En la madrugada del viernes 27 de Mayo un numeroso operativo policial, que incluyó la actuación de al menos Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) y de Gendarmería Nacional, allanó la recuperación territorial mapuche llevada adelante por las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen.
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Por Programa Permanente de Extensión en Comunidades Indígenas – Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires
1 de Junio de 2016
Los hechos
En la madrugada del viernes 27 de Mayo un numeroso operativo policial, que incluyó la actuación de al menos Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) y de Gendarmería Nacional, allanó la recuperación territorial mapuche llevada adelante por las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen.
El territorio en conflicto está situado en la zona de Leleque-Vuelta del Río, un paraje ubicado a unos cien kilómetros de Esquel, en Chubut, y a unos treinta de la ciudad de El Maitén, en la misma provincia.
La recuperación se inició en Marzo desde 2015, en terrenos que los mapuche disputan a la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de la familia Benetton, el mayor grupo terrateniente del país, poseedor de unas 900.000 hectáreas de campo en la provincias de Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz.
El operativo policial pretendía detener a Facundo Jones Huala, sobre quien pesaría un pedido de captura internacional. A través de informes de inteligencia, la fiscal de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi, tenía noticias de su presencia en la recuperación.
Huala fue detenido, pero al mismo tiempo otras seis personas fueron privadas de su libertad, entre ellos un menor que fue liberado algunas horas después. Los miembros de las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, el colectivo que protagoniza la recuperación territorial, denunciaron la violencia del operativo, que incluyó arrancar a la gente de sus casas a la madrugada y en algunos casos arrastrarlos de los pelos por el suelo.
Vale mencionar que varios niños, entre ellos un bebé de un mes de edad, viven en el territorio. Se vieron obligados a pasar la noche siguiente (con temperaturas bajo cero) a la intemperie, porque la zona fue acordonada para “preservar evidencias” y no se les permitió regresar a sus hogares.
Los argumentos para la detención masiva fueron el hallazgo de un arma de fuego y de evidencias de faena de animales, lo que les valió a los miembros del lof la acusación de abigeato.
Los detenidos fueron introducidos en automóviles sin patente y con los vidrios polarizados, y así trasladados a Esquel.
En los hechos, se trató de un intento de desalojo, encubierto como allanamiento y sólo impedido por la resistencia de las mujeres y niños que permanecieron en el territorio y las redes de solidaridad y apoyo que inmediatamente comenzaron a activarse.
La audiencia judicial de control presidida por el Juez Zacchino tuvo lugar al día siguiente, a partir de las once de la mañana, aproximadamente. Jones Huala fue trasladado entre los juzgados provinciales y federales con gran despliegue por parte de la Gendarmería Nacional, que movilizó incluso un Unimog frente a las decenas de manifestantes que se apostaron desde temprano en la entrada de los tribunales de Esquel.
La audiencia duró hasta las nueve de la noche, con varios cuartos intermedios y amonestaciones del juez, quien ante la incomprensión de la lengua y el protocolo de presentación mapuche se enojaba y pedía traducciones al español.
Finalmente, pese a los pedidos de la Fiscal y de Martín Iturburu Monef, representante legal de la Compañía de Tierras, que se ha constituido como querellante en la causa, todos los detenidos salvo Facundo Jones Huala fueron puestos en libertad. Se negó restituir el predio en disputa a la empresa de Benetton y no se fijó ninguna restricción para los acusados acerca de volver a su territorio.
Jones Huala fue alojado en la Unidad Penal 14, en Esquel. Se le dictaron hasta 60 días de prisión mientras el poder judicial evalúa la situación de su pedido de captura internacional, pues parece no haber certeza de su vigencia.
Una interpretación posible
Los hechos narrados no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta procesos mucho más amplios y algunas circunstancias puntuales acontecidas en el mediano y corto plazo.
En primer lugar, la lucha del pueblo mapuche por la reconstrucción de sus formas de organización autónoma y la recuperación de su territorio tiene muchos años de trayectoria y ha alcanzado, en los últimos lustros, un reconocimiento generalizado por parte del conjunto de la sociedad. La preexistencia de este pueblo y sus derechos en cuanto tal han sido reconocidos incluso por la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
En la zona, el apoyo de la causa mapuche por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil ha impedido incluso un operativo similar a este que hemos narrado el año pasado, cuando el GEOP intentó allanar la recuperación territorial partiendo desde Esquel.
La lucha de las distintas organizaciones mapuche en la Patagonia y su progresivo reconocimiento llevaron incluso, como hemos sintetizado en otra nota, al descubrimiento de actividades de espionaje ilegal desarrolladas por un agente de inteligencia de la SIDE-AFI, de quien no se conoce aún la identidad y que actualmente se encuentra procesado por el Juez Federal Guido Otranto.
El espía tenía planillas con las fotos, números de DNI, ocupación y posición política e ideológica de al menos veinte personas habitantes de la Comarca, entre quienes se contaban Concejales, candidatos de partidos políticos, miembros de la Asamblea del No a la Mina de Esquel y dirigentes mapuche. Esta información ilegalmente recopilada era puesta por el espía a disposición de los fiscales Rivarola, Bottini y Révori, de la fiscalía de Esquel, quienes alegremente la recibían y, por lo que podemos intuir, la utilizaban. De hecho, llegaron a solicitar la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la recuperación, cosa que el tribunal federal y luego la Corte Suprema rechazaron prontamente.
Cuando estos hechos salieron a la luz, producto de una audiencia en la que también se buscaba imputar a los miembros de las Lof en Resistencia de Cushamen, el escándalo llevó al procesamiento del espía y los fiscales y a un pedido de jury para estos últimos.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de Chubut, organismo encargado de administrar el jury, resolvió archivar la causa hace apenas veinte días. ¿No es llamativo que al poco tiempo se haya producido el operativo que allanó la recuperación? ¿No es llamativo que se haya concretado un operativo similar a aquél que fue impedido y que puso la atención sobre las tareas de inteligencia ilegal? El mensaje parece ser claro y es preocupante: es válido apelar a medios ilegales para desarticular y reprimir los reclamos de la sociedad civil y los pueblos originarios.
En lugar de apelar a instancias de diálogo, en lugar de abrir espacios de discusión y contemplar los argumentos y los reclamos de los pueblos originarios, el Estado recurre a modalidades represivas, a prácticas siniestras como el espionaje y el uso de la fuerza física para intentar saldar los emergentes de profundas desigualdades y deudas pendientes.
Con estos medios, sólo se estimularán las espirales de violencia y las estigmatizaciones contra la lucha del pueblo mapuche. Manifestamos nuestra solidaridad con los detenidos e imputados y nuestro profundo repudio hacia las prácticas persecutorias empleadas y la impunidad de quienes las perpetran.
