Las Asambleas Ciudadanas de La Rioja enviaron una carta a las autoridades de esa universidad para que rechace el dinero proveniente de minera Bajo La Alumbrera, cuyo vicepresidente se encuentra procesado por la justicia acusado del delito de contaminación ambiental.

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Por Asambleas Ciudadanas Riojanas

La Rioja 7 de agosto de 2009
Al Rector de la Universidad
Nacional de Chilecito
Sr. Norberto Caminoa
S / D

Las Asambleas Ciudadanas Riojanas se dirigen a Ud. y por su intermedio a los miembros del Honorable Consejo Superior a fin de solicitarles el rechazo de los fondos del Consorcio Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) redistribuidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Al aceptarlos, utilizaría beneficios económicos obtenidos por Alumbrera Ltd. en base a: la violación de normativas vigentes, a la contaminación del ambiente, la enfermedad de personas expuestas y al clientelismo empresarial generando una minero-dependencia en la que serán cómplices las universidades, permitiendo que estas empresas impongan condiciones en desmedro de la calidad académica y la autonomía científica.

Ante esta estrategia de “seducción”, algunas Universidades y la CONADU HISTORICA han mantenido sus principios en alto, rechazando los fondos de este tipo de empresas, que vienen a legitimar sus actividades, colonizando también la educación. Entendemos que el resto de las Universidades Nacionales, en especial la UNDeC, deberían actuar de modo similar a estos dignos ejemplos. Lo que está en juego no es una fuente de recursos de la educación pública, sino el sentido y el alcance de la educación y la investigación que realizan las instituciones universitarias.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no tuvo reparos a la hora recibir de la minera los 36,8 millones de pesos, que se suman a los 50 millones de pesos recibidos por los rectores de las universidades nacionales en 2008. Los fondos que llegan a 40 universidades nacionales desde Minera Alumbrera condicionan la necesaria independencia de las universidades cada vez que investigan y producen dictámenes técnicos. La empresa que gerencia la mina ha sido acusada internacionalmente por incumplir normas vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia y funcionamiento de cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos.

El proyecto minero La Alumbrera consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la Región del noroeste argentino (NOA) y el 87% del consumo total de energía de la provincia de Catamarca; que genera un campo magnético de dimensiones tales que provoca alto riesgos en niños de contraer leucemia y una lista innumerable de efectos contaminantes que afectan la salud Además, insume 4 millones de litros de agua por hora, o sea 100 millones de litros de agua por día, utilizando agua dulce que es, por cierto, muy escasa en regiones de características semiáridas como la Provincia de Catamarca en la cual se encuentra dicha explotación minera. De esta manera, las poblaciones circundantes quedan limitadas en sus posibilidades de acceso a este derecho perjudicando, no sólo por su escasez sino también debido a la contaminación, a la producción de pequeños agricultores, afectando las cuencas hídricas de Vis Vis-Amanao y el Sali Dulce que abarca a Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba generando un gran impacto socio-ambiental y económico.

Este tipo de empresas extractivas son actores principales del modelo de saqueo colonial que el capitalismo destina a los países de América Latina; y trae para los pueblos de la región más dependencia y problemas sociales, además de represión a quienes se oponen.

Ante este genocidio silencioso, a lo largo de la Cordillera y de América Latina, se han gestado innumerables asambleas populares conformando la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) entre las que se encuentran las Asambleas Ciudadanas de Chilecito, Famatina, Sanagasta, Pituil, Chañarmuyo, la Costa y Capital y que desde hace cuatro años vienen denunciando la connivencia de ciertos sectores políticos, académicos, religiosos y sociales con el poder saqueador y contamínante.

El sistema universitario y científico debe jugar un papel aún más significativo porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego.
Lamentablemente no ocurre con la minería y es de público conocimiento que muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de las corporaciones, en este caso, las grandes mineras. No es un secreto, estas relaciones se exponen como grandes logros en materia de convenios, colaboraciones, extensiones.

Por una Universidad Nacional que sea autónoma, pública, crítica, participativa y emancipadora, que pelee por un mayor presupuesto, que no esté al servicio de capitales e intereses privados, ni nacionales ni extranjeros, que defienda un país soberano, el cuidado del ambiente y los derechos humanos, consecuente con los reclamos de nuestros pueblos que resisten a la depredación de nuestra tierra y al despojo de los bienes comunes.

Lo saludan Atte.

ASAMBLEAS CIUDADANAS RIOJANAS

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