Yamana Gold, una de las mineras canadienses que con tanta deferencia tratan los Kirchner y el mandatario provincial, comenzó con la producción aurifera en Gualcamayo, San Juan, Argentina. Varios de los proyectos de Yamana y Barrick atraviesan zonas de glaciares y de allí las acusaciones de connivencia hacia los funcionarios provinciales y hacia la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que no dudó en vetar una ley que había sido aprobada por unanimidad por el Parlamento. En el caso de Yamana la minera tritura decenas de miles de toneladas de minerales por día y utiliza 110 litros de agua (que la provincia no le cobra) por segundo, desecha cianuro en su proceso industrial y consume, con tarifas mínimas, una cantidad de combustible y electricidad similar al de una ciudad de 250 mil habitantes, para llevarse miles de millones de dólares, con regalías mínimas y todos los recursos naturales a su disposición. Fuente: www.perfil.com y urgente24
Yamana Gold, una de las mineras canadienses que con tanta deferencia tratan los Kirchner y el mandatario provincial, comenzó con la producción aurifera en Gualcamayo. Las sospechas sobre el veto a la Ley de Glaciares.
La compañía minera canadiense Yamana Gold realizó ayer su “primera colada” de oro en San Juan, evento que contó con la entusiasta presencia del gobernador José Luis Gioja. El suceso se produjo en la mina Gualcamayo, Departamento Jáchal, cuya producción se estima en 250.000 onzas mensuales durante, al menos, una década.
La producción minera a cielo abierto, con el cianuro como ingrediente imprescindible del proceso industrial, es altamente contaminante y se teme que, pese a las promesas oficiales, todo termine en un formidable negocio para pocos y graves problemas ambientales, para muchos, en el futuro.
El primer lingote pesó 12, 850 kgs y con el valor del oro actual tendría un valor de 430.000 dolares. Yamana Gold, junto a Barrick Gold también canadiense, es el eje de una profunda división en la población sanjuanina, que se divide entre el sector encabezado por los hermanos José Luis y Juan Carlos Gioja, gobernador y diputado nacional (dueño de una empresa minera en esa provincia) y los ciudadanos preocupados por la situación del medio ambiente, que ven un horizonte de contaminación en ciernes y denuncian que la mano de las empresas canadienses es “la verdadera razón” del veto presidencial a la Ley de Glaciares.
Varios de los proyectos de Yamana y Barrick atraviesan zonas de glaciares y de allí las acusaciones de connivencia hacia los funcionarios provinciales y hacia la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que no dudó en vetar una ley que había sido aprobada por unanimidad por el Parlamento.
Las mineras canadiense tienes planes, con sus emprendimientos en San Juan y La Rioja, para llevarse miles de millones de dólares, con regalías mínimas y todos los recursos naturales a su disposición. En el caso de Yamana y Gualcamayo, basta señalar que la minera tritura decenas de miles de toneladas de minerales por día y utiliza 110 litros de agua (que la provincia no le cobra) por segundo, desecha cianuro en su proceso industrial y consume, con tarifas mínimas, una cantidad de combustible y electricidad similar al de una ciudad de 250 mil habitantes.
“Detrás del veto está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de tres mil millones de dólares”.
“¡Mío, mío, mío!”: Gioja exhibió su 1er. lingote de oro producto del veto de Cristina a la Ley de Glaciares
Impactó la fotografía de un alborozado gobernador sanjuanino José Luis Gioja, con el primer ladrillo de oro producido por la minera Barrick en la provincia cuyana: es el resultado del veto a la Ley de Glaciares que realizó Cristina de Kirchner y que alejó del kirchnerismo a parte de la transversalidad por el impacto ambiental que supone la medida.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La compañía minera canadiense Yamana Gold realizó este martes 13/01, su “primera colada” de oro en San Juan, evento que contó con la entusiasta presencia del gobernador José Luis Gioja. El suceso se produjo en la mina Gualcamayo, Departamento Jáchal, cuya producción se estima en 250.000 onzas mensuales durante, al menos, una década.
La producción minera a cielo abierto, con el cianuro como ingrediente imprescindible del proceso industrial, es altamente contaminante y se teme que, pese a las promesas oficiales, todo termine en un formidable negocio para pocos y graves problemas ambientales, para muchos, en el futuro.
El primer lingote pesó 12, 850 kgs y con el valor del oro actual tendría un valor de US$430.000. Yamana Gold, junto a Barrick Gold, también canadiense, es el eje de una profunda división en la población sanjuanina, entre el sector encabezado por los hermanos José Luis y Juan Carlos Gioja, gobernador y diputado nacional (dueño de una empresa minera en esa provincia), y los ciudadanos preocupados por la situación del medio ambiente, que ven un horizonte de contaminación en ciernes y denuncian que la mano de las empresas canadienses es “la verdadera razón” del veto presidencial a la Ley de Glaciares.
Cuando se trató esta norma que la Presidenta vetó, contrariando su historia de defensa de los recursos naturales de la Patagonia, el diputado que todavía era kirchnerista Miguel Bonasso, trabajó para impulsar un rechazo al veto presidencial.
Si bien estuvo lejos de conseguir los 3/4 necesarios, fue la 1ra. votación que el oficialismo perdió en Diputados. El kirchnerismo sólo consiguió sumar 90 votos mientras que la oposición logró 107 a favor.
La ley vetada por la presidenta Cristina de Kirchner, había sido por la aprobada por unanimidad el 22 de octubre de 2008 por el Senado de la Nación con 47 legisladores presentes. La norma creaba un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas peri glaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance:
a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente peri glacial saturado en hielo y
d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Varios de los proyectos de Yamana y Barrick atraviesan zonas de glaciares y de allí las acusaciones de connivencia hacia los funcionarios provinciales y hacia la presidente Cristina de Kirchner, que no dudó en vetar una ley que había sido aprobada por unanimidad por el Parlamento.
En San Juan es vox populi que detrás del veto a la legislación sobre glaciares está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de US$ 3.000 millones.
Las mineras canadiense tienen planes, con sus emprendimientos en San Juan y La Rioja, para llevarse miles de millones de dólares, con regalías mínimas y todos los recursos naturales a su disposición.
En el caso de Yamana y Gualcamayo, basta señalar que la minera tritura decenas de miles de toneladas de minerales por día y utiliza 110 litros de agua (que la provincia no le cobra) por segundo, desecha cianuro en su proceso industrial y consume, con tarifas mínimas, una cantidad de combustible y electricidad similar al de una ciudad de 250 mil habitantes.
Miguel Bonasso, en su columna del 14 de diciembre de 2008 en el diario Critica de la Argentina, mencionó la convivencia de los hermanos Cesar Gioja (Senador de la Nación) y José Luis Gioja (gobernador de San Juan), con las mineras Yamana y Barrick, verdaderas impulsora del veto presidencial a la ley de glaciares:
“(…) “Ejerciendo el derecho a réplica que este diario otorga a sus lectores, el senador (Frente para la Victoria- PJ) César Ambrosio Gioja, intentó descalificar las acusaciones contra él y su hermano José Luis Gioja, gobernador de San Juan, que vertí en esta columna el 14 de diciembre último. La respuesta del empresario minero que preside la Comisión de Minería del Senado a mi nota “El veto de la Barrick Gold”, fue publicada el viernes 19 de este mismo mes y en ella propone que nos pongamos todos “a la altura de las circunstancias”. Procuraremos complacerlo.
El político minero comienza aceptando uno de los primeros señalamientos que le hago en la citada contratapa: “Es cierto que, desde hace más de treinta años, tengo a mi cargo, aunque hoy no soy el responsable, una empresa que se dedica a la extracción, industria, ligazón y comercialización de bentonitas blancas”.
A confesión de partes, relevo de pruebas, pero igual aportaremos un dato estratégico. En Internet esa empresa figura textualmente como “Bentonitas-Santa Gema- César Gioja, Cuit 20079415279”. Y el senador figura como “contacto”. Cuando uno llama a los teléfonos que figuran en la página se informa, como lo dije en la nota, que quien se encuentra a cargo es el señor Alejandro Gioja, hijo del senador y sobrino del gobernador de San Juan”.
Ante mi pregunta sobre si es lícito o no que un empresario minero presida la Comisión de Minería, el senador Gioja ofrece dos respuestas. La primera es francamente pintoresca: admite que la empresa, a la que define como pyme, está a su nombre, “porque no tengo nada que ocultar, porque no soy un haragán, porque no vivo del verso, ni de la política…”
No lo acusé de vago ciertamente, pero en cuanto a “vivir de la política” hay motivos para discrepar: tengo ante mí vista una planilla de ANSeS, de consulta por beneficio, donde consta que el 1ro. de enero de 1996, a los 51 años de edad, el señor César Ambrosio Gioja (Cuil 20079415279) comenzó a percibir una jubilación de privilegio por valor de $5.123, 88, que mantuvo hasta agosto de 2005. En ese momento la suspendió voluntariamente. Pero no renunció al beneficio, derivado de su práctica política.
Ante el planteo ético sobre la vinculación entre la actividad privada y la función pública, se defiende de esta manera: “Es cierto que soy presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, precisamente porque conozco la problemática del sector (no pretenderá el autor que se nombre para tal función a un médico cirujano o un profesor de filosofía)”.
En todo caso, la duda sobre la posible incompatibilidad de intereses entre lo público y lo privado, no es exclusividad del “autor”. En un artículo publicado el 6 de mayo de 2005, en el semanario La Séptima de San Juan, que firma el señor Juan Carlos Aguirre, se formula el mismo interrogante con una respuesta categórica. En aquel momento el actual senador era jefe de asesores de su hermano el gobernador José Luis Gioja y, a la vez, dueño de Bentonitas Santa Gema S.A. Según el cronista, esta doble condición violaba los artículos 17 y 18 de la ley de ética pública provincial número 6.773.
¿Por qué razón? Porque en la página web de Bentonitas Santa Gema, se proclamaba orgullosamente que la empresa era proveedora de nuestra vieja conocida Barrick Gold (la que está detrás del famoso veto a la ley de glaciares) y la no menos poderosa Techint. Como dice el periodista de La Séptima “siendo Techint la empresa contratada para la principal obra pública de San Juan (Dique Caracoles) y que Barrick tenga el principal emprendimiento minero (Veladero, Pascua Lama), y que César Gioja sea proveedor de ellos siendo jefe de asesores de su hermano, es a todas luces y sin lugar a dudas motivo de aplicación de la ley 6.773”.
En su réplica, el senador Gioja dice textualmente: “Por tanto, no es cierta la afirmación irresponsable y mentirosa que sostiene el señor Bonasso sobre 'la connivencia del presidente de la Comisión del Senado con una empresa minera', a la que identifica como la Barrick Gold. Insisto, no tengo negociación ni relación alguna, más allá de un conocimiento protocolar”.
No es lo que decía la página web de la empresa que reconoce como propia: “Con satisfacción decimos que somos proveedores de empresas líderes con actividades tan diversas como Unilever (jabones), Techint (construcciones civiles), Barrick Argentina (lodos de perforación)”.
La página en cuestión fue retirada de la red tan pronto como la reprodujo el semanario La Séptima. En previsión del escamoteo, las imágenes fueron certificadas por el escribano Rodolfo Mó, a pedido del propietario y editor de la revista, Carlos Castro Espinosa.
En su edición del 12 de noviembre de 2005 la revista “Noticias” edita una nota de Castro Espinosa donde afirma lo siguiente: “Cuando publicamos en el semanario La Séptima la relación de su hermano César (Gioja) con la empresa minera Barrick y Techint, la respuesta fue una carta documento de César Gioja, patrocinado por un abogado de la mismísima minera Barrick. Esto describe el nivel de impunidad que tienen”.
Como vemos se trata de datos concretos, precisos, verificables. Nada más alejado de los “ladridos de bajo tono que encubren mezquindades muy particulares” que me endilga la irritada prosa del senador-minero.
Amparándose en el veto presidencial a la ley de glaciares, que he leído atentamente, el senador Gioja afirma que su provincia no permitirá que se destruyan los glaciares y que “tiene montado un importante operativo de control de la actividad minera, que se basa en el cumplimiento de la legislación nacional y de las disposiciones provinciales y municipales que regulan el tema”.
Hay otros documentos que ponen en duda su aseveración. Por ejemplo la nota que el dirigente bloquista Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) dirigió en el 2005 al Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan, solicitando que se investigue “si la falta de controles en las actividades de explotación minera en el Proyecto Veladero, produciría algún perjuicio a la Provincia en general y en particular al IPEEM”.
En el veto presidencial se sostiene que la ley vetada “no pondera que cada actividad en ejecución en las provincias involucradas pasa por las evaluaciones y autorizaciones ambientales pertinentes previo a entrar en ejecución y es objeto de monitoreo constante por parte de las autoridades ambientales provinciales.
No es lo que se desprende de la denuncia citada. No es lo que piensan las asambleas populares, ni las organizaciones ambientalistas que defienden el agua por encima del oro. Ayer sostuve que éste era el veto de la Barrick Gold, hoy lo estoy probando.”
