El Consejo Directivo del Centro Regional Universitario Bariloche(UN Comahue) sentó postura sobre la actividad minera en la provincia, en relación con la ley provincial 4739 que deroga la ley 3938 que prohibía el uso del mercurio y cianuro en las actividades mineras. Resolvió sostener en forma «irrestricta y permanente la defensa del medio ambiente».

 

Fuente: Bariloche 2000

El Consejo Directivo del Centro Regional Universitario Bariloche dependiente de la Universidad del Comachue, resolvió sostener «en forma irrestricta y permanente la defensa del medio ambiente, considerando que la explotación de los recursos naturales no puede estar apartada de proyectos de desarrollo económico locales y regionales, con distribución de la riqueza e inclusión social».

Consideran que la actividad megaminera es «incompatible» con dichos procesos de desarrollo y que cualquier actividad extractiva (minería, pesca, extracción de leña y madera, etc) podría ser beneficiosa a corto, mediano y largo plazo para las comunidades cercanas, siempre y cuando se lleve a cabo en el marco de proyectos de desarrollo económico locales y regionales que contemplen, permitan y promuevan actividades productivas que maximicen en términos ambientales y sociles (distribución de la riqueza, mayor cantidad de empleos, preservación del recurso con el uso racional, etc) el aprovechamiento del recurso natural en cuestión y la posibilidad de continuidad, una vez agotado el recurso o finalizada su explotación.

El consejo resolvió también solicitar a las autoridades provinciales la revisión de la sanción de la ley 4739 proponiendo la realización de foros regionales abiertos a la comunidad para el debate de las reformas necesarias a dicha ley.

En los considerandos de su resolución señalan las conclusiones obtenidas tras una charla del ingeniero Víctor Bravo de la Fundación Bariloche. Entre ellas se cuentan que gran parte de los países con grandes recursos mineros no son especialmente prósperos; sólo el 12 por ciento del oro extraído en los megaemprendimientos se destina a usos industriales; la megaminería tiene un alto poder contaminante independientemente de la utilización o no de cianuro, con muy baja relacion entre empleos generados y capital invertido y baja proporción de puestos de trabajo para la comunidad local; el pasivo ambiental que genera la actividad termina siendo absorbido pr el Estado, no existen emprendimientos megamineros que no hayan tenido accidentes con graves consecuencias medioambientales y humanas; la megaminería requiere de una alta demanda de energía y agua compitiendo su uso, de manera desigual, con las comunidades locales u otras actividades productivas.

También mencionan las conclusiones obtenidas después de la charla de Adriana Giuliani: «Extracción de Hidrocarburos y Proyectos de Desarrollo». Entre ellas se cuentan que se puede establecer que el modelo productivo de Nequén es totalmente dependiente de la actividad petrolera, dejando de lado todo proyecto que tienda a la diversificación de la matriz productiva; se demostró que una actividad extractiva no es perdurable en el tiempo sin un adecuado desarrollo económico, social y ambiental; este modelo no solo es deficitario a nviel de inclusión y distribución del ingreso, sino que deja profundas huellas en el medioambiente que hacen peligrar el futuro de las comunidades asociadas a dicha actividad.

También en los considerandos señalan que «en tiempos en que la presión impositiva avanza sobre el patrimonio de los ciudadanos, la explotación de los recursos naturales mineros se realiza en condiciones de expoliación y saqueo».

Además sostienen que «los recuros naturales son patrimonio del Estado, y debe ser éste el que ejerza un control estratégico y geopolitico sobre los mismos».

Se tuvieron en cuenta a la hora de resolver también las posturas de docentes, alumnos, no docentes y graduados de distintas universidades que expresaron su rechazo a este tipo de actividades extractivas a mega escala, y la expresión de municipios como Esquel o Loncopué contra estos emprendimientos, respaldados por más del 80 por ciento de la población.

Mencionan también que el Consejo Superior de la UNCO manifestó su oposición al establecimiento de una empresa transnacional minera a cielo abierto en Campana Mahuída, cercana a la localidad de Loncopué, por cnsiderar que ocasionaría serios inconvenientes en las localidades próximas, en relación con la posible utilización de elementos tóxicos, los que serían nocivos para la salud, el medioambente y los recursos naturales, afectando las economías regionales.