Esquel, Chubut – 01/02/07. El próximo domingo 4 una nueva marcha por el NO A LA MINA recorrerá las calles y los esquelenses expresarán, además, su rechazo a la judicialización que afrontan seis vecinos de esta ciudad, después que la empresa Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold Inc.[1] les iniciara una querella por dar a conocer la estrategia empresarial cuyo propósito es “torcer la voluntad del pueblo”.
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En el marco de esta causa el juzgado estableció una audiencia de conciliación para el próximo 13 de febrero en Buenos Aires, convirtiéndose en el primer caso en el que una empresa del sector persigue penalmente la resistencia de toda una comunidad ante las actividades mineras. Por ese motivo los vecinos querellados estarán en esa ciudad desde el 9 de febrero.
Bajo la consigna “¡Con la minera no se negocia, y punto!”, este domingo los vecinos partirán a las 18 hs. de la Plaza San Martín y recorrerán el centro de la ciudad hasta las oficinas de Minera El Desquite en lo que significará la marcha Nº 61. La persecución a media docena de vecinos -dos de los cuales son periodistas- es interpretada en la ciudad como una embestida contra el conjunto de la comunidad que mensualmente realiza movilizaciones por el NO A LA MINA[2].
La resistencia de los esquelenses se juzga en Buenos Aires
En la demanda presentada en el juzgado correccional nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Luis Schelgel, la minera acusa a los vecinos de haber difundido la estrategia de la empresa para “torcer la voluntad de Esquel”.
Estos propósitos están contenidos en el audio de una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional que en septiembre del 2003 (a solo seis meses del plebiscito que determinó el NO) elaboraron estrategias para conspirar contra esta comunidad que rechaza rotundamente la actividad minera por el saqueo y la contaminación que provoca.
En ese cónclave dan cuenta de sus aceitados contactos con todo el arco político de la provincia hasta el gobernador pero también con ministros del gobierno de Néstor Kirchner. La perversidad de lo denunciado por los vecinos queda demostrado cuando uno de sus ejecutivos puntualiza textualmente que “en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo”.
El texto de la querella ratifica la total veracidad de las decisiones tomadas en aquella reunión del 2003 y pone de manifiesto la existencia de una conspiración para ejecutar el emprendimiento minero a pesar de que usará el método de explotación a cielo abierto y lixiviación con cianuro que está prohibido por la legislación provincial[3].
Leyes, gobiernos y lucha antiminera
A lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros y esta querella es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos que se oponen a las explotaciones mineras.
La base ideológica de esta acción judicial podemos encontrarla en la propia legislación minera argentina que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras.
Además, la política minera oficial acompañada por los gobiernos provinciales y patrocinada por el conjunto del sector minero, genera todo tipo de hostigamientos a las comunidades que resisten en defensa de las producciones sustentables y bienes naturales como el agua y el suelo tanto en la cordillera como en otras zonas.
ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL
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[1] Si bien las sedes centrales de la empresa están en Toronto, Canadá, y Reno, EEUU, en el texto de la demanda a los vecinos la empresa manifiesta que entre sus accionistas se halla un grupo con la denominación Meridian Gold Holdings (Cayman) Ltd., lo cual refiere a su sede en las Islas Cayman que es un conocido paraíso fiscal y centro financiero para el lavado de dinero.
[2] Cabe recordar que la minera permanece en Esquel con oficinas y depósitos, el gobierno no canceló la concesión del yacimiento ni las habilitaciones comerciales y los mineros realizan permanentes maniobras y conspiraciones para poder explotarlo.
[3] La Ley Provincial 5001 establece en el Artículo 1°: Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
