Le empresa Vale debe abstenerse de desmantelar la mina Potasio Río Colorado por un amparo judicial que frenó la “mudanza” de los equipos. La decisión judicial llegó cuando algunas de las empresas que trabajaban en la construcción de la mina ya se llevaron casi todo, pero creen que al menos la decisión sirve como gesto. La Declaración de Impacto Ambiental contempla la posibilidad de abandono temporal, pero el plan tiene que ser autorizado por el Ejecutivo. Vale abandonó la construcción sin aviso previo.
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Fuente: Mendoza On Line
Igualmente la mayoría admite con resignación en el sector político que es casi imposible reactivar los trabajos en el corto plazo.
Por eso en paralelo hay quienes trabajan para presionar a la empresa Vale y sancionarla por sus incumplimientos, a pesar de que la voluntad política en ese sentido es ambigua.
La Declaración de Impacto Ambiental contempla la posibilidad de abandono temporal, pero el plan tiene que ser autorizado por el Ejecutivo. Vale abandonó la construcción sin aviso previo.
La empresa Vale se ha escudado en el Código de Minería, que le da un plazo de hasta cuatro años para considerar que abandonó la mina. En ese sentido hasta amenazan con ir a la Corte Suprema de la Nación en caso de que haya alguna sanción. Pero una de las claves está en la normativa local que regula el proyecto, concretamente en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es el elemento normativo que regula el proceso.
La DIA contempla la posibilidad de que la empresa abandone temporalmente el proyecto. Pero para ello la empresa debe presentar un plan de cierre temporal. Pero la clave está en que ese plan debe ser presentado ante la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación y debe ser aprobado para estar vigente. Según entienden, al menos algunos sectores, Vale hizo todo lo contrario: cesó los trabajos sin previo aviso a la autoridad de aplicación y comenzó a desmovilizar todo en la mina sin que el plan esté autorizado. De hecho actualmente en la mina sólo hay personal de seguridad y muchas empresas desmantelaron sus equipos.
El artículo 14 de la DIA reglamente específicamente el tema. “Para los casos de cierre temporal o definitivo en forma anticipada como así también para el caso de no comienzo de la etapa de construcción, la empresa deberá presentar un informe da la Autoridad Ambiental Minera que comprenda: 1) los motivos de no concreción o cierre del proyecto. 2) Aplicación del plan de remediación ambiental a las tareas de explotación y/o explotación desarrolladas. 3) Aplicación de un plan de cierre temporal o cierre y abandono. El informe de cierre temporal o definitivo del proyecto deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Minera”, especifica la DIA. Además buscan los recovecos que tiene la ley provincial de ambiente (5961) y el decreto 820/06 que reglamente la minería a nivel ambiental en Mendoza.
La voluntad política
Ayer en la Legislatura fu el senador Fernando Simón quien alertó al resto sobre la posibilidad de avanzar en ese sentido. “Hay herramientas para exigirle a la empresa que cumpla y analizar sanciones. Una de ellas es la Declaración de Impacto Ambiental, donde se menciona un proceso en caso de cambio de ritmo de la obra. Hay que mostrar firmeza frente a la empresa”, aseguró Simón.
Claro que no tuvo un eco unánime, pues no todo el arco político tiene la misma voluntad de avanzar para presionar a Vale.
La otra herramienta que tienen en mano es el acta acuerdo entre Vale y el Estado, por el cual la empresa debía cumplir una serie de condiciones para explotar la mina. Incluso la ley ambiental de la provincia, la 5961. Por las dudas, en Minería ya están acumuladas las actas de inspección donde queda claro que Vale dejó frenado el proyecto sin aviso previo. En enero las actas dan cuenta de que no había ninguna actividad. Así se ve en las fotos y en los escritos de la policía minera. Incluso en uno de los apartados se menciona que ni siguiera habían realizado el trabajo de recolección de residuos.
La empresa anunció en la última respuesta que envió al Ejecutivo que no presentaría informe de avance de obra, pero sí el plan de cierre temporal. Para ello se “autoimpuso” un plazo de 30 días, aunque el abandono de hecho ya ocurrió.
