Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge. Uno de lo miembros de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro, pidió que la decisión sobre la ley 7.722 sea en plenario y no sólo por el voto de la Sala II.

Fuente: Los Andes
Ayer el lunes la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.

 

Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.

«A nadie le conviene resolverlo ahora», plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: «No es un tema para tratarlo ahora».

Por su parte, Adaro aseguró que «la resolución llevará su tiempo» y que, en este momento, se están considerando las pruebas. «Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario», continuó el magistrado.

El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley «antiminería» pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.

Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.

«Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722», le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: «No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer» el borrador».

No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.

Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. «Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería», dice parte del comunicado que emitió la entidad.

Según Paula Ferreira, «en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando», continuó la activista.

Por su parte, desde la oposición se consideró que «a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse», concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.