Desde hace algunos meses circula el rumor del regreso de San Jorge. Este proyecto megaminero de oro y cobre que busca instalarse en Uspallata fue rechazado de forma unánime por la legislatura provincial en agosto de 2011. Sin embargo, hoy, tras la compra del 70% de las acciones por capitales rusos, se pretende desenterrar un proyecto ya rechazado y actualizar la Declaración de Impacto Ambienta (DIA) que se archivó en la legislatura.

Comunicado de prensa de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura A.M.P.A.P.

La nueva propuesta consiste en extraer el mineral de Uspallata, transportarlo por tren a San Juan y procesarlo en esa provincia. Sin embargo, no podemos confirmar ni precisar más de lo que circula en los medios de comunicación ya que no se ha dado a conocer públicamente el expediente que la empresa le habría presentado al Gobierno. En vano hemos exigido ante las autoridades competentes (la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería) que se nos permita acceder al informe. El Gobierno de Mendoza, al negar acceso público al expediente, viola la ley 25831 referida al libre acceso a la información ambiental.

Para lograr que sea aprobado, los funcionarios y empresarios intentan hacer pasar este nuevo proyecto por una «actualización» de la DIA rechazada. Se quitan algunos elementos (la planta de procesamiento del sulfato de cobre en Uspallata que planteaba el informe original) y se agregan otros (la construcción del tren y el traslado de los minerales a San Juan), como si fuese un rompecabezas. Asimismo, se busca minimizar el proyecto y su magnitud refiriéndose a él como una simple «cantera», cuando es realmente una mina: no puede analizarse como cantera de áridos o roca de aplicación (que según el Código de Minería es de 3º categoría) ya que se trata de minería metalífera (de 1º categoría).

De esta forma, se pretende desconocer que el rechazo técnico, político y social del proyecto San Jorge se basó en argumentos que no sólo hacían referencia a la planta de tratamiento. El nuevo proyecto es precisamente eso: un nuevo proyecto y debe ser evaluado en su totalidad, sometiéndose a todos los pasos de la Evaluación de Impacto Ambiental y a los requisitos del marco legal de la minería metalífera de nuestra provincia [1].

El Gobernador de Mendoza «desafía» a nuestras organizaciones a auditar el nuevo proyecto. Sin embargo, oculta el expediente. Con esta provocación no hace más que demostrar su absoluto desinterés por el bienestar de los mendocinos y su defensa de los intereses privados. Pero el gobernador olvida también que San Jorge ya fue auditado por miles de mendocinos a lo largo del largo proceso de evaluación del proyecto original: la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental (CEIAM) interpuso más de 140 objeciones técnicas, se realizaron informes de oposición de científicos de la UNCUYO y la UTN, se organizaron numerosas marchas y actos públicos contra el proyecto, el pueblo de Uspallata se opuso en Consulta Pública por un 77% y, finalmente, la Legislatura lo rechazó por unanimidad.

Denunciamos también el lobby que realiza la empresa y al cual accedieron el ministro Zandomeni y los legisladores Parés y Kerchner al viajar a Macedonia a «conocer» un proyecto minero ubicado en un contexto geográfico, social, económico, y político completamente diferente. Si se trata de conocer las consecuencias de la megaminería, ¿por qué los legisladores no viajan a Jáchal en San Juan o a Andalgalá en Catamarca?

Muchos políticos hablan de «minería con controles», pero omiten mencionar que la Dirección de Protección Ambiental de la provincia no tiene actualmente la menor capacidad logística, presupuesto, infraestructura y capacidad técnica para controlar a una empresa megaminera. La minería con controles del Estado hoy en día es imposible y apelar a esa figura es de irresponsable o deshonesto.

Recordamos además que el pueblo de Uspallata viene pidiendo desde hace 20 años que la zona sea declarada Área Natural Protegida, para proteger toda la cuenca del Río Mendoza y como alternativa de desarrollo económico en armonía con el entorno. Por eso exigimos el urgente tratamiento y sanción del proyecto de ley con el texto original presentado por los Vecinos de Uspallata.

Nos oponemos a la instalación de la megaminería en todo el país. Que la empresa esté buscando trasladar la planta de tratamiento del mineral a San Juan es una muestra clara de la necesidad de sortear las leyes que el pueblo mendocino logró conquistar y que en la provincia vecina no existen. El saqueo y la contaminación no reconocen fronteras, nuestra lucha tampoco.

La voluntad de los mendocinos no se ha modificado como quieren hacernos creer. El «cambio de clima» respecto de la minería no es otra cosa que una campaña feroz impulsada desde el gobierno, las cámaras empresariales y los grandes medios para legitimar la entrada de estos capitales. Si no tienen memoria, saldremos nuevamente a las calles para recordarles que Mendoza ya dijo NO:

NO A LA MEGAMINERÍA
SAN JORGE NO TIENE LICENCIA SOCIAL
LA LEY 7722 NO SE TOCA

ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA
A.M.P.A.P.