Por el caso del intento de chantaje a la minera Barrick, la justicia confirmó el procesamiento dictado por el juez Agustín Lanciani, del Segundo Juzgado de Instrucción, sin prisión preventiva contra Marcos Barragán, Alejandro Guevara, Laureano Riveros y Diego Pérez.Bold Text
los dos primeros les imputó ser los presuntos responsables
del delito de tentativa de chantaje en perjuicio de la empresa minera, mientras que a Riveros y a Pérez les imputó tener participación secundaria en la maniobra, es decir que habrían prestado su apoyo en el intento.
Todos los imputados van a seguir en libertad, aunque Lanciani
ordenó que se les trabe embargos sobre los bienes de cada uno
por la suma de 10.000 pesos.
Para dictar el auto de procesamiento, el juez tuvo en cuenta
que Barragán y Guevara habían iniciado acciones ante la Justicia,
que se tramitaban en Jáchal, y ante organismos estatales, en
los que denunciaban que la empresa iba a producir un impacto
ambiental con su emprendimiento minero. Y que luego habían empezado a presionar a la Barrick atribuyéndose tener documentación reservada que lo demostraba. Además, exigían dinero a cambio de su silencio, según consta en fojas 48 y 49 del auto de procesamiento.
Según el texto judicial, Barragán y Guevara habían solicitado entrevistarse con los directivos de la minera y les habían hecho llegar sus amenazas tanto en forma verbal como a través de documentación. Lanciani mencionó en el escrito que hay grabaciones telefónicas en las que Barragán exigía dinero a cambio de su silencio. En el caso del abogado Riveros, el juez consideró que los imputados Barragán y Guevara lo sindican como uno de los integrantes del grupo. También hay una grabación telefónica que demuestra
que Riveros tenía pleno conocimiento de la maniobra.
Una situación similar ocurrió con Pérez, a quien también señalan
como integrante del grupo. Pero además, cuando se produjo
el operativo policial en el café de la esquina de Rivadavia
y Jujuy, con la detención de Barragán, el mismo que había denunciado a Barrick por presunta contaminación aducienco que había sido empleado de la mina y de Pérez, la policía encontró en su auto documentación vinculada con el intento de chantaje.
En los fundamentos de la resolución, el juez Lanciani señaló
que “el accionar desplegado por Guevara y Barragán no tenía
otro fin que el de presionar e intimidar a la empresa Barrick
con el fin de que ésta cediera a sus verdaderas pretensiones
que, en definitiva, y conforme a autos, era el de solicitar dinero
a fin de entorpecer el proceso de evaluación ambiental y así evitar
que la empresa obtenga la declaración de impacto ambiental…”.
