El panorama que preocupa en Gobierno. Desde la Secretaría de Agua y Energía advierten que si no se toman medidas el sector productivo se verá afectado en 2022.
Fuentes: Tiempo de San Juan y Prensa Obrera
“Creo que estamos en una crisis hídrica significativa en San Juan. Estamos en una situación que, si no ponemos un poquito todos, el año que viene los caudales se van a ver reducidos y algunos sectores como la agricultura se van a ver afectados”, analizó este miércoles el secretario de Agua y Energía de San Juan, Juan Carlos Caparroz.
En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario recordó que el plan de prioridades oficial tiene en primer lugar el consumo humano, luego el uso agroindustrial y por último el energético-turístico y habló de varios frentes de lucha contra la sequía.
El acueducto Gran San Juan es una de las obras a la que apuestan oficialmente. Caparroz dijo que hoy está en una ejecución plena y permitirá a los sanjuaninos tomar directamente agua del dique Punta Negra. “El acueducto es agua potable para la población de San Juan en los próximos 50 años”, destacó.
También habló de que las complicaciones con la escasa agua que trae el Rio San Juan requiere de obras como perforaciones y sistemas de riego, que implican inversiones privadas y estatales. “No queremos que se vea afectado el sistema productivo”, remarcó.
“No es tampoco empezar a hacer perforaciones descontroladas”, aclaró. Informó que hubo más de 6000 funcionando en algún momento pero por el costo de mantenimiento, hoy hay alrededor de 1000. Dijo que “estamos planificando sumar unas 50 perforaciones y serán entre 80 y 100 las que administra el Gobierno”
Por otro lado, resaltó que el Ministerio de la Producción quiere reconvertir los sistemas de riego tradicionales e instalar energía solar en los sistemas de extracción de agua, utilizando diversos planes.
Según Prensa Obrera, en los últimos días se dio a conocer la cantidad de agua que el gobierno provincial distribuirá a los regantes en medio de la enorme crisis hídrica que azota a la provincia. Resulta que el cambio climático sumado a la mala gestión del gobierno uñaquista está teniendo como consecuencia la escasez del agua para el consumo humano y para el uso productivo.
La cúpula gubernamental acordó con los regantes la distribución, que: “(…) terminaron con conformarse con un coeficiente de riego de 0,29 l/s por hectárea” (Diario de Cuyo, 27/7), un número muy bajo para la vida de los cultivos.
Cabe aclarar que los derechos de riego son concesiones dadas por el Estado, según lo establece el Código de Aguas de la provincia, las que se expresan en hectáreas y significan derecho a una dotación unitaria de 1,30 l/s por hectárea de riego agrícola concesionado. El cálculo, según el año hidrológico y superficie agrícola, puede variar, pero el coeficiente es el mismo para todas las concesiones agrícolas. En este caso de solo 0,29 l/s (caudal promedio de octubre-marzo 2020-2021, medido por Departamento de Hidráulica y a entregar a las 104.705 ha cultivadas en la provincia, según Censo Agropecuario), distribuidos durante 12 días en agosto y 28 días en septiembre, los que contrastan llamativamente con los 1.200 l/s del proyecto minero Josemaría. En otras palabras, el Estado le entrega a los productores el agua con la que regarán sus cultivos de acuerdo a un coeficiente que tiene en cuenta el volumen de agua del río anualmente y la superficie cultivada: en este caso, el coeficiente es sumamente bajo y no alcanza a satisfacer los requerimientos de agua de los cultivos.
Lo cierto es que, con esa dotación de agua prometida, los pequeños y medianos productores prevén un 50 % de disminución de la superficie a cultivar. Es que el agua no alcanza para completar el ciclo agrícola de los cultivos de mayor superficie en San Juan, vid y olivo, y escasea en los períodos críticos de estos, los cultivos hortícolas y otros. “Los productores de hortalizas, chacras, semillas y melones están en la recta final para decidir las inversiones en plantaciones” (Diario de Cuyo, 27/7).
A esto se suma la decisión del gobierno uñaquista de no invertir en mejoramiento y mantenimiento de canales e infraestructura para riego productivo, pese a que entre los años 2010 a 2014 se sufrió el período más seco en la región en 60 años.
Pero la actividad minera parece no estar incluida en la crisis hídrica: el proyecto Josemaría prevé consumir más de 1.200 l/s de agua de pozos, que se sumarán al consumo de agua de la Mina Veladero de 110 l/s y al de los proyectos en prospección y exploración Taguas, Filo del Sol, Los Azules, Del Carmen, Ayen y Santa Bárbara por nombrar algunos.
Viene al caso recordar los derrames de cianuro en los ríos sanjuaninos producidos años anteriores por la mina Veladero, el pasivo ambiental de las mineras en Calingasta y los cargamentos de 100 toneladas del residuo peligroso de mercurio transportados desde la mina Veladero donde estaba almacenado, a través de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y cruzando a Chile por el paso de Jama a 4.200 msnm (metros sobre el nivel del mar), sin dar aviso a la población.
Mientras a la producción agropecuaria le ajustan los días de agua y le bajan el coeficiente de distribución, el gobierno prevé nuevas concesiones de agua para la actividad minera extractivista y contaminante.
El gobierno de Uñac es responsable del desmanejo y contaminación del recurso agua y de los privilegios en el otorgamiento de los derechos de agua.
