En San Juan, las intensas lluvias dejaron bloqueadas rutas y poblaciones enteras quedaron sin servicios básicos. La megaminería pasó a ocupar el ojo de la tormenta en una provincia desbordada por el agua. Los negocios turbio a gran escala de las multinacionales y políticos feudales se ha tornado un problema serio para el presente del país.
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Fuente: Diario Hoy
Acrecentar las ganancias a cualquier costo es el fundamento básico en el que se mueven estos “pulpos de la rentabilidad”, y por el cual el ecosistema ha sufrido significativos cambios. Las graves inundaciones producidas en la provincia de San Juan representan un el reflejo de la lógica que termina operando en los negociados políticos con capitales extranjeros.
Se trata de una provincia que tiene una parte importante de su población viviendo en la pobreza, dependiendo del asistencialismo del Estado. Una clara muestra de ello fue que muchas familias afectadas por las inundaciones, en pleno siglo XXI, viven en ranchos de adobe.
Durante la mañana de ayer se contaban en 3.400 lo evacuados en el territorio cuyano, al tiempo que varias localidades permanecían aisladas sin contar con los servicios de agua y luz. Asimismo, la ruta 141, que conecta la provincia con Córdoba y La Rioja, quedó inhabilitada porque el agua produjo un socavón de seis metros de profundidad. Pese al delicado estado de situación, el gobernador kirchnerista, José Luis Gioja, salió a aventurar una recuperación rápida y, no hizo otra cosa que responsabilizar lo “inaudito” de este tipo de temporales.
Ahora bien, intensas lluvias existieron siempre y las consecuencias no fueron las mismas. La pregunta que cabe hacerse es ¿cuál ha sido el cambio producido para que sucedan este tipo de catástrofes climáticas?
Sin dudas, la respuesta al interrogante apunta, sin más, a las decisiones político-económicas que ha tomado la clase dirigente nacional en los últimos años. San Juan se ha caracterizado por ser la provincia megaminera por excelencia, y para ello, el kirchnerismo, le ha otorgado todo tipo de beneficios e impunidad a las multinacionales, principalmente a la aliada de la Casa Rosada, la canadiense Barrick Gold.
Además de saquear nuestros recursos naturales, las megamineras generan importantes afecciones a la naturaleza, que van desde la contaminación del agua hasta la eliminación de flora y fauna autóctona. En el caso de la inundación tiene un peso específico. En el informe “Impacto de la Gran Minería sobre las poblaciones locales en Argentina”, realizado por Juliette Renaud (asesora del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel), se advierte la relación existente entre la megaminería y este tipo de fenómenos.
“La erosión y desertificación son también facilitadas por la deforestación que precede ciertos proyectos mineros. A su vez, esos procesos conllevan otros peligros: aumentan el riesgo de inundaciones, provocan una sedimentación excesiva que puede obstruir riveras, y afectar entonces las especies acuáticas”, sostiene la investigación. Los daños ocasionados por una de las principales corporaciones mineras del mundo están a la vista. Según Renaud, los “pobladores de Jáchal (San Juan) hicieron analizar muestras del río”, y ya para el año 2005 “sus aguas tenían 69 miligramos de arsénico por litro, unos 19 más que lo permitido”, siendo que tales estudios se había llevado a cabo a tan sólo “un año después” de ejecutado “el proyecto Veladero a pleno, que tenía 260 miligramos por litro en el río, y el agua potable 120 miligramos”.
Gioja y su relación con el gobierno
La fotos de la Presidenta Cristina Fernández con el propietario de la megaminera Barrick Gold, Peter Munk, supo dar cuenta que la destrucción de los suelos nacionales a manos del pulpo canadiense tenía también un respaldo a nivel nacional.
En ese marco, el lugar que ocupa Gioja no es otro que el de canal de negociaciones regionales, como también suele hacerlo el gobernador riojano Luis Beder Herrera.
Los beneficios que le han traido a la gestión sanjuanina es una mayor disposición de recursos para hacer clientelismo. De hecho, la gestión cuyana se caracteriza por un amplio aparato de prebendas, garantizado de forma política y económica desde la Casa Rosada.
