Las empresas mineras de Santa Cruz prometen cumplir lo que finalmente nunca cumplen, los intendentes que las defienden, terminan quejándose y el gobierno de la provincia que no tiene la mínima intención de controlar, hace negocios y convalida un saqueo de bienes naturales que de ninguna manera el gobierno nacional de hoy, ha dado muestras de querer detener. Ninguno de los gobiernos provinciales cumple, ninguno controla y todos negocian en complicidad de los intendentes y las cámaras empresarias liderada por multinacionales.
Fuente: OPI Santa Cruz
Si uno revisa la prensa provincial de hoy y algunos días atrás, hay una movida recurrente de instalar determinados temas relacionados con la minería, las empresas mineras, la provincia y los intendentes de las localidades donde la actividad impacta a los núcleos sociales.
Se vuelven a escuchar y leer vocablos, frases y términos establecidos hace muchos años, que siempre han sido sistemáticamente incumplidos por las multinacionales y aún así, éste gobierno como los de Peralta y antes el de Sergio Acevedo, Sancho y el del propio Néstor Kirchner, jamás hicieron cumplir y no ha pasado del discurso que con el tiempo, se ha corroborado como una falacia.
Nos referimos al archiconocido “Compre local”, una especie de “ruego” para que las mineras compren sus insumos en la provincia y no lo traigan de afuera. Pues bien, siempre que se habló de esto, las mineras siguieron importando a la provincia desde lubricantes hasta las empresas de servicio que provienen de otros puntos del país para trabajar en Santa Cruz.
El recordado “70/30”, por el cual las empresas tienen la obligación de tomar el 70% de los trabajadores en la provincia y el 30% solo de afuera, jamás fue cumplido por ninguna de las operadoras; tampoco se les exigió nada; nunca fueron controladas, denunciadas y/o penalizadas o perseguidas judicialmente.
Otro de las frases “gingles” del gobierno provincial fue el “Compromiso social” que de acuerdo al discurso político, se transformaría en un compromiso/obligación de las mineras, con el objeto de promover el desarrollo de las localidades donde impacta la minería.
Ninguna de los tres enunciados previos, se han cumplido. Solo con espasmódicas respuestas, en algunos municipios las operadoras han “ayudado” a hacer algún gimnasio, a promover actividades culturales o a “donar” algún bien o máquina a las intendencias. En muchos casos bajo sospechas de dádivas hacia intendentes y en otras con denuncias serias de promover acuerdos espurios con autoridades municipales.
Han sido también algunos de estos intendentes que ante el incumplimiento descarado de las propias mineras, han puesto el grito en el cielo, desmintiendo sus propias palabras, cuando aggiornaban el discurso de las empresas y del gobierno de la provincia, para convencer a la gente del pueblo de que les estaba pasando lo mejor que podían esperar de una minera. Por este “compromiso social”, por ejemplo, los habitantes de Perito Moreno siguen esperando que Minera Santa Cruz les lleve un cable del tramo de 132 Kw que tendió desde Las Heras para abastecer el yacimiento “Huevos Verdes”. Perito sigue con generación propia, corte de luz y el sueño del interconectado. Han pasado más de 20 años desde que el entonces intendente (fallecido) Guillermo Bilardo, pontificaba sobre los beneficios mineros y cargaba contra OPI sin nombrarlo, por las críticas que hacíamos desde este espacio. Hoy las quejas siguen y después de tanta tinta en los diarios, minutos de radio y discursos políticos vacíos de contenidos, el gobierno de Alicia Kirchner cerró un nuevo acuerdo financiero con las empresas, vaya a saber a costa de qué prebendas y concesiones que le permitirá seguir a las mineras salteando los acuerdos previos que siempre incumplió.
Hoy vemos, por ejemplo que ante el anuncio de Yamana Gold de iniciar actividad en Cerro Moro (recordemos, el yacimiento que se negoció en 3.400 millones de dólares y la provincia no vio un solo peso y tampoco hubo quejas) la diputada Miryan Alonso (FPV) dijo, según transcriben hoy en medio locales “espero que la empresa cumpla con los compromisos que han asumido durante todos estos años en materia económica y social” y lamentó que “ha quedado como cosa del pasado el compromiso que asumieron de desarrollar proveedores de Puerto Deseado y de formar jóvenes profesionales en minería”.
Al mismo tiempo el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González remarcaba la falta de cumplimiento con la contratación de mano de obra local, el compre a proveedores de la zona y el atraso en el ingreso a la etapa de producción de la mina, indica hoy la prensa.
Al unísono la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CaProMiSA) se reunió con la empresa Cerro Vanguardia en San Julián, con el ánimo de reforzar el mensaje hacia la sociedad, de que este yacimiento que hace unos años dijeron que está en su fase final, es un gran desarrollador de la economía regional. Se viene diciendo desde hace 20 años, pero ni siquiera la empresa tiene un plan verdadero de remediación ambiental, de hecho tres años atrás se lo consultamos a uno de sus gerentes y reconoció que los pits (grandes hoyos dejados en la tierra) que hay en la zona jamás serán remediados y nos manifestó, en aquella oportunidad, que si se les ponía agua y peces se lograría hacer un gran centro turístico de pesca.
Ayer AOMA (Asociación de Obreros y Mineros de Argentina) en Santa Cruz, acordó con las empresas, una suba del 39% anual con Cerro Vanguardia, Goldcorp y Minera Tritón. Obviamente que ese porcentaje de aumento es óptimo para el universo de trabajadores de la minería en la provincia, pero de ninguna manera significa que la sociedad de Santa Cruz se vea beneficiada, porque (la mayoría) no son familias asentadas aquí y excepto tangencial e indirectamente un mínimo porcentaje del “derrame” de esos aumentos podrá quedar localmente, ya que más del 85% de los obreros que trabajan en los emprendimientos mineros provinciales, son de afuera de Santa Cruz; entre ellos la mayoría oriundos de provincias norteñas y extranjeros (chilenos, peruanos, bolivianos), que viven 15 días dentro del yacimiento y son devueltos otros 15 días a sus destinos naturales.
Es decir, la farsa sigue. Esporádicamente se potencian las “capacidades” de las empresas mineras, se publicita lo bueno que es para al economía regional su existencia y también esporádicamente las Cámaras de Comercio, intendentes y ocasionalmente la propia AOMA, cuando entabla un conflicto, dicen la verdad: que compran afuera, que toman más del 85% del personal fuera de Santa Cruz, que no dejan nada en los municipios y que se llevan todo el oro y la plata por monedas, mientras en la provincia no dejan nada. Ya ni siquiera exportan por los puertos locales, sino que sacan la producción (Bullón doré) en barcos mercantes desde el Puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut).
Nada es casual; es sistemático. La culpa es exclusivamente de éste y los gobiernos provinciales anteriores. Ninguno cumple, ninguno controla y todos negocian en complicidad de los intendentes y las Cámaras empresarias. Solo cuando les tocan el bolsillo gritan para que alguien los escuche y vaya a reparar el daño económico que les ocasionaron. Una vez solucionado lo sectorial, todos siguen como si nada hubiera pasado, incluyendo los actores políticos de las más diversas extracciones.
Santa Cruz en la provincia más explotada y menos conservada ambientalmente, sin embargo, los gobiernos pasan y el costo-beneficio de la minería en esta parte del país, sigue siendo socialmente deficitario, aunque muchos se han enriquecido en estos años prestando servicios para las multinacionales, mientras hacen lobby en la Cámara de Diputados o negocian pauta y/o subsidios con las autoridades del gobierno.
