El extractivismo, sea el minero o sojero, sigue y sigue, más allá de las denuncias de ocasión. Pero siempre hay voces que se alzan para advertir el significado de semejante proyecto económico, político y social. El 17 de junio pasado, el abogado sanjuanino Diego Seguí, le envió una carta al ministro de Minería de la provincia, Felipe Saavedra, pidiendo explicaciones sobre una escombrera minera que desde hace años contamina vertientes de agua muy importantes en la tierra de Sarmiento y Santos Guayama.

Por Carlos del Frade publicado por Agencia Pelota de Trapo

La camiseta de San Martín de San Juan exhibe la leyenda y el logotipo “San Juan Minero”, la síntesis del modelo productivo extractivista en la provincia gobernada por José Luis Gioja. Una continuidad que supo tener momentos de debate nacional con la presencia de la poderosa Barrick Gold y que ahora parece haberse naturalizado. Cosa curiosa lo que sucede con estas formas de explotación de los bienes comunes: así como sucede con el sojalismo desbocado en gran parte de la geografía central argentina, con la minería también ocurre que las grandes ganancias son de multinacionales al mismo tiempo que los costos ecológicos y sanitarios son pagados por el pueblo. Y ese modelo extractivista sigue todos los días, se mantiene mes a mes y va, en consecuencia, degradando el medio ambiente y la calidad existencial de los que están cerca de estas explotaciones económicas. El extractivismo, sea el minero o sojero, sigue y sigue, más allá de las denuncias de ocasión.

Pero siempre hay voces que se alzan para advertir el significado de semejante proyecto económico, político y social.

El 17 de junio pasado, el abogado sanjuanino Diego Seguí, le envió una carta al ministro de Minería de la provincia, Felipe Saavedra, pidiendo explicaciones sobre una escombrera minera que desde hace años contamina vertientes de agua muy importantes en la tierra de Sarmiento y Santos Guayama.

“Ha tomado estado público que existe una “escombrera minera” ubicada al sur del territorio provincial, precisamente en el departamento de Calingasta en el yacimiento “Pachón” que opera la multinacional “Glencore”. Dicha escombrera es producto del ingreso subrepticio y clandestino desde Chile a nuestro territorio de desechos mineros originados por la explotación minera Los Pelambres. Como consecuencia del contenido del material de la escombrera (alto índice de acidez), sus dimensiones de enorme proporción (1,6 Km de largo, 600 mts. de ancho y 70 mts. de alto) y volumen (50 millones de toneladas) se han desviado cursos de agua y además se ha producido la desaparición y contaminación de lagunas y vegas adyacentes a la misma.

Finalmente, la contaminación por acidez llegará al Río Carnicería, afluente del Río Los Patos y San Juan. Estos hechos motivaron entre las referidas multinacionales acciones judiciales penales y civiles en la Justicia Federal de San Juan, con el fin de determinar la responsabilidad del daño ambiental ocasionado. Sin perjuicio de las mismas, lo cierto es que el lugar donde se localiza la “escombrera” es de dominio público provincial, que la misma es producto del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos procedentes desde Chile a nuestra jurisdicción nacional, y que por el ejercicio de su competencia en materia ambiental minera, no sólo resulta ineludible su avocamiento e intervención en el asunto, sino imprescindible brindar toda la información que el caso exige”, sostiene el escrito de Diego Seguí, un incansable luchador contra los intereses de la Barrick.

Le pide explicaciones al ministro, si hizo investigaciones en torno a estas denuncias y mediciones sobre la potencial contaminación del agua, la tierra y el aire.

Cita el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El mismo determina que las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. Hace especial mención al llamado Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, ratificado mediante Ley Nacional Nº 23.922.

El abogado está convencido que “hubo desde Chile a la Argentina un “movimiento transfronterizo” que ha generado en San Juan un megabasurero de 55 Millones Toneladas de “desechos peligrosos”… La gravedad ambiental de la cuestión y la calidad de las personas intervinientes torna al presente en un asunto de gravedad institucional”, apunta la carta.

¿Qué dirá el ministro de Minería sanjuanino?.

¿Qué dirá el pueblo sanjuanino ante esta nueva amenaza no solamente al ecosistema sino a su salud?.

Mientras tanto, la camiseta de San Martín de San Juan sigue luciendo el logotipo y la leyenda “San Juan Minero”.

Fuente: Entrevista del autor de la nota al abogado Diego Seguí y copia de la carta remitida al ministro de Minería de la provincia de San Juan del 17 de junio de 2015.