El gobernador sanjuanino José Luis Gioja se convirtió ayer (30 de enero) en una de las grandes figuras del surrealismo mundial cuando “reveló” ante la prensa el resultado de una auditoría ambiental, “interdisciplinaria e independiente”, según la cual Barrick Gold no afecta glaciares ni áreas periglaciales en sus minas de Veladero y Pascua Lama.
Foto: Cristina Fernández de Kirchner y José Luis Gioja
Por Miguel Bonasso
El gobernador hizo el anuncio sin ruborizarse, flanqueado por el ingeniero Eduardo Jorge Millón, Director de Hidráulica de la provincia y ex empleado de la Barrick Gold. Lo que se dice un hombre congruente. Sobre él escribí en mi libro El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina: “En el año 2004, cuando José Luis Gioja se estrenaba como gobernador, designó al ingeniero de apellido premonitorio como Director del Departamento de Hidráulica. Entonces el Millón funcionario aprobó el plan hidráulico diseñado por el Millón empleado de la Barrick en cuatro actas, donde se fija el canon que debía pagar la Barrick en cinco años de explotación (de la mina Veladero).
“Parece increíble pero es cierto: 170.250 pesos por cinco años. Es decir 93 pesos por día. Lo que paga una familia sanjuanina por mes. Sólo que la familia gasta 15 mil litros por mes y Veladero 288 millones. Ese es el tipo de alianza que el ‘modelo’ vigente establece como vínculo entre lo privado y lo público. El Millón empleado de la Barrick le certifica el plan hidráulico al Millón funcionario y el Millón funcionario le regala el agua a la Barrick, que acaba pagando el 0,16 por ciento de lo que le cuesta el agua a los usuarios domiciliarios”.
Ahora Millón regresa triunfal con esta “auditoría multidisciplinaria e imparcial” con la que se pretende reemplazar el inventario nacional de glaciares y áreas periglaciales que establece la ley 26.639, impulsada por el autor de estas líneas. El inventario sigue sin llevarse a cabo por la manifiesta desobediencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que vetó la primera versión de la ley en 2008 y tuvo que aceptar a regañadientes que el Congreso se la impusiera en 2010.
Tanto Gioja como sus mandantes de la minera canadiense, apelaron a la justicia para frenar –con una medida cautelar- la aplicación en San Juan de la Ley de Protección a los Glaciares y las Areas Periglaciales. La Barrick se autoincriminó al alegar que la norma afectaba sus intereses; una manera de reconocer que pensaba actuar sobre glaciares y áreas periglaciares.
En julio del año pasado la Corte Suprema de Justicia derogó las medidas cautelares dictadas por el juez federal de San Juan, Miguel Gálvez, y declaró la plena vigencia de la Ley de Glaciares. Con la “auditoría”, Gioja hizo lo que es costumbre o vicio en él: simular que cumple la ley para violarla.
El gobernador, rico en medios, es tan indigente en palabras (o se siente tan impune) que no vaciló en proclamarlo ante la prensa: “Estamos cumpliendo con esta ley, que para nosotros es inconstitucional, pero que igual la estamos cumpliendo. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos porque estamos convencidos que el crecimiento de la provincia viene de la mano de estas actividades”. Los “derechos” a los que alude no son los de los ciudadanos argentinos sino los de la megaminería del cianuro, que también “viene por todo”: en Vancouver, ante los empresarios megamineros del Canadá, el Secretario de Minería Jorge Mayoral, aseguró que las inversiones en el sector rondarían los 20 mil millones de dólares. Sólo Barrick tiene anunciado invertir 9.300 millones de pesos este año y asegura que ya lleva desembolsados 3700 millones de dólares en Pascua Lama, cuya primera producción de mineral podría estar lista para la segunda mitad del año que viene.
Tanto Barrick Gold, el mayor productor de oro del mundo, como sus servidores en los gobiernos nacional y provincial, temen que la ley de glaciares se interponga con las fabulosas ganancias que proyectan. La empresa reveló que el oro puede volver a trepar a 2000 dólares la onza este año, lo que supone una renta extraordinaria considerando que el costo de producción –según el informe oficial de un alto ejecutivo- no supera los 50 dólares por onza.
Antes de “revelar” la auditoría surrealista, el gobernador Gioja estuvo de visita en Veladero y Pascua Lama, acompañado –entre otros- por el capo de Techint Paolo Rocca. También recibió la visita y el espaldarazo del ministro de Planificación Julio De Vido.
Pero el informe del Millón, que varios medios del establishment (como el Dow Jones Business News) se tomaron en serio, provocó el repudio generalizado de las principales organizaciones defensoras del medio ambiente. Greenpeace lo calificó de “vergonzoso”. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recordó que un inventario serio y transparente constituía el corazón de la Ley de Glaciares. Enrique Viale, de Abogados Ambientalistas, se nos anticipó y calificó la auditoría como “surrealista”. El “Diario Libre” de San Juan, uno de los pocos medios que no controla directamente el gobernador, recordó que Millón había trabajado para Barrick, que la Corte Suprema todavía tenía en trámite dos demandas contra la minera canadiense y que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aún no había realizado el inventario nacional que ordena la ley.
Diario Libre afirma sin ambages: “Este resultado es alarmante, puesto que ya quedó demostrado, con los propios Informes de Impacto Ambiental presentados por la empresa propietaria de las minas Veladero y Pascua Lama que la afectación de glaciares y del ambiente periglacial es un hecho. El informe admite, autoincriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que está protegido por la ley de glaciares y que forma parte del ambiente periglacial).”
El 12 de octubre de 2011 –fecha que no elegí por la supuesta “raza” ni por el codicioso navegante genovés que llegó a este continente buscando el oro- presenté mi libro “El Mal”. Allí acusé a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; al Secretario de Minería, Jorge Mayoral; al Secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa y al gobernador Gioja, por tráfico de influencias en beneficio de la Barrick Gold. Un delito que el Código Penal castiga con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
Como investigo seriamente lo que escribo, llevé esa acusación ante el juzgado federal número dos, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi. Que yo sepa no pasó nada en la justicia federal y tampoco me contestó ninguno de los funcionarios denunciados.
Estoy pensando seriamente en iniciar una (tardía) carrera como actor de cine para ver si obtengo una respuesta.
Buenos Aires, 31 de enero de 2013
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