La semana pasada Cámara de Santa Cruz, proveedores mineros y el gremio AOMA se manifestaron en contra de la aprobación de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado. Al cabo de la conferencia de prensa se notó una enorme contradicción entre lo planteado por la entidad minera y la Cámara de Comercio que anunciaron poco menos que un desastre económico en Santa Cruz si se aprueba la Ley Bonasso y los manifestado por el titular del gremio minero.
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
26/09/2010. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Económica de Santa Cruz, donde expusieron sus puntos de vista la Cámara Minera de la provincia, la Cámara de Comercio, Proveedores mineros y el gremio AOMA. Todos convergieron sobre un punto en común: la ley de Glaciares que se tratará en el Senado y particularmente expresaron su deseo de que los senadores provinciales (dos del FPV y uno de la UCR) rechazaran la Ley Bonasso en el recinto.
El Ingeniero Horacio Gabriel de la Cámara Minera expuso la compleja situación que enfrentará Santa Cruz si se aprueba la Ley de Glaciares y especialmente hizo mención al Artículo 2 que habla de las áreas periglaciares señalando que si se toma como referencia los suelos congelados entonces la usina de Río Turbio no se podrá construir, porque no está perfectamente definido en dicha ley cuáles son las áreas periglaciares. También objetó el art Nº 6 donde habla de recursos (agua y minerales) que a su criterio son de la provincia y no debieran ser ordenados y legislados desde Buenos Aires y el Artículo 15 donde establece que todos los emprendimientos que se encuentren sobre estas áreas deben detener su producción.
“Esto afecta a la usina de carbón, a Río Turbio, a la actividad energética y turística, porque habla de la infraestructura y hasta la pista de esquí de El Calafate en el ventisquero o la ruta 41 se verán afectadas, como así también la instalación del nuevo pueblo “Tucu Tucu” en proximidad de Gobernador Gregores”, explicó el representante de la megaminería en la provincia.
Más adelante habló el Presidente de la Cámara de Comercio de San Julián y volvió a recalcar que esta ley impone a la provincia qué hacer con sus recursos, aludiendo a la soberanía de los estados provinciales para decidir sobre la forma en que maneja sus riquezas, estableciendo de alguna manera, una cuestión entre “Unitarios y Federales” a la vez que pintó un panorama poco alentador para el comercio local y regional si ésta ley se aprueba, pues todos los presentes sostuvieron que ello impactaría negativamente en la cadena comercial y de pagos, dado que las empresas grandes y pequeñas que proveen servicios y materiales a las mineras se verán en serios problemas para subsistir.
En general el planteo que hicieron los representantes de las mineras y los de las Cámaras de Comercio, estuvo direccionado a rechazar la aprobación de la Ley Bonasso y para ello Gabriel señaló que se habían reunido con los Senadores de Santa Cruz y que de parte de los del FPVS habían obtenido la promesa de que se iba a votar en contra, en cambio el de la UCR (Alfredo Martínez) había planteado dudas y no se definió sobre cómo se expedirá.
¿No era que nos hundíamos?
Sin embargo la nota distintiva la puso Javier Castro, Secretario General de AOMA el gremio minero, dado que luego de que los demás expusieran su visión apocalíptica sobre las consecuencias que traería para Santa Cruz esta ley de Glaciares, el dirigente inició su corta exposición diciendo “Paradójicamente a la actividad minera de la provincia de Santa Cruz no le estaría afectando en nada esta Ley”.
Dicho esto, lo que se pudo obtener como conclusión es que la conferencia de prensa estuvo orientada a fijar una posición solidaria con las otras provincias mineras que rechazan la promulgación de la Ley Bonasso, debido a los intereses que juegan en cada uno de esos estados provinciales.
Las fuentes consultadas aseguran que esta iniciativa está potenciada desde la Barrick Gold y constituye una estrategia que se ha difundido en todas aquellas provincias donde hay emprendimientos mineros en ejecución o proyectos próximo a ejecutarse. Obviamente que no desvincularon la responsabilidad del gobierno nacional en esta movida, a quien acusan de ser el principal motor de este rechazo para no verse en la obligación (políticamente incorrecta) de vetar la norma, aún cuando la presidenta haya adelantado que no lo hará.
