El juez federal Sebastián Casanello realizó esta semana una serie de procedimientos en el Ministerio de Desarrollo Sustentable y en el Ministerio de Energía para fiscalizar si cumplieron con los controles que establece la ley de glaciares. Los abogados de la “Asamblea Jáchal No se Toca”, Enrique Viale y Diego Seguí, se presentaron en la causa y pidieron que se investigue a los funcionarios actuales para determinar si cumplieron con la ley 26.639 para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que fija controles para las explotaciones en esa zona.
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Fuente: Infobae
Los pedidos de información fueron realizados por el fiscal federal Ramiro González, quien en los próximos días deberá resolver si imputa formalmente a funcionarios del gobierno de Cambiemos.
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó hoy una denuncia penal en San Juan contra la Barrick Gold por el derrame. El organismo pidió investigar fallas en los controles de la mina, que fue cerrada preventivamente por el gobierno de San Juan.
La semana pasada se conoció que el 8 de septiembre hubo un derrame de cianuro en la mina de Veladero. Barrick Gold informó que se produjo por el desacople de una cañería pero el hecho dejó dudas porque hace un año se produjo un incidente similar. Al principio, Barrick Gold minimizó el caso pero luego se supo que un millón de litros de cianuro se vertieron en el río Potrerillos.
Casanello y González investigan al ex secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, al secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y a directivos de Barrick Gold, por su responsabilidad en la falta de controles sobre la empresa. También tenían a su cargo la investigación por el derrame pero la Corte Suprema les quitó el expediente y resolvió que ese tramo lo debe llevar la justicia de San Juan.
Los abogados de la “Asamblea Jáchal No se Toca”, Enrique Viale y Diego Seguí, se presentaron en la causa y pidieron que se investigue a los funcionarios actuales para determinar si cumplieron con la ley 26.639 para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que fija controles para las explotaciones en esa zona.
“Se desprende que podrían haber existido diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero”, sostuvo González en su dictamen.
El fiscal requirió del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable toda la información sobre la aplicación de la ley de glaciares en Veladero, qué acciones realizó, cuál fue el último informe que realizó y si en la mina se llevó a cabo una auditoría ambiental, entre otros pedidos.
En tanto, al Ministerio de Energía le preguntó si Ambiente y Desarrollo Sustentable le dio intervención para llevar a cabo medidas sobre Veladero.
Para ampliar la investigación, el fiscal también le solicitó a la Jefatura de Gabinete que informe qué ministerios tienen o tuvieron intervención sobre la ley de glaciares.
Esta es la segunda vez que la justicia le pide informes a ambos ministerios desde el derrame de cianuro. La primera vez fue para saber qué acciones en general realizaron sobre la Barrick y la mina de Veladero. Ahora es por su accionar en contrato respecto de la ley de glaciares.
