Adolfo Perez EsquivelNeto y discreto: así pasó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el viernes 18 por la Universidad Nacional de Salta (UNsa) donde es Doctor Honoris Causa, invitado por el Rectorado para debatir la opción del Consejo Superior sobre los «dineros de muerte» como calificó él mismo a los legales dineros de Minera La Alumbrera para las universidades nacionales -entre ellas, la UNSa., añadiendo que es como recibir dinero del narcotráfico, también de muerte.

Pérez Esquivel y la UNSa

El dinero de la minera procesada por delitos federales
Por Carlos María Pagano Fernández (*)

«Poderoso caballero/es don Dinero» (Fco. de Quevedo)

Neto y discreto: así pasó el viernes 18 por la UNSa. su Doctor Honoris Causa, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, invitado por el Rectorado para debatir la opción del Consejo Superior sobre los «dineros de muerte» como calificó él mismo a los legales dineros de Minera La Alumbrera para las universidades nacionales -entre ellas, la UNSa., añadiendo que es como recibir dinero del narcotráfico, también de muerte. Con esas afirmaciones, confirmó su posición escrita mediante carta a los rectores de esas Casas de Estudio (de junio pasado), con el comentario de que la universidad debe formar al estudiantado en la toma de partido en defensa de la vida de las comunidades a las cuales pertenece. Fue neto en su posición. En cuanto a qué debe decidir sobre ellos la universidad estatal salteña, dejó «abierto el debate» para que se estudie con sentido de búsqueda de una verdad que no pertenece a nadie, subrayando que él mismo no la tiene. Fue más que discreto, tratando de conciliar lo inconciliable, pues se sentía obligado, creemos, por los anfitriones.

En realidad, el debate en la UNSa lo abrió el pasado 27 de agosto la Facultad de Humanidades, mediante Resolución 1218-09 de su Consejo Directivo que, por unanimidad y basándose en la carta de Pérez Esquivel del pasado 24 de junio a cada uno de los Rectores de Universidades Nacionales, entre otras razones, resolvió el doble rechazo de las prácticas delictivas, depredadoras y corruptas de esa explotación y de los dinerillos que le corresponden a la UNSa por ley 14771. Esa resolución fue propuesta por consejeros estudiantiles de esa unidad académica. Es decir, ni el Rectorado ni la presencia de Pérez Esquivel abrieron el debate: fueron los estudiantes de Humanidades y, con ellos, todo el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, sin excepción, a tal punto que el domingo subsiguiente apareció en debate la Sra. Rectora con la «tesis» de que hay que recibir el dinero porque así lo establece la ley (que nada establece sobre la recepción o aceptación, sino sobre la «repartija», ver art. 18, c), y otras afirmaciones no transcriptas completamente por el diario El Tribuno (30.08.09, pg. 34). Entonces queda la pregunta de si se hubiera abierto el debate de no mediar este gesto humanista de Humanidades. Creemos que ni se hubiese abierto el debate, ni se hubiese invitado a Pérez Esquivel, pues ello debió haber ocurrido apenas se expidió el Nobel de la Paz con toda claridad sobre el deber del rechazo de los fondos, reitero, el 24 de junio y no recién después de la histórica resolución de los humanistas, en semanas estudiantil y de exámenes, es decir, sin estudiantes.

Hay muchos docentes, decanos y otras autoridades universitarias que instan al debate por el debate mismo, a los efectos de que no se resuelva con sentido neto, como instó en un principio el Premio Nobel y Doctor Honoris Causa de la UNSa, Pérez Esquivel. Se elude la relación aceptación del dinero y aprobación de las prácticas de lo que el poeta Ernesto Cardenal llamó «el pillaje del planeta» (en Cántico Cósmico, Trotta, Madrid, 1991, pg. 293). Se elude hacerse cargo de la aceptación social que significa la aceptación universitaria de fondos de la depredadora multinacional. Se elude decir con la claridad de la carta de Pérez Esquivel a los Rectores que hay una libertad que asumir respecto del dinero. Se elude relacionar la libertad académica frente a los compromisos legales presuntamente delictivos de las mismas universidades por participación ilícita de ganancias que significa recibir fondos de una actividad judicializada por delitos graves de contaminación y contrabando y, finalmente, se elude hablar del poder del dinero para doblegar voluntades el que, como ya cité en mi nota anterior,

«…da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
Poderoso caballero
es don Dinero».
(Don Dinero, letrilla, de Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1645).

(*) Carlos María Pagano Fernández es Profesor y Licenciado en Filosofía por la UNSa (1978 y 1982 respectivamente) y Doctor en Filosofía por la Rheinsch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquisgrán), Alemania (1999). Está a cargo de las cátedras de Ética y Filosofía de la Religión en la Universidad Católica de Salta, entre otras actividades docentes. Miembro del Consejo Provincial por el Cuidado del Agua – Salta.
Pérez Esquivel se reunió con organizaciones y comunidades
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/
Integrantes de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de comunidades aborígenes, y estudiantes, debatieron ayer con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sobre líneas de acción para continuar su lucha en defensa del ambiente y en procura de la devolución de los territorios en los que viven ancestralmente.

Pérez Esquivel invitó a «repensar los comportamientos sociales y políticos». Tras escuchar la denuncia de Blanca Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre los apremios ilegales y maltratos por parte de la policía de la provincia, que es también la encargada de resolver los conflictos sociales y conflictos ambientales, el premio Nobel de la Paz destacó que muchas de las cosas que se hacen, en cuanto a dañar el ambiente y abuso de poder, «no se podrían hacer si no fuera por la anuencia del poder político y el Poder Judicial».

«Los gobernadores son señores feudales que hacen lo que quieren y no lo que deben. Pasa en todas las provincias, no solo en Salta», sostuvo.

La reunión, convocada por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), se llevó a cabo en el Complejo de Bibliotecas, aprovechando la presencia del premio Nobel, invitado por la Universidad Nacional de Salta para debatir sobre los fondos mineros destinados a las universidades públicas.

En el encuentro se dio un debate sobre el rol de las universidades, hubo críticas por considerar que el saber científico está alejado del saber popular, y hubo también pedidos a Pérez Esquivel para que su organización brinde apoyo a la lucha por la recuperación de los territorios indígenas y las tierras que ocupan campesinos en el norte salteño. «El problema de la tierra es el más acuciante en Salta», afirmó Chris Van Dam, del Foro Salteño por la Tierra. Añadió también el problema de los bosques y los desmontes, y la territorialidad indígena, sobre la que criticó la práctica en la Argentina de una política indígena que «solamente visualiza lo indígena como algo tutelar». Recordó que en el país hay una normativa que reconoce los derechos de los pueblos preexistentes y consideró que se debe apuntar a lograr que se apliquen esos derechos. En tal sentido insistió en el reconocimiento de la territorialidad y el derecho de los pueblos originarios a administrarse.

Jesús Vilca, de la Unión de Comunidades Victoreñas (UCAV) de Santa Victoria Oeste, pidió acompañamiento jurídico y aseguró que las instituciones oficiales de Salta, como el Instituto de Pueblos Indígenas (IPPIS), «son conformados por líderes políticos del Gobierno» y no los representan en la práctica .

La UCAV integra la Qullamarka, coordinadora integrada por más de 80 comunidades kollas, igual que la Organización Tinkunaku, de Orán. Un representante de esta organización, David Sarapura, coincidió en la crítica al IPPIS y a otros organismos del Estado salteño: dijo que no fortalecen a los pueblos originarios, sino a sí mismas, «o a un gobierno que ni siquiera nos escucha». En otro orden, invitó a las universidades a explotar el saber ancestral de los aborígenes.

Posición de ADIUNSa frente a los fondos provenientes de la minera Bajo la Alumbrera
COPENOA

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los «clientes» dan a este «producto», y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales: «¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional? Respuesta: Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor».

Ante el tratamiento que dará hoy el Consejo Superior a la recepción de fondos de la Mina La Alumbrera , ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta) hizo llegar a COPENOA su posición . «En vista de la polémica a nivel nacional en torno a la recepción de los fondos provenientes de la Mina La Alumbrera -YMAD por parte de las universidades nacionales, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa considera imprescindible y necesario fijar una posición al respecto.

Nuestro Consejo Superior, en su sesión del 30 de junio pasado, luego de un encendido debate en el que ADIUNSa claramente expresó su rechazo a la aceptación de los fondos, en coincidencia con agrupaciones estudiantiles, de Derechos Humanos y ambientalistas que se encontraban presentes en la ocasión, decidió encomendar a una comisión ad-hoc, la tarea de reunir todos los antecedentes sobre las utilidades del YMAD giradas a las universidades nacionales. Desde un análisis interdisciplinario esta comisión elevó un informe con una serie de recomendaciones específicas, para que los consejeros tengan información que les permita tomar las decisiones más justas en el espinoso tema que se trataba.

Habiendo analizado muy detenidamente el texto redactado por dicha comisión y atentos a las cinco recomendaciones principales a las que llegan sus miembros, nos consideramos en la obligación de insistir muy firmemente y hasta las últimas instancias posibles en el debate, nuestra unánime decisión de rechazar sin condicionantes la totalidad de los fondos que el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional y en base a lo legislado por la ley 14.771, ha decidido distribuir entre las universidades nacionales.

Desde nuestra asociación de trabajadores de la educación universitaria consideramos, a diferencia de lo esgrimido por la comisión ad-hoc y por numerosos consejeros en oportunidad del debate, que el eje fundamental de esta polémica es esencialmente ético y político, y para nada debe limitarse al aspecto jurídico, justificación principal en la que se apoya el grueso de los argumentos de aceptación de los fondos.

Es desde la más sólida convicción que nuestro gremio solicita a los señores consejeros y a la comunidad universitaria toda, que el dinero proveniente de la explotación de la mina de oro Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, no sea aceptado bajo ninguna condición.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) en congreso realizado el pasado 3 de julio de 2.009 rechazó por amplia mayoría la incorporación al presupuesto universitario de los fondos previstos por la Ley Nº 14.771 y el intento de cooptación que suponen. Esta posición se enmarca en el cuestionamiento a la política de «fondos propios para la universidad» que impulsa este gobierno (e impulsaron gobiernos anteriores) y que supone en los hechos la sumisión de la producción académica y científica a los intereses de quienes puedan financiarla.

Sumamos igual posición de los Consejos Directivos de la Facultad de Humanidades de la UNSa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de las facultades de Psicología, de Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y un Consejo Consultivo de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Para sostener esta posición hemos tomado perspectiva y observado el camino de nuestra universidad en el seno de la comunidad regional durante sus 36 años de joven historia. Esta institución ha sabido acompañar, más en algunas épocas que en otras, el derrotero de nuestro pueblo, y lo ha hecho sumándose como un colectivo obrero en la búsqueda de desarrollo, libertad y emancipación social y cultural de la región.

La UNSa se crea en 1973 como cristalización de un viejo anhelo sentido por muchos docentes, estudiantes y familias salteñas; es justamente en ese año ,en el contexto de un efímero pero intenso proyecto de liberación social nacional y latinoamericano, que nuestra casa de estudios, entonces dirigida por el poeta y abogado Holver Martínez Borelli, se suma de la manera más solidaria y militante posible a la lucha de los sectores más desposeídos de la región, y prueba de ello es la larga lista de trabajadores universitarios y estudiantes que han sido asesinados o permanecen aún desaparecidos, que fueron cesanteados o que debieron exilarse durante la oscura noche de la más cruel de las dictaduras.

Es desde esta posición ética y política que el Gremio de los Docentes e Investigadores de la UNSa hace la lectura crítica sobre los fondos generados por YMAD. Y no podría ser otra manera porque se trata de dinero proveniente de un proceso de saqueo y expoliación del recurso nacional minero, aquél recurso al que apuntaba la ley 14.771 de 1958, elaborada en el marco de una política nacionalista-desarrollista, en tiempos en que ningún legislador y político avizoraba la entrega del patrimonio nacional de manos de los Chicago Boys primero, durante el latrocinio de Martínez de Hoz y asociados, y luego magnificada por el menemisno como la expresión más violenta del asalto al Estado.

No pocas voces se han alzado, insistiendo en que al tratarse de un impuesto proveniente de una ley nacional, es simplemente dinero público sin manchas. Por el contrario, y en base a los preceptos de la autonomía universitaria y desde la trayectoria de transparencia y honestidad que muchos sectores de nuestra universidad han mostrado durante estos 36 años, es que decimos que no, que no podemos aceptar ese dinero porque está sucio de sangre y miseria, porque al aceptar esos fondos simplemente estaríamos siendo cómplices, no por acción sino por omisión, de la larga lucha que vienen sosteniendo muchos pueblos catamarqueños y tucumanos, pero también nuestros comprovincianos cafayateños por defender su vida frente a la embestida de una transnacional que sólo tiene entre sus objetivos la fuga rápida de capitales a cualquier costo.
Inútil sería detallar cifras y anécdotas que hasta la saturación han sido publicados: familias desalojadas, enfermos, intoxicados, animales muertos y plantaciones destruidas, agotamiento de agua potable, consumos de energía desproporcionados, etc., etc., sin olvidar por otra parte que las tres empresas que forman el consorcio explotador de La Alumbrera (Yamana Gold Inc., Barrick Gold Corporation y Gold Corp Inc.) llevan en su pedigrí incontables denuncias internacionales, algunas de ellas gravísimas, como las del asesinato de al menos dos docenas de activistas indígenas y abogados de las comunidades donde opera Xstrata, en la zona selvática de Tampakán. Filipinas. (Fuente: Mineral Policy Institute y www.minesandcommunities.org) .

El rechazo de ADIUNSA a este dinero, que en el contexto político-económico argentino actual no es más que un soborno disfrazado a la Academia, como modo de comprar voluntades y colaborar en el apagado de voces díscolas, es completamente coherente con el debate, impulsado por este gremio desde la década de los noventa a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, sobre el crecimiento lento pero constante de un financiamiento privado encubierto a través de servicios a terceros y convenios de cooperación con grandes empresas multinacionales.

El caso La Alumbrera resulta así un disparador de una discusión aún más extensa, pero igualmente urgente, sobre la política que la Universidad Nacional de Salta deberá fijarse en cuanto a la aceptación y uso de fuentes de financiamiento privado, habida cuenta que existen en nuestras facultades sectores de investigación que desde hace más de una década han hecho del servicio repetitivo a grandes empresas petroleras, químicas o mineras una práctica cotidiana, amparados por el marco jurídico vigente.

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los «clientes» dan a este «producto», y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales:

Expediente: 1475/73 Resolución: 471/73 Firmas: Dr. Holver Martínez Borelli, Rector Normalizador; Dr. Enrique Santos Delgado, Secretario Académico

Considerandos:

Que es necesario establecer las fórmulas que deberán ser pronunciadas en el acto de entrega y de recepción de los documentos mencionados; Que las mismas deben sintetizar la filosofía que orienta los fines y objetivos de la Universidad, su vocación regional y latinoamericana y su compromiso de servicio a la comunidad dentro del proceso de liberación nacional, regional y latinoamericana elegido por el pueblo;

El graduado completa esa fórmula pronunciando el siguiente texto:

«…ser consciente de que el titulo que se me otorga es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de mi profesión estará al servicio de la justicia social y del Proceso de Liberación Nacional, Regional y Latinoamericano. Juro ser fiel a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y luchando por la unidad de nuestro pueblo y de los países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesionalista. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá mi honor».

Incluso ahora, cuando las fórmulas de juramento de graduados fueron aggiornadas a los tiempos que corren, y donde la palabra liberación causa cierto escozor, se mantienen aún algunas palabras que comprometen éticamente a los graduados, y que deberían iluminarnos a la hora de evaluar sobre la aceptación de los fondos en cuestión.

¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional? Respuesta: Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor».

Por todo lo expuesto es que la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta mantiene firmemente su postura de no aceptar los fondos provenientes de las utilidades de la explotación de la Mina de Bajo la Alumbrera por parte del consorcio internacional Minera Alumbrera Limited.

Por las mismas razones detalladas en este documento es que solicitamos formalmente a los Sres. Consejeros Superiores, a los Sres. Decanos y a la Sra. Rectora de la U.N.Sa, que se expidan unánimemente por el rechazo absoluto de dichos fondos».