Salta, Argentina – 21/04/08. La población andina de la provincia se reveló contra el descomunal trasvasamiento de cuencas que aún sigue latente en el borde cordillerano de Salta con Antofagasta (Chile) y sus representantes exigen medidas inmediatas para evitar consecuencias ambientales y sociales en la zona. “Uno de los más graves daños que se pueden causar con las perforaciones es el trasvase entre acuíferos dulces y salados, contaminando todo con agua salada y generando un daño irreversible”, advirtieron el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, y el diputado de Los Andes, Leopoldo Salva, en base a información obtenida de especialistas. Se incluye abajo el artículo “El plan para desviar el agua de la Puna a Chile ya ocupa al Congreso Nacional”
Fuente: diario El Tribuno
Leer antecedentes en Confirman el plan de bombear “seis mil litros de agua por segundo” desde Salta en Argentina hacia las mineras de Chile
La semana anterior en estas páginas comenzaron a revelarse los detalles de un plan para bombear desde la Puna salteña hasta 6 metros cúbicos (6.000 litros) por segundo para las grandes corporaciones mineras radicadas en el Norte chileno. Allá el agua se vendería a 1,5 dólares el metro cúbico, es decir que generaría un negocio de 5.700 millones dólares en 20 años.
Con documentaciones, testimonios e imágenes reunidas en la cordillera, la semana anterior El Tribuno mostró que varios pozos perforados en cercanías de la Laguna Socompa, Quebrada el Agua, el volcán LLullaillaco, la estación andina de Caipe (Arizaro) y el Salar de Río Grande están a un paso de ser conectados a un acueducto que llevaría el agua “exportada” desde el Oeste salteño hacia La Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, que explota el grupo australiano BHP Billiton.
Los citados pozos -según se constató a través del trabajo periodístico- comenzaron a ser excavados entre fines de 2007 y principios de 2008, sin respetar las leyes provinciales, las resoluciones reglamentarias ni los procedimientos legales.
La Secretaría de Recursos Hídricos -autoridad de aplicación del Código de Aguas- suspendió las perforaciones el pasado 17 de febrero, pero a los pocos días volvió a autorizarlas, ante presiones locales y extranjeras, que se escudaron en los antecedentes legales de una iniciativa privada con la cual una media docena de empresas -hoy sospechadas de ser sólo “sellos de goma”- ocultó un intento de despojo de aguas subterráneas y superficiales detrás de supuestas exploraciones hidrogeológicas que favorecerían el desarrollo de los departamentos Los Andes y La Poma.
Las primeras notas del reporte periodístico movieron pedidos de informes en las dos cámaras legislativas de la Provincia y en el propio Congreso de la Nación. Los antecedentes fueron elevados a la unidad revisora de contratos (UNIREN) el martes pasado, pero hoy comenzará una nueva semana y las perforaciones siguen avanzando sin medir impactos ni consecuencias.
Ponen en riesgo todo un ecosistema
Leopoldo Salva, diputado de los Andes, advirtió que “el pueblo de la Puna no va a permitir lo que hasta ahora se presenta como un simple un saqueo con número de expediente”. El legislador señaló que esta semana se iniciará en todo el departamento Los Andes una “intensa acción informativa” para que las comunidades andinas estén al tanto de lo que ocurre a sus espaldas. “Es inconcebible permitir la continuidad de proyectos que ponen en riesgo todo un ecosistema, sin asegurarse la sustentabilidad y el beneficio para la región y sus pobladores”, enfatizó.
“Está en juego todo el futuro de un territorio, una cultura, una historia, una población salteña”, Leopoldo Salva.
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El plan para desviar el agua de la Puna a Chile ya ocupa al Congreso Nacional
Fuente: diario El Tribuno
Los detalles de la investigación periodística que reveló los fines tras las perforaciones ejecutadas en los Andes salteños fueron recogidos en un pedido de informes que la senadora nacional Sonia Margarita Escudero presentó en la Cámara alta. Quieren saber qué papel jugó Minería de la Nación en el proyecto que reveló diario El Tribuno.
La iniciativa, cuya aprobación se daba ayer por descontada, apunta a aclarar el papel que jugó la Secretaría de Minería de la Nación en el proyecto que apunta a bombear hasta 6.000 litros de agua por segundo desde Socompa, el Salar de Llullaillaco, el Salar de Río Grande, Caipe y áreas vecinas, para cubrir los consumos industriales de BHP Billiton (La Escondida), Codelco
(Chuquicamata); Barrick (Zaldívar), El Abra (Phelps Dodge) y otras corporaciones cupríferas radicadas en el desierto de Atacama.
Escudero advirtió que la envergadura de los trabajos que siguen avanzando a pocos kilómetros de la frontera con Antofagasta “hace sospechar que podrían ser potenciales generadores de impactos negativos en lagos y salares de la región, debido a la reducción de los niveles de agua, sin perjuicio de los serios conflictos transfronterizos que los mismos desvíos de agua de los
bordes limítrofes de Chile con Bolivia y Argentina pueden llegar a desencadenar”, subrayó.
Tras reseñar que “las perforaciones fueron iniciadas a finales de 2007 sin que se apruebe antes ni siquiera un estudio de impacto ambiental”, la legisladora señaló que las notas publicadas por El Tribuno desde el pasado lunes revelaron que al menos cinco pozos están listos para ser conectados al acueducto que llevaría el agua hacia Monturaqui, la estación trasandina
distante a 25 kilómetros de Socompa y a 75 de La Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, que produce 1,5 millones de toneladas de cobre al año y que consume 4 toneladas de agua -no recuperable- por cada una de mineral procesado.
La presentación legislativa se hizo eco, asimismo, de la calificada opinión de Robert Moran, doctor en calidad de aguas hidrogeología y geoquímica de Colorado, Estados Unidos, quien advirtió que el agotamiento de fuentes asociadas a las minas a tajo abierto “inevitablemente reduce el nivel local e incluso regional del agua”.
Escudero indicó que, entre los impactos ambientales, sociales y económicos, el experto “destacó posibles agotamientos de napas, pérdidas de vertientes y caídas de nivel del agua en pozos vecinos, con lo cual pueden afectarse consumos potables, para animales de cría, la vida silvestre nativa, así como los usos municipales y domésticos del agua”.
