Por Carlos E. Solivérez   Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales. El pasado 29 de diciembre la Legislatura de Río Negro derogó, sin debate significativo, la ley 3981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería rionegrina. El proyecto de ley, originalmente propuesto por la legisladora Magdalena Odarda, generó un profundo debate que ocupó 41 páginas del diario de sesiones. Fue sancionada el 21 de julio de 2005 con 38 votos afirmativos (incluyendo el del actual presidente del cuerpo, Carlos Peralta) contra tres negativos y ninguna abstención. La propuesta minera ya había concitado la oposición de sectores tan diversos como el Parlamento Mapuche, los Vecinos Autoconvocados de Jacobacci, la Asociación Rionegrina de Caprinocultores de Angora y la Sociedad Rural de Bariloche, entre muchos otros.

Su contexto fue la férrea movilización de los vecinos de Esquel (Chubut) que lograron impedir, entre los años 2002 y 2003, un proyecto de extracción de oro con cianuro a sólo siete kilómetros de su ciudad. El movimiento resultante, conocido como «No a la mina», fue acogido y multiplicado por numerosas comunidades a lo largo de la cordillera de los Andes. La rápida y amplia generalización del rechazo a actividades mineras a cielo abierto, como el proyecto Calcatreu que esta derogación destraba, merece un análisis más profundo que el simplista de calificar a los activistas de enemigos del progreso o de ambientalistas radicalizados. El espacio disponible no permite una discusión profunda, para la que remito al lector a mi sitio de internet (http://cyt-ar.com.ar), por lo que esbozaré aquí sólo los rasgos principales del problema.

El proyecto minero que incluye a Calcatreu está ubicado en la estepa patagónica, muy cerca de la ciudad de Ingeniero Jacobacci (a sólo diez kilómetros en su parte norte), que tiene hoy unos 15.000 habitantes. Del lado rionegrino abarca, aproximadamente, un cuadrado de unos 40 kilómetros de lado, una superficie de unas 160.000 hectáreas, pero su prolongación en Chubut abarca además los ricos yacimientos de Los Manantiales (ex Mina Ángela, de triste memoria) y Navidad, que se busca enérgicamente activar porque están en la misma formación geológica de origen volcánico hidrotermal, rica en oro y plata. Los derechos mineros pasaron por varias manos y se hicieron muchos kilómetros de perforaciones exploratorias hasta que hoy, ya propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver, las principales vetas de Calcatreu (vena 49 y Nelson) han alcanzado factibilidad plena. Se extraerán con explosivos y se molerán más de ocho millones de toneladas de roca para extraerles, con ayuda del cianuro, más de 30 toneladas de oro y 200 de plata. Para ello se bombearán del subsuelo más de 3.600 millones de litros de agua durante unos cinco años (unos dos millones de litros diarios), para generar ganancias netas superiores a los 100 millones de dólares (mucho más si se mantienen los actuales valores del oro). Un pequeñísimo porcentaje de estas ganancias, dependiente de cuán veraz sea la empresa en sus declaraciones juradas, irá a parar a las arcas fiscales rionegrinas. No se sabe con certeza adónde irán a parar las aguas residuales, supuestamente «purificadas» de modo parcial, entre otras cosas porque no hay estudios conocidos del sistema hídrico de la zona. La empresa detalla que el emprendimiento dará en total trabajo directo a unas 160 personas durante cinco años, pero no se sabe cuántas de ellas serán lugareñas, tal vez ninguna.

La zona de Calcatreu está poblada por descendientes de mapuches y tehuelches cuya principal fuente de ingresos es la ganadería ovina, basada en los humedales (mallines) que salpican la zona, verdaderos oasis que son el sustento principal de sus animales. Estos mallines son cuencas mayoritariamente cerradas a las que escurren, por infiltración y gravedad, las aguas de vastas regiones circundantes. ¿Qué efecto pueden tener aunque más no sea pequeñas cantidades de cianuro y metales pesados sobre estas cuencas? No lo sabemos con certeza, pero seguramente no las mejorará. Los crianceros viven en pequeños grupos familiares, tienen tecnologías de la época colonial y se ignora su número exacto porque los censos no los incluyen y sus escasos votos no son importantes para el sistema clientelístico imperante. Lo que sí se sabe es que su ecosistema es extremadamente frágil, está en creciente proceso de deterioro por sobrepastoreo, cenizas volcánicas y falta de agua y que en caso de problemas ambientales su recuperación será casi imposible a costos razonables. Estas poblaciones vegetales, animales y humanas serán las primeras víctimas de la explotación minera, pero como son invisibles para los habitantes urbanos muy pocos se enterarán.

Antes de la sanción de la ley anticianuro 3981 el estudio de impacto ambiental del emprendimiento ya había sido rechazado por expediente Nº 86.449/2005 del Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema) por graves falencias en el manejo de aguas superficiales y subterráneas, de los escombros, de las remediaciones y varias otras cosas más. En vez de reforzar este dictamen, el nuevo gobierno de Río Negro lo ignora y crea un nuevo organismo, más político que técnico, que probablemente será tan acrítico o complaciente como los legisladores que derogaron la ley o tan irrelevante para el Poder Ejecutivo provincial como el Codema. El tema mereció también, el 16 de agosto de 2005, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ejemplar por su defensa de los derechos de los pueblos originarios. Este dictamen señala que el Poder Ejecutivo rionegrino no cumplió con la ley 694, que creaba en la zona la Reserva Lipetrén, de más de 157.000 hectáreas, previo censo de habitantes y deslinde de sus tierras comunitarias (tareas que nCalcatreu: oro versus agua
00:50 21/01/2012 Imprimir  Enviar  Compartir Tamaño 
 
El pasado 29 de diciembre la Legislatura de Río Negro derogó, sin debate significativo, la ley 3981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería rionegrina. El proyecto de ley, originalmente propuesto por la legisladora Magdalena Odarda, generó un profundo debate que ocupó 41 páginas del diario de sesiones. Fue sancionada el 21 de julio de 2005 con 38 votos afirmativos (incluyendo el del actual presidente del cuerpo, Carlos Peralta) contra tres negativos y ninguna abstención. La propuesta minera ya había concitado la oposición de sectores tan diversos como el Parlamento Mapuche, los Vecinos Autoconvocados de Jacobacci, la Asociación Rionegrina de Caprinocultores de Angora y la Sociedad Rural de Bariloche, entre muchos otros.

Su contexto fue la férrea movilización de los vecinos de Esquel (Chubut) que lograron impedir, entre los años 2002 y 2003, un proyecto de extracción de oro con cianuro a sólo siete kilómetros de su ciudad. El movimiento resultante, conocido como «No a la mina», fue acogido y multiplicado por numerosas comunidades a lo largo de la cordillera de los Andes. La rápida y amplia generalización del rechazo a actividades mineras a cielo abierto, como el proyecto Calcatreu que esta derogación destraba, merece un análisis más profundo que el simplista de calificar a los activistas de enemigos del progreso o de ambientalistas radicalizados. El espacio disponible no permite una discusión profunda, para la que remito al lector a mi sitio de internet (http://cyt-ar.com.ar), por lo que esbozaré aquí sólo los rasgos principales del problema.

El proyecto minero que incluye a Calcatreu está ubicado en la estepa patagónica, muy cerca de la ciudad de Ingeniero Jacobacci (a sólo diez kilómetros en su parte norte), que tiene hoy unos 15.000 habitantes. Del lado rionegrino abarca, aproximadamente, un cuadrado de unos 40 kilómetros de lado, una superficie de unas 160.000 hectáreas, pero su prolongación en Chubut abarca además los ricos yacimientos de Los Manantiales (ex Mina Ángela, de triste memoria) y Navidad, que se busca enérgicamente activar porque están en la misma formación geológica de origen volcánico hidrotermal, rica en oro y plata. Los derechos mineros pasaron por varias manos y se hicieron muchos kilómetros de perforaciones exploratorias hasta que hoy, ya propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver, las principales vetas de Calcatreu (vena 49 y Nelson) han alcanzado factibilidad plena. Se extraerán con explosivos y se molerán más de ocho millones de toneladas de roca para extraerles, con ayuda del cianuro, más de 30 toneladas de oro y 200 de plata. Para ello se bombearán del subsuelo más de 3.600 millones de litros de agua durante unos cinco años (unos dos millones de litros diarios), para generar ganancias netas superiores a los 100 millones de dólares (mucho más si se mantienen los actuales valores del oro). Un pequeñísimo porcentaje de estas ganancias, dependiente de cuán veraz sea la empresa en sus declaraciones juradas, irá a parar a las arcas fiscales rionegrinas. No se sabe con certeza adónde irán a parar las aguas residuales, supuestamente «purificadas» de modo parcial, entre otras cosas porque no hay estudios conocidos del sistema hídrico de la zona. La empresa detalla que el emprendimiento dará en total trabajo directo a unas 160 personas durante cinco años, pero no se sabe cuántas de ellas serán lugareñas, tal vez ninguna.

La zona de Calcatreu está poblada por descendientes de mapuches y tehuelches cuya principal fuente de ingresos es la ganadería ovina, basada en los humedales (mallines) que salpican la zona, verdaderos oasis que son el sustento principal de sus animales. Estos mallines son cuencas mayoritariamente cerradas a las que escurren, por infiltración y gravedad, las aguas de vastas regiones circundantes. ¿Qué efecto pueden tener aunque más no sea pequeñas cantidades de cianuro y metales pesados sobre estas cuencas? No lo sabemos con certeza, pero seguramente no las mejorará. Los crianceros viven en pequeños grupos familiares, tienen tecnologías de la época colonial y se ignora su número exacto porque los censos no los incluyen y sus escasos votos no son importantes para el sistema clientelístico imperante. Lo que sí se sabe es que su ecosistema es extremadamente frágil, está en creciente proceso de deterioro por sobrepastoreo, cenizas volcánicas y falta de agua y que en caso de problemas ambientales su recuperación será casi imposible a costos razonables. Estas poblaciones vegetales, animales y humanas serán las primeras víctimas de la explotación minera, pero como son invisibles para los habitantes urbanos muy pocos se enterarán.

Antes de la sanción de la ley anticianuro 3981 el estudio de impacto ambiental del emprendimiento ya había sido rechazado por expediente Nº 86.449/2005 del Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema) por graves falencias en el manejo de aguas superficiales y subterráneas, de los escombros, de las remediaciones y varias otras cosas más. En vez de reforzar este dictamen, el nuevo gobierno de Río Negro lo ignora y crea un nuevo organismo, más político que técnico, que probablemente será tan acrítico o complaciente como los legisladores que derogaron la ley o tan irrelevante para el Poder Ejecutivo provincial como el Codema. El tema mereció también, el 16 de agosto de 2005, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ejemplar por su defensa de los derechos de los pueblos originarios. Este dictamen señala que el Poder Ejecutivo rionegrino no cumplió con la ley 694, que creaba en la zona la Reserva Lipetrén, de más de 157.000 hectáreas, previo censo de habitantes y deslinde de sus tierras comunitarias (tareas que nunca se hicieron). Aunque el tribunal ordenó a todos los organismos provinciales que tomaran en cuenta los derechos de los lugareños –incluyendo las prescripciones de la Constitución nacional de 1994 y las nuevas leyes y tratados que rigen el derecho a la tierra de los pueblos originarios– la administración Saiz ignoró persistentemente y sin consecuencias la orden judicial. Aunque la empresa minera (en esa época Aquiline Resources) y los organismos oficiales aseguraron que no había tierras de la reserva Lipetrén involucradas en el proyecto Calcatreu, mal puede afirmarse tal cosa cuando no se han hecho las mensuras correspondientes. El nuevo gobierno rionegrino tiene hoy la oportunidad de reparar esta injusticia.

Las discusiones sobre el tema se han dado en ausencia de los que debieran ser sus protagonistas principales: profesionales conocedores de los recursos hídricos, los impactos sanitarios, ambientales y sociales de las explotaciones mineras y de sus variables económicas, pero a la vez independientes de otros intereses que no sean los del bien común. Queda bastante claro, sin embargo, que los fugaces aportes fiscales y laborales del Proyecto Calcatreu no generarán desarrollo sustentable en la región de Ingeniero Jacobacci. Sus consecuencias dejarán sin pan a muchos crianceros y a sus pibes (seguramente muchos más que 160) y afectarán su sistema hídrico de mallines y la calidad de su suelo. Destruirán también, lo que es igualmente grave, la credibilidad de legisladores y funcionarios ignorantes o indiferentes a las normas que garantizan los derechos de los más vulnerables de sus habitantes, justa y precisamente los más necesitados de su protección.

(*) Doctor en Física y diplomado en

Ciencias Sociales

Carlos E. Solivérez (*)