Salta, Argentina – 28/04/08. El ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, trasmitió el miércoles 23 a diputados que la «decisión política» del Gobierno es que «el agua de la Puna no se vende». Agregó que «consideramos que el agua es para consumo humano, desarrollo productivo y desarrollo minero de nuestra Puna» soslayando los impactos de la actividad minera. De acuerdo con documentación del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia, la empresa Servicios Mineros se apuntó a pagar por cada metro cúbico de agua apenas 3 centavos de la moneda argentina y en el estudio de la empresa Inversiones El Alamo se previó vender cada metro cúbico del agua trasvasada a Atacama desde acuíferos salteños, a 1,5 dólares. Diputada nacional presentó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Minería de la Nación para que aclaren si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera firmado con Chile en 1997 «aprobó, aconsejó o autorizó la exportación de agua de la Puna Salteña para abastecer a emprendimientos mineros» en la II Región trasandina.
Fuente: diario El Tribuno

Ministro Loutaif  con los diputados provinciales En tanto, hoy los senadores se reunirán, a las 10, con el ministro de Ambiente, Julio Nasser, con el secretario de Recursos Hídricos, y también con Loutaif para que expliquen que pasos dará el Ejecutivo.
El tema, resultado de la investigación de El Tribuno, fue abordado por Louatif ayer tras responder por casi dos horas a diputados de la comisión de Asuntos Agrarios, inquietudes referidas con la producción agrícola y ganadera de la provincia.

Loutaif trasmitió a los legisladores: «Quiero decirles que el gobernador Juan Manuel Urtubey, hoy (por ayer) en Cafayate y ayer (por el martes) en la Capital, dijo que siendo abogado y considerando que hay aspectos jurídicos que resolver, su decisión política y la del Gobierno es la de no vender agua de la Puna».

Explicó que este tema surgió «en octubre de 2000 con una iniciativa privada para estudio, exploración, en una primera etapa, explotación y comercialización de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, con destino al uso minero, agrícola y agroindutrial». Dijo que partió de la presentación hecha por Servicio Minero S.A, señaló que con el correr del tiempo hubo cambio de nombres de la firma y explicó que también hay dictámenes legales de todo tipo. «Por decreto se establece que la empresa Servicios Hidrológicos y Mineros Internacional S.A, ha dado cumplimiento al programa de trabajo para exploración y evaluación hidrogeológica para alumbramiento de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, aprobado por Resolución 460, de abril del 2007», señaló.

Tras subrayar que «consideramos que el agua es para consumo humano, desarrollo productivo y desarrollo minero de nuestra Puna», Loutaif, puntualizó que «no estamos de acuerdo que se venda y ya lo dijo con todas las letras el gobernador Urtubey». Finalmente, dijo que «los aspectos que hagan a cómo el Gobierno frena esto, será un tema técnico del ministerio de Ambiente y de una evaluación jurídica, ya sea de la UNIREM o de la Fiscalía de Estado».
El titular de Minería, Ricardo Salas, informó que no hay pedido de autorización dentro del protocolo minero de Argentina y Chile.

En tanto, los diputados reiteraron el rechazo al proyecto de exportar agua de Los Andes salteños para mineras radicadas en el norte chileno y consideraron que se debería suspender la exploración y en base a informes hidrogeológicos presentados, determinar el impacto de la explotación de los pozos en el sistema de agua de la Puna salteña.

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La pagarían a 3 centavos y la venderían a US$ 1,5

De acuerdo con documentación que el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia elevó el martes pasado a la UNIREN, la empresa Servicios Mineros -hoy rebautizada como Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales- ofreció $200.000 para acceder al área de exploración que se suponía dirigida a mejorar las condiciones de desarrollo de la Puna salteña y no a extraer su más vital y escaso recurso para favorecer grandes negocios mineros en el norte de Chile.

Tras la cortina que montó el grupo BHP Billiton en 2000, se apuntó a pagar por cada metro cúbico de agua alumbrada en una extensa área de exploración de 2.550 kilómetros de cuadrados en Los Andes y la Poma, apenas 3 centavos de la moneda argentina.

Entre tanto, como lo reveló este medio, en el estudio de factibilidad que elaboró la empresa Inversiones El Alamo, en Santiago de Chile, en junio de 2000, se previó vender cada metro cúbico del agua trasvasada a Atacama desde acuíferos salteños, a 1,5 dólares.

El estudio, según se desprende de la documentación reunida a través del trabajo periodístico, fue recogido en Santiago de Chile el 31 de agosto del 2.000 por un referente del estudio Arrizabalaga, Biscardi y Asociados y empujado en Salta -sin precisar los verdaderos fines de los estudios hidrogeológicos propuestos en la Puna salteña- a través de varias empresas que en el expediente girado a la UNIREN aparecen vinculadas tras el destino pretendidos para el agua de la Puna.

Las firmas en cuestión son: MIM Exploraciones Argentinas, Mines, Servicios Mineros, que luego pasó a ser denominada Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales y que en una posterior instancia fue rebautizada Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales. Para mostrarlo con más claridad, en su razón social cambió la palabra «hidrogeológicos» por «hidrológicos».

En el expediente también se destaca la integración de una unión transitoria de empresas mediante la cual Servicios Mineros vinculó a su iniciativa privada a las firmas Sir William Halcrow & Partnert Limited -del Reino Unido- y SITAC SA. También interviene en otro momento del proceso una empresa denominada Glamis, posiblemente emparentada con la canadiense Glamis Gold, que está asociada con BHP Billiton y Río Tinto en la explotación de Bajo La Alumbrera (Catamarca).

«Nuestra agua no puede ser un botín empresario»
«La Puna no puede ser un botín empresario, que con el nombre proyectos y rentabilidad, se pueda saquear sin contemplación», sostuvo el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, tras remarcar que «con el problema del agua, hoy nuestra Puna es un asunto de Estado, que requiere la máxima atención de las autoridades, el máximo de transparencia y responsabilidad».

El jefe comunal afirmó que «se debe aplicar rigurosamente la Constitución y las leyes». En lo que respecta a su responsabilidad, Villanueva aseguró que «el Municipio está atento a la defensa de los intereses de su comunidad y no va a permitir que un mal proyecto perjudique por igual a Tolar Grande, a la Puna, a la actividad minera y a la Provincia de Salta».

En tal sentido anticipó que esa intendencia ya está evaluado acciones legales contra las empresas que «efectuaron las perforaciones, sin ningún tipo de habilitación municipal, por los daños que se verifiquen como consecuencia de sus trabajos».

«Es un mal proyecto que perjudica a todos por igual: a Tolar Grande, la Puna, la minería y la Provincia», Sergio Villanueva.

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Piden informes a la Cancillería y Minería por el agua de la Puna

Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, afirmó que «sería un disparate» exportar el agua para mineras.
La diputada nacional Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, presentó ayer un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Minería de la Nación para que aclaren si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera firmado con Chile en 1997 «aprobó, aconsejó o autorizó la exportación de agua de la Puna Salteña para abastecer a emprendimientos mineros» en la II Región trasandina.

«Sería un verdadero disparate que se haya avalado este proyecto, que generaría grandes impactos ambientales, sociales y económicos y afectaría los consumos potables de agua. Todos sabemos de la escasez y la importancia de este recurso», explicó la integrante de la Comisión de Minería de la Cámara baja.

«El gobierno nacional continúa con la entrega de los recursos naturales, iniciada en la década del 90. Es una política que estamos sufriendo a lo largo y ancho de todo el país y que está agotando nuestras reservas. Sin embargo, prima el interés económico por sobre el del ambiente y la población», expresó la legisladora que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la coalición que preside Elisa Carrió.

Reyes recogió en su iniciativa los detalles centrales de la investigación periodística que comenzó a publicar El Tribuno el pasado martes 15 y que reveló la existencia de un oculto plan para exportar hasta 6 metros cúbicos de agua por segundo desde los Andes salteños para cubrir los procesamientos mineros de La Escondida y de otros megayacimientos cupríferos que explotan grupos multinacionales en el Norte chileno.

Mina La Escondida de BHP Billiton agotó las reservas hídrica y viene por el agua del otro lado de la cordillera

Un estudio de factibilidad introducido al país desde Santiago de Chile el 31 de agosto de 2000 prueba que el proyecto denunciado en Salta fue empujado por BHP Billiton -la compañía angloaustraliana que opera La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo- y otros grupos empresarios asociados tras el oculto plan de exportación de agua hacia el desierto de Atacama. Allí, Minera Escondida prácticamente agotó las reservas hídricas no renovables del Salar de Punta Negra y Monturaqui, a 25 kilómetros al Oeste de Socompa.

Por esta razón, BHP Billiton impulsó diferentes proyectos para abastecerse de 1.000 litros de agua por segundo, a bajo costo y sin tener que invertir en plantas desalinizadoras de agua de mar para sostener e incrementar su producción de cobre. Su primer intento fracasó en Potosí (Bolivia) y su segundo proyecto -Pampa Colorada- fue rechazado por los organismos competentes de Chile en Antofagasta.

Hoy, luego de que el Gobierno salteño afirmará que «no se permitirá la exportación de agua», el vicepresidente corporativo de BHP Billiton, Mauro Valdés, salió a afirmar por contados medios de prensa que La Escondida «nunca estuvo, ni está interesada, en el agua de la Puna».Valdés es el mismo ejecutivo que el año pasado, poco antes de que el proyecto Pampa Colorada fuera rechazado por unanimidad en Antofagasta, sostuvo que la extracción de agua pretendida por BHP Billiton en Socaire, Peine, Toconao y San Pedro de Atacama sería «sostenible por 20 años».

Por eso, y sin perder de vista que Minera Escondida tiene una certificación ambiental ISO 14001 en juego, a nadie debiera sorprender el tardío y calculado intento de desvinculación de BHP Billiton en el negociado de 5.700 millones de dólares que secaría, muy probablemente en menos de 20 años, los acuíferos dulces y salinos de Socompa, Llullaillaco, Río Grande, Caipe y otros parajes de la Puna salteña.