Salta, Argentina – 23/04/08. Tras la reunión con funcionarios del Gobierno, los representantes de la comunidad Kolla de toda la provincia recibieron la promesa de viajar a La Poma y Los Andes y corroborar el avance de los trabajos de la empresa cuyo proyecto presentado en el 2000 incluía la exportación de agua a Chile. Por su parte el gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que “no va a autorizar la exportación de agua”. Entre tanto la minera anglo-australiana BHP Billiton propietaria de la mina La Escondida (Chile), el mayor yacimiento de cobre del mundo, ha comenzado un intenso lobby en nuestro país con el objetivo de destrabar la exportación a Chile del agua de la Puna argentina, un negocio multimillonario. Funcionarios provinciales se presentarán hoy en la Legislatura salteña a pedido de varios diputados para dar detalles de la iniciativa por la cual la minera BHP Billiton empujó a varias empresas en Salta para “exportar” agua desde la Puna hacia Chile.
Fuentes: diarios El Tribuno y Nuevo Diario
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Tras la reunión que mantuvieron anteayer con funcionarios del Gobierno, los representantes de la comunidad Kolla de toda la provincia recibieron la promesa de que se conformará una comisión para viajar a La Poma y Los Andes y corroborar el avance de los trabajos de la empresa cuyo proyecto presentado en el 2000 incluía la exportación de agua a Chile.
Por su parte, ayer en comunicación con Aries el gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que su administración “no va a autorizar la exportación de agua”.
Según las informaciones brindadas por el cacique de Tolar Grande, Julio Cruz, la empresa solo había realizado perforaciones y no pozos. Estas perforaciones son las que se realiza para explorar a qué profundidad existe algún elemento, en este caso, agua.
Igual, la empresa habría comenzado con la perforación de un pozo cerca de Llullaillaco, trabajo que suspendió por la rotura de las máquinas.
Igual los originarios están preocupados por lo que pueda suceder con el agua. Siares dijo que en San Antonio de los Cobres (en donde los pobladores denunciaron la existencia de elevados valores de arsénico en el agua), existe una planta de bórax que está sacando el líquido del Río San Antonio desde hace un año, siendo el temor de los pobladores que el agua escasee.
Se suma que podría instalarse una nueva planta minera. A pesar de lo perjudicial que puede ser esto para la población, esta no fue consultada antes de la iniciación de los proyectos.
“El signo pesos por encima de todo”
La comercialización del agua a Chile se habría contemplado según lo dispuesto en el tratado de Complementación Minera celebrado entre Argentina y Chile en 1997. Este tratado fue tomado por la provincia a pesar de que las comunidades reclaman desde el momento de su firma que quede nulo exigiendo la consulta de los proyectos a los representantes de las comunidades.
Según un dictamen del Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros errores y “aberraciones jurídicas”, surge que en 2001 se aprobó la licitación (que se habría acomodado a los intereses de la empresa), a pesar de que en el proyecto se indicaba que la primera meta a alcanzar sería encontrar agua para destinarla a la minería del vecino país. La aprobación del plan de trabajo siguió adelante pesar de que el informe de impacto ambiental estaba incompleto.
Para el actual titular de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, “se puso el signo pesos por encima de todo”. Mientras, distintos referentes políticos que se sospecha, habrían sabido desde antes lo que estaba sucediendo en la Puna, se convirtieron ahora en los preocupados por preguntar de qué se trata el proyecto.
Actualmente se permite a la empresa la exploración (autorizada por el gobierno anterior), pero creen improbable que en caso de que se encuentre agua esta sea exportada. Mientras, la licitación se hizo según lo previsto por el artículo 155 del Código de Aguas .
Piden investigar a fondo el plan para desviar el agua de la Puna a Chile
Anoche la Cámara de Diputados aprobó otro pedido para que los titulares de los ministerios de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser y de la Secretaría de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, brinden detalles de la iniciativa que el grupo angloaustraliano BHP Billiton -dueño de La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo- empujó en Salta a través de varias empresas para “exportar” agua desde la Puna hacia Chile.
Este pedido de informes fue impulsado por la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, Adriana Pérez, quien también presentó un proyecto de resolución enfocado sobre el Tratado con Chile y su Comisión Administradora.
La autora de los proyectos advirtió que “no hay señales de que la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Chile haya otorgado el permiso correspondiente”.
En lo inmediato, Loutaif deberá asistir hoy a la Cámara Baja a las 17, donde será recibido por los diputados integrantes de la Comisión de Producción. En tanto, el próximo martes 29 a las 10 será el turno de Alfredo Fuertes y de Julio Nasser, titulares de las carteras de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, respectivamente.
En el escrito, se solicitó a los ministerios de Desarrollo Económico y de Ambiente que informen en un plazo de 72 horas si obra en alguna de esas carteras provinciales “autorización de la Comisión Administradora” del Tratado de Integración y Complementación Minera “para la explotación de agua en la Puna salteña con destino al uso minero en la II Región de Chile”.
También solicitó copias de la documentación referida a la exploración y explotación de aguas -tanto subterráneas como superficiales- en el Oeste salteño por parte de las empresas Servicios Mineros SA, Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales SA, o Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales SA, o alguna UTE relacionada con las mismas, como así también de las empresas Mines SA o MIM Argentina Exploraciones.
En relación con estas firmas, la legisladora requirió al Ejecutivo Provincial que se informe especialmente sobre la “profundidad de las aguas alumbradas” en Socompa, Llullaillaco, Caipe y Río Grande.
Según información recogida en la zona, estos pozos tendrían profundidades muy inferiores a los 300 metros que exige el Código de Aguas de la Provincia (artículo 155 de la ley 7017) para iniciativas privadas como la que está denunciada hoy en la Puna salteña.
“Yo no veo señales de que la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Chile haya otorgado el permiso que corresponde en este caso. Además, de acuerdo a la información que tengo hasta ahora, los estudios de impacto ambiental que se han realizado no son completos ni consideran el verdadero impacto que una explotación de este tipo generaría sobre la cuenca hídrica del área”, puntualizo Pérez.
Además del mencionado pedido de informes, anoche también se le dio entrada a un proyecto de resolución del diputado renovador Fabián Vittar, donde solicita al fiscal de Estado de la provincia que interponga las acciones judiciales pertinentes para obtener una medida cautelar para que se frene la exploración, explotación y comercialización de aguas subterráneas y superficiales de Los Andes y La Poma.
Legisladores nacionales
Desde la Cámara de Diputados de la Provincia se solicitó a legisladores nacionales de Salta que realicen el correspondiente pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, especialmente a la Cancillería y a Minería, para que aclaren sobre los alcances de Tratado y el papel de la Comisión Administradora en este delicado asunto que afecta no solo a Salta, sino también a las demás provincias que están recostadas sobre el borde cordillerano con Chile y están comprendidas dentro del “área de operación” donde los conflictos por el agua y otros recursos se dirimirían en tribunales internacionales, según se desprende de los protocolos adicionales que comenzaron a firmarse en 1999.
Propaganda y presiones
BHP Billiton, la empresa anglo-australiana propietaria de la mina La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, ha comenzado a desplegar un intenso lobby en nuestro país con el objetivo de destrabar la exportación a Chile del agua de la Puna argentina, un negocio multimillonario.
No se trata por cierto de agua potable, sino de la destinada al uso industrial. La poderosa corporación, que se ampara para lograr su objetivo en el “Tratado de complementación minera” firmado entre Chile y Argentina en 1997, contempla asimismo una campaña de propaganda a través de distintos medios cuyo eje, en esta etapa, pondría en cuestión la intencionalidad de quienes se oponen al proyecto que, en opinión de los expertos argentinos, amenazaría el futuro desarrollo minero en nuestro territorio.
También harían hincapié en la “poca calidad del agua de esos pozos cuyo contenido en salitre -dicen- supera en varias veces a los del agua de mar”. Si fuera así, entonces, replican los expertos, el contencioso estaría terminado: no tendría sentido la explotación de esas aguas para transportarlas hacia Chile mediante un acueducto.
La Cancillería no dice nada
Desde la semana pasada, cuando este medio comenzó a revelar los detalles del plan oculto para trasvasar gigantescos volúmenes de agua de la Puna salteña hacia La Escondida, Zaldívar, Chuquicamata y otras explotaciones cupríferas del Norte chileno, todos los intentos por obtener precisiones de la Cancillería chocaron con un mutismo total. Las consultas de El Tribuno y de medios nacionales que se hicieron eco del oscuro negociado de 5.700 millones de dólares, recibieron del Ministerio de Relaciones Exteriores mil excusas y ni una sola precisión sobre la integración y el rol desempeñado por la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera al cual aparecen aferrados los intereses que intentan “exportar” el agua de los pozos que ya están perforados en la Laguna de Socompa, Quebrada del Agua, Salar de Llullaillaco, Caipe y el Salar de Río Grande.
El Tratado que firmaron en diciembre de 1997 el presidente argentino Carlos Menem y su par chileno, Eduardo Frei, abrió las puertas para que el agua y cualquier otro recurso disponible en los bordes cordilleranos de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz puedan ser trasvasados a Chile para “facilitar” negocios mineros en el vecino país.
Para ello los “inversores” deben respetar las leyes vigentes en la Argentina o comunicar a los proyectos a la Comisión Administradora que se creó por el mismo Tratado y que está integrada por funcionarios de las cancillerías y los organismos de Minería de los dos países.
¿Quiénes son sus integrantes? ¿Fueron informados sobre el proyecto que apunta a sacar hasta 6.000 metros cúbicos de agua de la Puna salteña para consumos mineros en la Región de Antofagasta? ¿Autorizó la Comisión que se perforen los pozos que están a un paso de ser conectadas al primer acueducto que llevaría el vital y escaso recurso de la Puna a La Escondida?
Estos interrogantes siguen esperando respuestas de la Cancillería y Minería, mientras en el Oeste salteño crece la amenaza -si no es ya tarde- de que las perforaciones que avanzan sin respetar leyes, reglamentaciones ni normas de protección ambiental pongan en contacto aguas dulces de acuíferos subterráneos con aguas superficiales de alta salinidad. Esto -advirtieron especialistas en hidrogeología- supondría un “irremediable desastre ambiental”.
