Argentina – 13/01/08. Al menos cinco compañías mineras, incluyendo a dos de las más grandes del mundo, han comenzando procedimientos legales en Argentina para combatir un arancel de exportación implementado por el Gobierno. “Fue necesario proteger nuestros intereses con procedimientos legales”, dijo Emily Russel, portavoz de Xstrata, que posee la mitad de Bajo de la Alumbrera. Sin embargo, la manera particular y sesgada de aplicar esta medida muestra claramente que el gobierno no tiene en sus planes una política contundente y profunda para limitar la voracidad minera y mucho menos para impedir el daño económico, social y ambiental que genera la minería metalífera a gran escala.
Fuente: Catamarcactual y esta redacción
Las empresas se quejan de la decisión gubernamental de eliminar las exenciones a los aranceles de importación del 5 a 10%, medida que dicen contradice el código de minería del país y que podría disuadir futuras inversiones.
La ley de minería argentina garantiza a las firmas estabilidad impositiva por 30 años desde el momento en que presentan estudios de viabilidad. Las mineras dicen que la medida socava esa promesa, y las operaciones locales.
“Fue necesario proteger nuestros intereses con procedimientos legales”, dijo Emily Russel, portavoz de Xstrata, con sede en Suiza, y que posee la mitad de Bajo de la Alumbrera, proyecto de cobre y oro más grande del país.
“Hemos pedido un mandato judicial para detener las medidas”, dijo Nick Cobban, portavoz de Río Tinto, grupo a cargo de una mina de hidróxido de potasio en Argentina que está programado que comience a producir en el 2011.
La medida cuestionada elimina las exenciones a los aranceles de exportación introducidos en 2002, pero funcionarios buscan ahora diseñar un nuevo sistema de aranceles para aprovechar los altos precios globales de los metales, según empresarios del sector.
Cómo operan las excenciones a las mineras
Todavía no existe un decreto y mucho menos una ley que determine las retenciones a las exportaciones de minerales que vienen anunciándose y negociándose entre el gobierno nacional y las mineras desde hace unos meses.
Ese punto es solo uno de todos los beneficios fiscales y territoriales que posee el sector minero que incluyen desgravaciones y rebajas impositivas y arancelarias de una magnitud como no posee ningún otro sector de la economía y que garantizan fabulosas ganancias que se conjugan con el alto valor del oro y demás minerales metalíferos y los bajos costos extractivos.
Recordemos que si bien las exenciones están establecidos por Ley, la Secretaría de Minería de la Nación debe extender los certificados de excención a cada empresa minera inscripta. Para ello las mineras deben presentar balances, DDJJ y demás documentación. Por lo tanto es ese organismo estatal el que emite el instrumento legal otorgando el beneficio.
A trascendido que el propio Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno del riñón kirchnerista, fue quien presionó fuertemente a Jorge Mayoral, titular de la Secretaría de Minería, para que no extendiera los certificados de exención a algunas empresas y a la vez para que finalizara con unas 10 exenciones a mineras que tenía los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras. Ante esto, se comentó también que Mayoral presentaba su renuncia, pero las mineras le dijeron que no se vaya.
Además, las retenciones a las mineras serían móviles entre un 5 a 10%, o sea que su porcentaje variaría de acuerdo al precio de sus exportaciones, como sucede con las exportación de petróleo.
Solo para guardar las apariencias
Aunque no se conoce la nómina de empresas mineras bendecidas y condenadas por el gobierno,
en un comienzo los cañones apuntaron a Minera La Alumbrera (un consorcio encabezado por la suiza Xstrata que explota un importante yacimiento de oro y cobre cerca de Andalgalá, Catamarca) por el concentrado que envía por mar a analizar en Noruega y procesar en otros países para extraer los minerales. Desde allí informan a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) qué y cuánto se llevaron.
La manera particular y sesgada de aplicar esta medida muestra claramente que el gobierno no tiene en sus planes una política contundente y profunda para limitar la voracidad minera y mucho menos para impedir el daño económico, social y ambiental que genera la minería metalífera a gran escala. Solo movió algunas piezas para guardar las apariencias.
