Abogados y Legisladores riojanos piden informes sobre Barrick Gold La iniciativa se tomó tras el anuncio de la Secretaría de Minería provincial sobre la suspensión de la exploración por parte de la compañía producto de denuncias judiciales sobre contaminación y debido a la negativa de vecinos de levantar el bloqueo al acceso a su campamento, que ya lleva tres años.

 

 

Fuente: diario Los Andes
20/09/2010. La Legislatura de La Rioja y el Consejo de Abogados de la provincia formalizaron hoy sendos pedidos de informes ante el Ejecutivo local y la Justicia, respectivamente, sobre el estado del emprendimiento de la empresa canadiense Barrick Gold en el departamento de Famatina y el impacto ambiental previsto para la actividad extractiva.

La iniciativa del cuerpo legislativo fue promovida por el Frente Cívico y Social-UCR, tras el anuncio de la Secretaría de Minería provincial sobre la suspensión de la exploración por parte de la compañía producto de denuncias judiciales sobre contaminación y debido a la negativa de vecinos de levantar el bloqueo al acceso a su campamento, que ya lleva tres años.

La Cámara de Diputados solicitó que el Ejecutivo responda si la empresa realizó un estudio ambiental en el área seleccionada para la extracción de oro y plata sobre la base de un análisis de las sustancias peligrosas a utilizar, la distancia de acuíferos y niveles freáticos en el sector.

Pidió además detalles sobre el proceso de recuperación de agua y el tratamiento de los residuos sólidos, además de datos sobre piletas y sedimentación.

Consultó también si la compañía cumple con contratación del seguro regulado por la ley de Medio Ambiente, para preguntar luego sobre los planes de contingencia por eventuales accidentes o derrames de sustancias peligrosas de Barrick Gold.

Los legisladores quieren conocer asimismo la cantidad de agua que prevé extraer mensualmente la empresa, una de las principales preocupaciones de los vecinos, quienes temen que la actividad extractiva disminuya de manera significativa el único curso hídrico que reciben de la precordillera andina.

Por su parte, el Instituto de Derecho Ambiental del Consejo de Abogados de La Rioja promovió su pedido anta la Justicia para obtener «información sobre los eventuales hechos de contaminación y la política ambiental provincial».

Directivos de la entidad habían cuestionado en declaraciones a la prensa que el gobierno riojano diera «por cumplida la ley 7.801 del sistema de información pública ambiental sólo con la difusión de datos a través del sitio de internet de la secretaría de Ambiente».