Buenos Aires, Argentina – 12/03/07. La habitual postura del sector minero cuestionando este tipo de legislación de jurisdicción provincial tiene como trasfondo las leyes que en el plano nacional les garantizan descomunales beneficios fiscales, aduaneros, arancelarios y territoriales.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) emitió un dictamen en el que sostiene -entre otras conclusiones- que la ley sancionada no afecta derechos adquiridos ni provoca riesgo patrimonial para la provincia porque se trata de actividades que poseían la aptitud de poner en riesgo el bien jurídico tutelado lo que provoca que ningún derecho puede haberse consolidado al abrigo de ellas.
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