Malargüe, Mendoza, Argentina – 02/07/07. Un vecino de Malargüe denunció ante la fiscalía de Estado la pérdida de la libertad de expresión ante la sanción de una ordenanza que impide las reuniones por temas ambientales sin previa consulta al gobierno municipal y al Concejo Deliberante, quienes deberán conocer el contenido y el objetivo de los temas a tratar. La contaminación, el debate sobre el estar a favor de la minería o no, los beneficios y perjuicios y en general todos los temas ambientales siguen generando roces en las diferentes comunidades.
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Fuente: diario Los Andes

A pocos días de que la presión de todo un pueblo -General Alvear- hizo que la Legislatura aprobara una ley que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la extracción de minerales, en otro punto del territorio provincial.

La denuncia fue radicada en la fiscalía de Estado, por un vecino del departamento sureño, docente y presidente de la FADE (Federación Argentina de Espeleología), Carlos Benedetto. En ella acusa al Concejo Deliberante de ese departamento por el dictado de las resoluciones 285/2006 y 100/07 que denotan «una animosidad explícita contra el pensamiento ambientalista y por lo tanto voluntad de «frenar», lo que se expresa en la segunda de las resoluciones».

En esta última, aprobada el 31 de mayo, en su artículo 2 dice «Prever, que de realizarse en el futuro este tipo de reuniones deberá el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante, conocer los contenidos y fines de los temas propuestos».

Otro de los puntos expuestos por Benedetto, es el haber cerrado la modalidad Ambiente de la escuela 4-018 de Malargüe, para lo cual solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Dirección General de Escuelas para que se investigue y aclare al respecto.

En su denuncia, expresa que las resoluciones mencionadas conforman una «violación al artículo 14 de la Constitución Nacional porque constituyen una tentativa de limitar injustificadamente el derecho de reunión y, por lo tanto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, habida cuenta de que los concejales deberían velar por el respeto hacia los derechos humanos y no dictar medidas que los violen».

Cabe destacar que Benedetto previamente solicitó al Concejo Deliberante la derogación de las dos resoluciones argumentando estos mismos principios, pero ante la falta de respuestas decidió presentar la denuncia en la Fiscalía de Estado. En ella hace alusión al Concejo en general y a cada edil en particular que haya votado a favor al momento de su aprobación.

La actitud de prohibir las reuniones provocó la reacción de otros organizaciones ambientalistas, como la ONG Nativa, de San Rafael quien a través de su titular, Héctor Correa se solidarizó con Carlos Benedetto y apoyó “su valiosa investigación científica espeleológica, no valorada por los malargüinos”.