Se realizaron tareas de espionaje en Esquel, cosa que salió a la luz fruto de las luchas del pueblo mapuche. Con el escándalo en marcha, con una semana que estará marcada por las declaraciones cruzadas y las movilizaciones ciudadanas en Esquel, resta señalar que, una vez más, la lucha de los pueblos originarios han puesto en evidencia los chirridos de las partes más oscuras de la máquina estatal.
Por Hernán Schiaffini
El pasado viernes 28 de Agosto se realizó una Audiencia Pública en el Juzgado Penal de Esquel. La presidió el Juez Martín Zacchino.
Allí la Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A., centenario latifundio hoy en manos del grupo Benetton, se constituyó como querellante frente a las Lof en Resistencia de Cushamen, grupo mapuche que desarrolla la recuperación de una fracción de su territorio entre los parajes de Vuelta del Río y Leleque, en el cruce de las rutas 40 y 71, a unos 100 km. al norte de Esquel.
Una breve síntesis del proceso: la recuperación se inició en Marzo de este año, y denunció prontamente distintas maniobras represivas de parte de la policía provincial: disparos con armas de fuego, intentos arbitrarios de detención, pedidos de identificación para todo el que circule cerca, sea parte de la recuperación o no.
La Fiscalía local comenzó a actuar de oficio apenas conocida la reivindicación mapuche. Fruto de esta acción de oficio ocurrieron pedidos de captura, exclusión para acercarse al territorio a la gente que apoyaba con alimentos y abrigo para el invierno y un operativo “cuyo objetivo era identificar” a cargo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP) –cuyos antecedentes son conocidos– que se iba a realizar de noche. La movilización de las redes de apoyo de la recuperación y un hábeas corpus preventivo lograron evitar el procedimiento.
Otra de sus hazañas fue la de pedir la aplicación de la Ley Anti-terrorista, para lo cual solicitaron trasladar la causa al fuero federal. En esto estuvieron de acuerdo el fiscal Rivarola y su ex-jefe, el juez Zacchino. Señalaron que la recuperación territorial “atentaba contra el Estado y constituía un peligro para la paz social”. Con buen criterio y rápidos reflejos, el Juez Federal Guido Otranto rechazó el pedido.
La última sorpresa se produjo cuando el Defensor Público Fernando Radziwilowski, participante de la Audiencia con la que abríamos estas líneas, encontró entre el material que le había remitido la Fiscalía un conjunto de fichas que recopilaban información aceca de muchos ciudadanos de Esquel, todos vinculados, de una u otra manera, a la asamblea del “No a la Mina”, uno de los movimientos sociales más activos del pueblo.
Las fichas (las pegamos abajo) incluyen el nombre, número de documento y foto de las personas, junto con una descripción de sus actividades y roles: se dice de uno que “baja línea del No a la Mina” a sus alumnos, de otro que “tiene un alto perfil de izquierda”, de un periodista local que “permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad (?)-1- los funcionarios y las fuerzas”, de varios que “fueron promotores del conflicto docente de 2014”.
Uno de los más completos es el de la activista mapuche Moira Millán. Entre otras cosas de ella se dice que “Protagonizó del corto (sic) “Pupila de mujer, mirada de la tierra”, se dice que este corto fue bancado por ONG Italianas opuestas a Benetton, que hasta habrían pagado en festivales para que sea premiado y así mas difundido por el mundo”.
El revuelo en Esquel fue inmediato. El Ministerio Público Fiscal emitió el mismo viernes un comunicado donde decía que “es habitual que miembros de organismos privados o públicos acerquen información a la Fiscalía”. Al día siguiente a la mañana convocaron a una conferencia de prensa donde dijeron que “repudiaban esa información” y que espontáneamente se las había acercado el 28 de Mayo una persona a la que entrevistaron dos fiscales, que tienen videograbada esa entrevista, y que la persona en cuestión es “empleada de un organismo nacional” y que “su identidad está protegida por la Ley de Inteligencia”. Sin embargo, señalaron que “no llegaron a procesar esa información”.
La conclusión es clara: se realizaron tareas de espionaje en Esquel y la zona. La Fiscalía tenía los resultados de esas tareas en su poder, entregadas por un espía local, conocido por ellos. Bien conocían la existencia de esas fichas (cosa que niegan), bien no contaron con las competencias necesarias para detectar que su sola existencia constituye un delito. Tampoco para, apenas trascendidos los acontecimientos, iniciar las investigaciones correspondientes: quien realizó el espionaje no ha sido citado a declarar, quien lo ordenó se desconoce. ¿U ocurre, acaso, que la Fiscalía debería investigarse a sí misma? ¿Qué garantías de transparencia en la investigación ofrecen estos fiscales que, por acción u omisión, han incumplido con sus deberes?
Con el escándalo en marcha, con una semana que estará marcada por las declaraciones cruzadas y las movilizaciones ciudadanas en Esquel, resta señalar que, una vez más, la lucha de los pueblos originarios han puesto en evidencia los chirridos de las partes más oscuras de la máquina estatal.
-1- En nuestra opinión, es evidente que habla de la actividad minera, lo que pone sobre el tapete los vínculos entre espionaje y lobby minero.
