Provincia de San Juan
Por cuatro votos a favor más una abstención, el Concejo Deliberante calingastino reunió ayer los dos tercios necesarios para aprobar la consulta popular por el SI o el NO a la exploración y explotación minera metalífera a cielo abierto con sustancias peligrosas en el departamento. El intendente José Adolfo Ibazeta tiene ahora un plazo máximo de 90 días corridos a partir de la sanción de la ordenanza para hacer el llamado a las urnas, es decir, hasta el 3 de agosto.
Por Daniel Tejada – Diaro de Cuyo
La consulta popular no es vinculante, o sea, no obliga legalmente al gobierno para nada, sea cual fuere su resultado.
Para hacer prosperar la consulta popular impulsada por el intendente basualdista hacía falta el voto de cuatro de los cinco concejales. Ayer sólo el justicialista Jorge Trigo pidió abstenerse alegando no estar “muy informado sobre el tema”, según dijo a este diario.
El otro justicialista, Gerardo Pujado, acompañó la iniciativa de Ibazeta y definió la votación que ya contaba con el respaldo de la presidenta del Parlamento municipal, Miryam Herrera de Pósleman, la otra concejal basualdista Cira Pérez, más el bloquista Ramón Donoso.
Dicho de otro modo: si los justicialistas no apoyaban el proyecto -votaban en contra o se abstenían- la consulta popular pasaba al archivo y no se hablaba más del asunto.
“El único antecedente parecido a esta consulta popular fue una en Esquel. Pero aquella fue por un emprendimiento en particular. La nuestra es respecto de la minería metalífera en general”, dijo la presidenta del Concejo.
El proyecto nació en pleno debate porque el gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), intentó licitar el cerro Mercedario. Y saltaron de inmediato operadores turísticos y ecologistas en contra. Tanto alboroto hubo, que el gobernador José Luis Gioja terminó excluyendo al gigante hermano del Aconcagua de la oferta minera. Y asunto resuelto.
Pero no tanto, porque en medio del jaleo por el Mercedario, el intendente Ibazeta tiró la idea de llamar a consulta popular en su Calingasta para preguntarle a la gente si quería o no afectar las montañas del departamento a la actividad minera. Excluido el Mercedario por Gioja, el gobierno provincial supuso que Ibazeta iba a bajar los decibeles y la intentona de referéndum. Pero no.
La semana pasada el intendente calingastino envió el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante pero con una pregunta diferente a la que había sugerido en un principio. Ya no era preguntar por el SI o el NO a la minería en términos genéricos. El proyecto fue redactado por el SI a la minería metalífera o el NO a la explotación a cielo abierto con sustancias peligrosas.
Luego de tener una semana el proyecto en estudio en comisión, ayer el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza pero ajustando la pregunta.
En su artículo primero, la ordenanza convoca a “consulta popular obligatoria” para que el pueblo de Calingasta “exprese su voluntad por el SI o NO a la exploración y explotación minera metalífera a cielo abierto, con tratamiento para obtención de metales que implique la utilización de cianuro o cualquier sustancia tóxica que pueda alterar, degradar o dañar el medio ambiente”.
La ordenanza dice que el Departamento Ejecutivo municipal tendrá a su cargo el dictado de normas para “garantizar la expresión de la voluntad de los calingastinos”. Y faculta al intendente para “celebrar convenios con organismos o instituciones que sean necesarios a los fines de garantizar el debido proceso”. Es decir, convenios con Gendarmería y la Policía por la custodia de las urnas, más la Secretaría Electoral Provincial. No define de dónde saldrá el financiamiento para solventar el referéndum.
La ordenanza establece que la fecha del acto eleccionario será fijada por el intendente mediante una resolución, que no podrá exceder el plazo de 90 días corridos a contar desde ayer.
