La provincia de San Juan -de impronta pro minera- comienza en la mina Veladero las auditorías que exige la Corte. Sus autoridades ambientales dijeron que aún no saben si hay glaciares comprometidos. La ley de Glaciares y su decreto reglamentario disponen que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable la autoridad de aplicación de la ley y por lo tanto el organismo encargado de concretar el inventario que la misma establece.
Fuente: diario Los Andes
El gobierno de San Juan iniciará auditorías ambientales para la protección de glaciares con la inspección de la mina Veladero, que explota la empresa canadiense Barrick, informó hoy el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Raúl Tello.
En el marco de lo estipulado por la Ley Nacional de Protección de Glaciares, San Juan puso en marcha una unidad especial para realizar las auditorías ambientales en los proyectos mineros metalíferos de la provincia.
Tello indicó que la mina Veladero será la primera en ser auditada en su área de acción y aclaró que esa elección responde a que “el resto de los proyectos en explotación como Casposo o Gualcamayo, en el norte de Jáchal, no están en zona de glaciares”.
Ambos proyectos mineros están ubicados a menos de 2.500 metros de altura, mientras que Veladero, en el departamento Iglesia, se encuentra a una altura superior a los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
El funcionario aseguró que en una segunda etapa se ocuparán del proyecto binacional Pascua Lama, que todavía está en la etapa de construcción del campamento minero.
A partir de que la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto los amparos presentados por la provincia y entidades relacionadas a la minería, el 3 de julio, el gobierno de José Luis Gioja tiene 180 días para terminar los informes ambientales.
Gioja se ajustó a la ley nacional 26.639, que estipula definir una autoridad competente, y por eso decretó que esa entidad será el Consejo Provincial de Protección de Glaciares, que le dará marco a la Unidad Especial de Auditoría Ambiental (UEAA).
La misma estará formada por los ministerios de Minería, la dirección de Hidráulica y la Secretaria de Estado de Medio Ambiente; con el asesoramiento técnico de la Universidad Nacional de San Juan y buscarán que participe también el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA).
Tello señaló que como existe en la provincia desde 2011 la Comisión de protección de glaciares y se había encargado un relevamiento de los cuerpos de hielo en la cordillera, para estas nuevas auditorías “se usaran todos los datos recabados hasta ahora” por el instituto de Geología y el de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Nacional de San Juan.
Consultado por la prensa sobre si existen glaciares comprometidos por el trabajo que actualmente se realiza en la alta montaña, el funcionario respondió que hay que esperar “el primer informe de las instituciones de la UNSJ” que podrán recibir en las próximas semanas.
En cuanto a las críticas de la oposición y de distintas organizaciones ambientalistas, reflexionó: “San Juan es una provincia que promueve el desarrollo de la actividad minera, que tiene el 97 por ciento de su suelo en espacios montañosos o desérticos, no tenemos muchas alternativas”.
Además, destacó “la fortaleza que ha impregnado la minería a toda la actividad económica de San Juan, a su calidad de vida”. “Los primeros permisos ambientales se dieron en la provincia en los 90, pasaron 4 0 5 gobiernos de distinto signo político, incluida la Alianza”, justificó el funcionario, quien luego aseguró que “la minería sin controles no sirve”.
Sobre las acusaciones de la contaminación que pueden generar los proyectos mineros y el uso del agua, afirmó que “desde el puerto se tiran estas versiones y allá ellos tienen grandes problemas ambientales, son todas cortinas de humo”. Tello dijo tener “la certeza, la certidumbre de que no hay contaminación de los cursos de agua” que utilizan las poblaciones.
El gobierno de San Juan se opuso desde el principio a la Ley de protección de glaciares, puntualmente en lo que la norma definía como “zona periglaciar” y defendió su derecho como provincia autónoma de “administrar sus recursos”.
El gobernador Gioja se posicionó como principal defensor de la actividad minera, como “política de estado”. El 3 de julio, la Corte dejó sin efecto medidas cautelares dictadas por la Justicia de San Juan y despejó el camino para que se realice un inventario de los glaciares en todo el país.
La empresa Barrick emitió un comunicado, el 25 de julio, para anunciar que “por mayores costos”, el proyecto de Pascua- Lama extendió la fecha de inicio de producción (de explotación de oro y plata) y se estima que se pondrá en marcha a mediados de 2014.
