Un grupo de vecinos de Jáchal en su marcha “De los Andes al mar” pasó por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con sede en Mendoza para pedir una reunión con las autoridades a cago del inventario de glaciares y presentaron una nota en la cual, entre otos señalamientos, exigen el inventario de los Glaciares en San Juan de acuerdo a lo que determina la Ley de Galciares.
Fuente: Infobae y Asamblea Jáchal No Se Toca
La mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada. La mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada.
Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que resiste a la megaminería en San Juan, denunció que el organismo encargado de confeccionar el inventario de glaciares modificó la definición legal de “glaciar”, lo que benefició a la empresa Barrick Gold.
La Ley 26.639, que prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciales, fue aprobada hace casi 6 años, pero todavía no se aplica, porque no está confeccionado el inventario de glaciares, encargado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Según esa ley, un glaciar es “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente (…), cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”. Sin embargo, en un documento elaborado en 2010, el Ianigla redefinió a los glaciares y, entre otras diferencias, estableció que deben ser mayores de una hectárea.
Algo similar ocurrió con los ambientes periglaciales, en los que también está prohibida la actividad minera. En este caso, el Ianigla decidió relevar solamente los “cuerpos periglaciales” y no toda la zona.
Ambas decisiones del Ianigla traen consecuencias concretas. “Con estas definiciones dejan afuera, por ejemplo, al glaciar Toro 1, donde se haría el rajo del proyecto Pascua Lama. También todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de cianuro y que ya está dañado. Y hasta excluyen el grosero daño al glaciar Almirante Brown, también conocido como Conconta, producido por el camino minero que va a Pascua Lama y a Veladero, que en su parte oriental fue sencillamente seccionada por el camino minero, pero que los especialistas de Ianigla consideran un simple ‘manchón de nieve'”, explicó a Infobae el abogado sanjuanino Diego Seguí, que asesora a los ambientalistas.
Barrick Gold cortó un glaciar para hacer un camino minero Barrick Gold cortó un glaciar para hacer un camino minero
Al ser consultado al respecto, el coordinador del inventario, Gustavo Costa, explicó a este medio: “Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales. Es un estándar internacional. Igualmente, una vez que se termine el trabajo, se va a ir viendo cómo se mejora”.
En la Asamblea Jáchal No Se Toca creen que un estándar internacional no puede modificar una ley argentina. “La Constitución establece un sistema republicano en el que las leyes las hace el Congreso y se prohíbe la delegación legislativa. Nosotros no discutimos la cuestión técnica, sino que decimos que ellos no tienen potestad para modificar la ley. Es algo que no merece ningún análisis jurídico: no pueden dejar de hacer lo que la ley les dice que hagan, que es medir todos los glaciares, sin distinción de tamaño”, rebatió Seguí.
Con respecto al ambiente periglacial, la cuestión es más compleja. Según el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold, buena parte de la mina Veladero está en una zona prohibida, incluido –como explicó Seguí– el valle de lixiviación, donde se usa agua con cianuro y otros elementos tóxicos para separar la roca del mineral con valor comercial. Lo mismo ocurre con el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los glaciares Esperanza y Toro 1, que paradójicamente quedarán afuera del mapeo.
Hay un dato más a destacar: en 2005, el Ianigla presentó un informe en el que estableció que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y periglacial, y que en la zona de los proyectos están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.
Sin embargo, los ambientes periglaciales de Veladero y Pascua Lama no figurarán en el inventario, porque el Ianigla hizo un interpretación aislada de un solo artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho.
Según explica el propio instituto entre las “preguntas frecuentes” incluidas en su página web, el artículo 3 de la ley de glaciares, que es la que detalla el contenido del inventario, llama a individualizar “todos los glaciares y geoformas periglaciales”. Es decir, no habla de “ambiente periglacial”. Sin embargo, una interpretación extensiva a todo el resto de la ley habría podido determinar que el espíritu del inventario es determinar las zonas protegidas por ley, que incluyen, justamente, a todo el ambiente periglacial. Además, en materia ambiental, las normas siempre deben interpretarse a favor del cuidado del medio ambiente.
Entre los asambleístas creen que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaria de Ambiente –hoy, “ascendida” a ministerio– pudo haber dado su aval a esta maniobra. Y que incluso podría haber conflictos de interés, ya que –alegan–, la geóloga Lydia Espizua, que es parte del Ianigla, trabajó para Knight Piésold, la consultora que realizó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascua Lama para Barrick Gold.
Frente a este panorama, en el escrito que los ambientalistas presentaron hoy y al que Infobae tuvo acceso, reclamaron “la pronta y ‘legal’ realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en la cuenca del Río Jáchal, sin excluir glaciares por su superficie ni al ambiente periglacial”.
Aquí hay que hacer un paréntesis. La ley puso un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas prioritarias, que son aquellas que ya están siendo explotadas. Pero como ninguna provincia informó cuáles eran esas zonas, el Ianigla dio por muerta esa disposición y no la cumplió, pese a que la normativa no le exigía hacer consultas.
Aun así, el propio Ianigla decidió en 2013 –cuatro años después– que todo San Juan era una zona prioritaria, por lo que comenzó a elaborar el mapeo de glaciares en la provincia. Según el instituto, la mayoría del inventario está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente, pero aún no se divulgó, debido al engorroso protocolo de publicación.
Por otra parte, la ley también fijó un plazo de 180 días para hacer una auditoría ambiental para evaluar los impactos ya ocasionados en los glaciares. En el escrito los ambientalistas también pidieron que les permitan acceder a los informes de Veladero y Pascua Lama, que ni siquiera se sabe si se empezaron a hacer.
Si el tema se llega a judicializar y se comprueba que los responsables del Ianigla y del inventario se apartaron de la ley, el abogado Diego Seguí cree que no sólo podrían perder sus empleos, sino que podrían ser perseguidos penalmente. Es más: en la Asamblea Jáchal No Se Toca están pensando en hacer una denuncia contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, si llega a publicar un inventario que no cumpla con los requisitos legales.
