¿Qué pasaría si utilizamos la técnica de la minería metalífera, o sea la más cuestionada, para analizar justamente, el tema minero? Si nos pusiéramos a explorar, a profundizar en los discursos oficiales, a cavar en los datos con que nos bombardean los medios, a perforar la fachada de “progreso”; si hiciéramos un tajo en medio de conceptos como “inversiones” o “desarrollo responsable”, ¿qué podríamos extraer? ¿Oro? ¿Plata? ¿Plata de quién y para quién? ¿Cuánta plata? ¿A costa de qué. A costa de quiénes?
Por Maxi Goldschmidt publicado en Foro Ambiental
Profundización
“La minería es una política de Estado”, así lo anunció el gobierno a través de diferentes funcionarios y lo puso en práctica con medidas que tienden a profundizar el modelo megaminero: quita de retenciones, a poco de asumir; y ahora, impulsando con indisimulable apuro, la firma de un nuevo Acuerdo Federal Minero. Las “facilidades” para los inversores, fue otro de los temas que Mauricio Macri llevó a su viaje a Houston y a su reunión con Donald Trump.
El actual en nada se diferencia, teniendo en cuenta las cuestiones socioambientales, al gobierno anterior. Son distintas maneras de ver el negocio. Para los funcionarios las consecuencias de la megaminería parecieran no ser una cuestión de peso, cuando del otro lado hay montañas de dólares. Y promesas de inversiones.
Esas que, por ejemplo Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), repite ante cada micrófono: “Las inversiones para los proyectos en etapa de factibilidad y de construcción equivalen a U$S 825 millones para este año, a los que se sumarán U$S 1.700 millones para 2018”.
¿Pero esas inversiones a quién benefician? ¿Cuánto de eso queda en el país? ¿Cuántos puestos de trabajo reales genera la industria? ¿Por qué hay ocho provincias argentinas que por ley prohíben la minería metalífera? ¿Se oponen al desarrollo?
“Estamos ante una economía de enclave, no tiene ningún tipo de encadenamiento con la economía local, al contrario, tiene efectos negativos, porque se trata de una actividad que consume muchísimos recursos hídricos y energéticos, que producen el desplazamiento de otras actividades locales”, grafica Horacio Machado, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Catamarca, quien agrega que el modelo minero “más que generar produce destrucción de empleos, y esto se puede constatar en toda América Latina. En Chile y Perú, cuyas exportaciones mineras están alrededor del 70% del total de las exportaciones, el empleo minero es menos del 1% del total de la población económicamente activa. El interés que tienen los gobiernos provinciales para apoyar este tipo de medidas, es que captan una mínima renta que les permite profundizar un modelo asistencial-clientelar que es el que predomina en estas provincias”.
La contracara a esta postura es San Juan, donde al oficialismo ni se le pasa por la cabeza cuestionar la actividad: le rinde pleitesía. El pasado 7 de mayo, en el Día de la Minería, el gobernador Sergio Uñac destacó que “el 70 por ciento del producto exportable de la provincia proviene de la minería, más lo que genera en puestos de trabajo y mano de obra. Es por ello que es política de Estado en San Juan, como se viene dando a lo largo de varios años y pese a la presencia de diferentes funcionarios”.
Sin embargo, las estadísticas no le dan la derecha al gobernador. El propio intendente de Iglesia, la población donde se encuentra Veladero, admitió una desocupación del 60 por ciento. La situación es similar en otras zonas mineras. E incluso el titular de la Cámara Minera de esa provincia, Jaime Bergé, reconoció que “desde hace años los fondos mineros están siendo mal administrados y no se han creado fuentes de trabajo”.
“Esto pasa en todas partes. Es un saqueo. Donde hay gran minería, hay pobreza. Es así. En Argentina, en América Latina, en África. No hay lugar en el mundo que se haya desarrollado con la minería, sino que es sinónimo de pobreza. Se ve que van a los lugares donde están las defensas más bajas a nivel sociedad y hacen lo que quieren”, enfatiza Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, quien recuerda que ya en 2010, cuando participó junto a un colectivo de sociólogos, economistas y abogados en la campaña en favor de la Ley Nacional de Protección de Glaciares, bautizaron de “terrorismo estadístico” a la estrategia del lobby minero: “La Cámara Argentina de Empresario Mineros (CAEM), Barrick Gold, la Secretaría de Minería, y otros actores del sector tiraban una gran cantidad de datos que a medida que los chequeábamos los descubríamos falsos: desde la Secretaría incluso dijeron la actividad iba a generar 500.000 puestos de trabajo, que la Ley de Glaciares afectaba a media Argentina, que se iban a morir de hambre los pueblos mineros. Fuimos a chequear los datos y entonces por ejemplo vimos que en Canadá, que factura doce veces más que Argentina en lo que respecta a minería, hay 40 mil empleos registrados en total. Y estos hablaban de que iban a generar medio millón. En ese momento, Argentina tenía registrados en la minería metalífera, que es la que cuestionamos nosotros, ocho mil personas. Y es lo que tiene ahora. Lo cual representa el 0,045% de la población económicamente activa del país. Incluso en San Juan mismo, la minería metalífera emplea entre 2.500 y 3.000 trabajadores, que es menos del 1% del empleo total provincial”.
Dicha recopilación de datos, que realizó Viale junto a reconocidos profesionales ambientalistas, terminó siendo “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, un libro que se puede descargar gratuitamente y que resultó un éxito justamente por eso, porque iba desmontando uno a uno, los mitos que la megaminería pretendía imponer.
Según estimaciones de la propia Barrick, en 2017 obtendrán (en promedio) 800.000 onzas a un valor de venta estimado de U$S 900 la onza. Esto da un ingreso anual de cerca de U$S 720 millones de dólares. ¿De eso, cuánto le queda a San Juan, cuánto se queda acá en el país?
Durante 2016 la minera canadiense desembolsó U$S 21.375.000 en impuestos provinciales, municipales, y regalías, más otros U$S 46.375.000 en concepto de impuestos nacionales. De esos datos no sólo se entiende una de las pujas que acarrea el Acuerdo Minero, ya que la Nación se queda con el 68 por ciento, y en este caso San Juan, con el 33. Sino que además, para el país, lo que deja Barrick es apenas el 10 por ciento del negocio y el 100 por ciento en daños ambientales y sociales.
A esto se suma que, según datos del propio gobierno sanjuanino, la minería representa el 75 por ciento de las exportaciones de esa provincia. Y al ser un recurso finito, mientras sigan sin existir políticas de diversificación productiva, lo que se está haciendo es ir, de manera consciente, hacia un callejón sin salida.
Y en lo que refiere a la inversión en desarrollo provincial, otro de los ítems a los que se les da más publicidad, los números también demuestran la poca generosidad de la empresa. En 2016 fueron menos de un millón y medio de dólares. O sea: aproximadamente el 0,2 del negocio de U$S 720 millones de dólares.
En ese sentido, también el ejemplo de Catamarca es paradigmático. Allí se instaló uno de los primeros emprendimientos en megaminería en nuestro país, uno de los más grandes en Latinoamérica, La Alumbrera, que está en su proceso final, tras casi 20 años de explotación. La provincia sigue siendo una de las más pobres de la Argentina, tiene los mayores porcentajes de asistencia de planes sociales, e índices de pobreza e indigencia alarmantes. Por supuesto, el lobby minero tiene su respuesta para ese y otros fracasos: la mala administración, la culpa del estado y la corrupción.
Barrick, ¿Por qué justo ahora?
El último derrame en Veladero, ocurrido el 28 de marzo pasado -producto de un desacople de cañerías sobre un canal de contención que transportaba solución rica- puso de mal humor a los habitantes de la zona y ambientalistas como también al Gobierno y a la familia minera. Las razones de unos tienen que ver con cuestiones socioambientales, con reclamos desoídos durante años. El disgusto de quienes defienden el negocio minero, en cambio, está relacionado con lo “inoportuno” del suceso: “Justo cuando se está tratando de sellar el Código Minero y abrir las puertas para nuevas inversiones, Barrick vuelve a poner el tema del daño ambiental en los medios”, se quejó, off the record, un empresario cercano a la CAEM. La peor publicidad en el momento menos indicado. Sin embargo, rápidamente se trazó una estrategia conjunta. Esta vez no hubo silencio corporativo. Les tocó a varios funcionarios salir a expresarse con un discurso amenazante contra la compañía canadiense. El repudio fue “para la tribuna”, para la gente. Para adentro, críticas y negociación.
La negociación implica correr del centro de la escena -al menos temporalmente- a Barrick con el “eclipse” de la llegada de inversores chinos como garantía de mejores estándares de seguridad ambiental.
A su vez, al apuro por firmar el Acuerdo Federal Minero lo antes posible, por las presiones de los inversores -que quieren cristalizar e iniciar sus proyectos-, se suma otro frente que genera alarma en el negocio: el judicial que, subterráneamente, en cualquier momento puede explotar.
Hace poco más de un año, la Corte Suprema decidió quitarle de manera abrupta el expediente que llevaba adelante el juez Sebastián Casanello por uno de los derrames en Veladero y traspasarlo a la justicia sanjuanina, donde la causa “duerme” pese a que hubo dos derrames más. La polémica decisión de la Corte se tomó luego de que el geólogo estadounidense Robert Morán brindara un informe demoledor que incluso anunciaba que los derrames seguirían, algo que ocurrió poco después. Y justo cuando Casanello se disponía a ordenar el cierre de la mina, producto de una investigación que involucraba a empresarios y funcionarios provinciales y nacionales de la actual y anterior gestión. Estos últimos siguen en la mira en otra causa “federal” que logró mantener Casanello, y que investiga el inclumplimiento de la Ley de Glaciares.
Esta causa, en la que ya declararon más de 30 testigos, y en las que hay pruebas contundentes de la connivencia entre Estado y empresas, avanza. Y en cualquier momento se podría convocar a indagatoria a funcionarios de ayer y de hoy. Incluso al propio Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien tras el último derrame realizó declaraciones en contra de Barrick y mandó una comisión a Veladero. Los resultados de esa comisión aún no fueron revelados.
No sería descabellado, aunque sí sorpresivo teniendo en cuenta los antecedentes, que la Justicia obligara al cierre de Veladero. De ahí se desprende que los gobiernos Nacional y sanjuanino, que manejan esta información, hayan salido por primera vez a repudiar públicamente a Barrick.
La premisa es clara: cualquier problema en una minera perjudica a todo el sector. Y como Barrick está “manchada” después de tanto derrame, la estrategia de protección del negocio tiene varias patas: por un lado, anunciar con bombos y platillos la firma e implementación del programa TSM (Hacia una Minería Sustentable), con estándares internacionales de control que garantizarían “mejorar las prácticas sociales y ambientales”.
Al mismo tiempo, la compra de la mitad de Veladero por parte de Shandong Gold permite hablar de la llegada de una “Empresa Modelo de Producción Segura y “Amigable con el Medioambiente”. A su vez, introduce en el negocio a una compañía china que -teniendo en cuenta el poderío de ese país y las relaciones bilaterales- hace aún más difícil imaginar un cierre total en Veladero.
Mientras tanto, diferentes colectivos, profesionales y asociaciones ambientalistas continúan exigiendo, cada vez con más fuerza y en mayor número, el cierre definitivo de esa y otras minas metalíferas, como así también la expulsión de Barrick Gold de territorio argentino. También la remediación. Pero eso ya sería meterse muy adentro en el tema minero….
Y a la hora de profundizar, de investigar, de usar palas hidráulicas, si es para sacar oro, plata y otros minerales de nuestro suelo, siempre hay un gobierno dispuesto, por más que esas riquezas no queden aquí. Pero si se trata de encontrar respuestas para la sociedad, maneras y tecnologías que cuiden a las personas y a la naturaleza, en esos caso no existe investigación, ni estudios ambientales, ni verdades, ni palitas de playa que ayuden a desenterrar la mentira. Lo que impera es el silencio. Un silencio profundo, como esos cráteres que dejan los proyectos mineros en la tierra.
