El operativo ordenado por la Justicia Federal se hizo el martes en la planta de filtros de Minera Alumbrera en Ranchillos. Allí se arrojan efluentes al canal DP2 que desemboca en la cuenca Salí-Dulce.
Fuente: Primera Fuente
El operativo, ordenado por la Justicia Federal, se realizó el martes en la planta de filtros de Minera Alumbrera en Ranchillos. Allí, la empresa vierte efluentes al canal DP2 que desemboca en la cuenca Salí-Dulce.
La medida fue dispuesta por el juez federal Nº 2, Fernando Luis Poviña, en el marco de la causa iniciada por Juan Antonio González, en 1999, por presunta violación a la ley 24.051, sobre residuos peligrosos. Pese a los años transcurridos, el banquillo de los acusados todavía sigue vacío.
Se tomaron muestras de líquido en tres puntos diferentes: en una pileta ubicada dentro de la planta (ubicada sobre la ruta 302, departamento Cruz Alta, Tucumán) donde se realiza un tratamiento del efluente; a 700 metros de la descarga del vertido y metros antes de que las aguas del canal reciban los efluentes de la minera.
Las muestras serán analizadas en laboratorios del Instituto Nacional del Agua (INA) ubicados en Buenos Aires. Allí se determinarán parámetros de cianuro, arsénico, cobre, mercurio, zinc, níquel, cromo, plomo, manganeso, selenio, cadmio, PH (medida de alcalinidad o acidez del agua), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).
Con estos valores se pretende determinar cómo la minera afecta con sus desechos a la cuenca interjurisdiccional y si existen parámetros por encima de los valores establecidos por la ley de residuos peligrosos. El vertido a analizar surge tras el filtrado del material proveniente del mineraloducto que une esta planta con el yacimiento minero ubicado en Catamarca.
Del allanamiento formaron parte técnicos del INA, peritos y representantes legales de la minera, efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería, la abogada querellante de la ONG ambientalista Pro-Eco, Susana Carrizo y los ingenieros de la UNT Juan Alberto Ruiz, Pedro Jorge Albornoz y Franco Davolio, quienes, por decisión judicial oficiaron como peritos pese a la resistencia de la querella.
Integrada por Ana Loto y las organizaciones Conciencia Solidaria y Pro-Eco, la parte acusadora intentó sin éxito impugnar la designación de estos peritos dado el vínculo existente entre la minera y la UNT -a través de la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) de la que forma parte la casa de altos estudios-.
Reclamos de la querella
Alfredo Carbonel, dirigente de Pro-Eco quien presenció el allanamiento en Ranchillos, denunció que Minera Alumbrera no presentó durante el procedimiento el Certificado de Aptitud Ambiental basado en la ley 24.051 pese a lo dispuesto por el juez Poviña.
Además, el querellante sostuvo que se lo obligó a eliminar las imágenes fotográficas que tomó durante el peritaje dentro de la planta y que se intentó impedirle fotografiar, incluso, durante la extracción de muestras en el canal DP2.
Una causa de vieja data
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
La minera niega contaminación alguna según parámetros provinciales
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se enfatizó que cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables (resolución N° 030 del Siprosa) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
“La Justicia Federal ha podido corroborar (…) el cumplimiento ambiental de Minera Alumbrera, la cual opera bajo los parámetros ambientales más estrictos a nivel nacional e internacional. Esta actuación reafirma también el manejo responsable y sustentable de su explotación como eje de su política empresaria”, sostuvieron públicamente desde la empresa a través de su sitio virtual.
