es mucho peor. Esto es lo que sabemos pero lo que no escuchamos es mucho más. Y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos”, dijo Kneen a Efe.
Kneen señala que el sector minero canadiense cuenta con un grupo de “lobby” muy poderoso que incluye casi todos los exprimeros ministros del país “que trabajan como abogados o asesores para las compañías mineras”.
Canadá, un país conocido por sus recursos naturales, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales inversores extranjeros en minería y explotación petrolífera del mundo.
Según los últimos datos publicados en enero de este año por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, en 2011 los activos mineros canadienses tenían un valor de 215.300 millones de dólares canadienses, unos 213.147 millones de dólares estadounidenses, un 15 % más que en el año anterior.
Pero lo que es más significativo, el 70 % del total, unos 146.200 millones de dólares, están situados en 106 países de todo el mundo, lo que da una idea del alcance de las inversiones canadienses en el sector.
Los países donde las compañías canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares), Chile (19.000 millones de dólares) y Estados Unidos (17.000 millones de dólares).
Además, entre los 10 principales países para las empresas mineras canadienses se sitúan Argentina, la República Dominicana y Brasil.
De hecho, el 59 % de los activos canadienses en el extranjero se encuentran en el continente americano aunque según los datos, entre 2010 y 2011 el mayor aumento en activos mineros canadienses en el extranjero se produjo en Asia, un 38 %, seguido de África, un 17 % y en tercer lugar el continente americano, con un 12 %.
Para los sucesivos gobiernos canadienses, las actividades del sector minero en el extranjero es una cuestión de Estado, según Kneen, que destaca que todos los intentos para controlar el sector han fracasado, incluido un proyecto de ley en 2009 que debería haber controlado sus actividades en el extranjero.
Mining Watch y otras organizaciones como Rights Action o Amazon Watch que desde hace años vienen denunciando las actividades de las mineras canadienses en el extranjero, señalan que la embajadas canadienses en Latinoamérica actúan como representantes de sus intereses comerciales.
Tras el golpe de Estado que derrocó al hondureño Manuel Zelaya en 2009, Rights Action denunció la supuesta implicación de intereses canadienses en el golpe.
En su momento, Canadá denunció “el golpe de Estado” contra Zelaya pero no solicitó la vuelta al poder del mandatario y se limitó a solicitar “una solución pacífica a la actual crisis política”.
Kneen dijo a Efe que es “difícil” ignorar una serie de coincidencias.
“El Gobierno canadiense fue muy rápido en reconocer el gobierno golpista. CIDA, la agencia canadiense para el desarrollo internacional, ha estado implicada en la reforma del año pasado del código minero hondureño. Las compañías mineras tenía problemas con Zelaya”, declaró Kneen.
“Y el golpe de Estado se produjo muy poco después de que Zelaya impusiera una moratoria en el sector minero hondureño. Es muy difícil no extraer conclusiones”, añadió Kneen.
